Perú: Medicinas subirían de precio si se acepta propuesta de EE.UU. en tratado TPP

Perú: Medicinas subirían de precio si se acepta propuesta de EE.UU. en tratado TPP

Ciudad
Lima

Nota informativa publicada en el Blog Mariátegui La Revista de las Ideas, el 27 de septiembre de 2011, que recoge declaraciones de RedGE. ¿Cuál es la estrategia del gobierno de Humala en la negociación de nuevos TLC?. Expertos y organizaciones civiles plantean al nuevo gobierno que asuman una posición sólida frente los riesgos del TPP en el acceso a medicamentos por los nuevos compromisos en propiedad intelectual que propone EE.UU. (nuevas patentes, extensión de patentes y ampliación de protección de datos de prueba).

Próxima ronda del TPP se realizará en Lima la última semana de octubre.
Especialistas calculan que Perú podría perder más de 570 millones de dólares al año por la extensión de período de patentes y la ampliación de exclusividad de datos de prueba como se planteó en el acuerdo con UE.
 
Una de las promesas del presidente Ollanta Humala fue reducir los impactos de los tratados comerciales internacionales en el mercado nacional. Hoy debe enfrentar su primer desafío en el tema: el Acuerdo de Asociación Comercial Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), en el que participan junto a Perú, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Chile, Brunei y Singapur, y que en su reciente ronda de negociaciones en Chicago durante el mes de setiembre, evidenció serios riesgos para el país en el acceso a medicamentos con precios justos. Para varios expertos, la firma de este acuerdo, agravaría aún más los problemas ya generados por el TLC entre Perú y EE.UU.
 
La propuesta de EE.UU para el TPP es agresiva en materia de propiedad intelectual. Entre otras propuestas, el país del norte plantea que se conceda patentes a segundos usos de medicamentos, a nuevas formas y a métodos de uso de medicinas ya conocidas; también compensar por demoras en el otorgamiento de patentes para medicamentos y la ampliación del uso exclusivo de los datos de prueba de seguridad y eficacia. “Estas proposiciones darían paso a la extensión indefinida de monopolios farmacéuticos en nuestro país, afectando la competencia y precios asequibles en los medicamentos”, afirmó Roberto López, coordinador de Acción Internacional para la Salud (AIS).
 
López consideró que es urgente que el nuevo gobierno tome una posición sólida frente a este acuerdo debido a que las propuestas finales se discutirán entre el 19 y 29 de octubre en Lima durante una nueva ronda de negociaciones del mencionado acuerdo.
 
Santiago Roca, ex presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), consideró que “el gobierno debe limitar la extensión de las patentes. Los acuerdos internacionales benefician más a los países desarrollados”, dijo. “No benefician en lo absoluto a las economías nacionales, reducen el ingreso de medicamentos genéricos y ponen en peligro la vida de muchas personas que no pueden pagar (las medicinas que gozan de protección por los monopolios)”, agregó Roca.
 
Los agresivos intereses de EE.UU. en esta negociación no se han hecho esperar y se teme que su propuesta en el capítulo de propiedad intelectual sea similar a la que propuso la Unión Europea, la misma que fue rechazada por el Perú y cuyos impactos fueron medidos por AIS y RedGE. 
 
Algunos ejemplos: la extensión del periodo de patente de 20 a 25 años que se planteó en el acuerdo con UE y que podría solicitarse en esta nueva negociación, significaría un gasto adicional anual en medicamentos de 321 millones de dólares para el Perú. La ampliación del plazo de exclusividad de los datos de prueba que presentó la UE, y que se teme también se presentará en la negociación del TPP, implicaba un incremento del gasto anual en medicamentos de cerca de 250 millones de dólares. Si el Perú aceptaba estas nuevas condiciones, hubiese representado un gasto adicional de más de 570 millones de dólares al año, agregó López.
 
Por su parte, Julio César Cruz, director del Programa de Soporte a la Autoayuda de Personas Seropositivas (Prosa), expresó su preocupación al señalar que si se protegen nuevas medicinas de última generación como los que se requiere para los pacientes con VIH que presentan gran resistencia al tratamiento, se elevará los costos y serán inaccesibles. Explicó que al Estado le cuesta 270 dólares al año el tratamiento con medicinas genéricas para cada persona seropositiva, mientras que un tratamiento no subvencionado y con medicamentos de marca de última generación está valorizado en unos 18 mil dólares al año. 
 
Las negociaciones del TPP también evidencian “un intento de impedir la circulación de medicamentos genéricos, tal como ha sucedido en puertos europeos que confiscaron genéricos que iban a Perú, Colombia y África porque supuestamente violaban patentes”, agregó López. Y advirtió que la rebaja arancelaria de los acuerdos comerciales, no ha permitido reducir el precio de las medicinas para que más gente pueda comprarlas.
 
¿Retroceso en la integración?
La negociación de este acuerdo incluye diversos temas sensibles, como el capítulo de inversiones, servicios, agricultura, además del de propiedad intelectual, y buscaría ser la base del acuerdo tipo TLC para el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). 
 
RedGE ha identificado que a escala regional, la firma del TPP desestabilizaría los procesos de integración con la Comunidad Andina (CAN) y la Unidad de Naciones Suramericanas (UNASUR) ya que de aceptar las pretensiones en materia de propiedad intelectual de EE.UU. en la negociación, existiría una colisión con la normatividad andina y podría limitarse la integración regional.
 
Entonces, “si ya liberalizamos casi todo con el TLC con EEUU, ¿cuánto más le podemos dar a este país? El nuevo gobierno expresó en campaña una mirada crítica a los TLC en su formato tradicional, ¿por qué habría que firmar uno nuevo en estos términos?” preguntó Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE. En la misma línea, Mario Ríos, coordinador de Foro Salud, manifestó que la inclusión social implica garantizar el derecho a la salud y el acceso a medicamentos a más pobladores. “No podemos decir que esta persona se murió porque no tuvo plata”, puntualizó luego de exigir al nuevo gobierno una posición clara y transparente.
Fecha
26/09/2011