El Perú y el modelo extractivo: Agenda para el nuevo gobierno y necesarios escenarios de transición
En el Perú necesitamos reflexionar con urgencia sobre cómo construimos un país que tenga viabilidad económica, social, ambiental, climática y energética. Años de expansión económica pero al mismo tiempo de crisis social y ambiental, han puesto en agenda la necesidad de transitar a nuevos escenarios de sostenibilidad, equilibrio y respeto irrestricto a los derechos de las personas. Los problemas ambientales continúan agravándose de manera alarmante. Según la propia Defensoría del Pueblo, en el Perú gran parte de los conflictos sociales que se producen tienen su origen en problemas ambientales, sobre todo vinculados a industrias extractivas. ¿Cuánto le cuestan al país estos conflictos?
La estrategia de crecimiento basada en sectores extractivos, muestra sus límites y enfrenta serios cuestionamientos. Los indicadores que saltan a la vista, aparte de los propios conflictos, el incremento de la vulnerabilidad ambiental de diversas zonas del país, la disputa por recursos cada vez más escasos como el agua y las tierras agrícolas, los daños a la salud y los derechos de poblaciones que son vulnerados, sobre todo de los peruanos y peruanas más pobres. Frente a esta situación, las organizaciones abajo firmantes queremos expresar lo siguiente:
• El país necesita comenzar a definir escenarios de transición. Transición a un escenario en el que el Estado recupere presencia y capacidad de regulación y control sobre lo que pasa en nuestro territorio. Necesitamos por ejemplo: construir una verdadera autoridad ambiental independiente, con autonomía, facultades, capacidades, recursos y liderazgo, que pueda romper definitivamente con una situación donde las empresas no son fiscalizadas y supuestamente se autoregulan.
• Necesitamos ordenar y planificar el uso sostenible de nuestro territorio, con instrumentos como los planes de ordenamiento territorial y de zonificación. Se requiere contar con los diferentes niveles de gobierno para los procesos de planificación participativa del uso del territorio. Se requiere reconocer el derecho a tierras y territorios de pueblos indígenas. Requerimos una ley de Ordenamiento Territorial que proteja zonas de fragilidad ecológica que proveen importantes servicios ambientales, como es el caso de las cabeceras de cuenca, y que regule las concesiones para la industria extractiva para que sean concordantes con los planes de desarrollo territorial sostenibles.
• Es urgente mejorar y fortalecer los instrumentos de gestión ambiental. Necesitamos que los límites máximos permisibles de emisiones respondan a estándares internacionales. Urge perfeccionar los instrumentos de gestión ambiental. Los Estudios de Impacto Ambiental, que permiten la aprobación de los proyectos de inversión, se encuentran desfasados y han sido cuestionados por organismos internacionales como el Banco Mundial.
• El país necesita transitar de una economía profundamente extractiva y un modelo de crecimiento que en lugar de amenazar nuestra biodiversidad, la utilice de manera racional y sostenible. El Perú debe ser cada vez menos primario exportador y debe desarrollar una economía diversificada impulsando actividades de ecoturismo, utilizando el mercado de carbono, la acuicultura, el biocomercio, la agroforestería; generando al mismo tiempo empleo decente y sostenible y promoviendo la mediana y pequeña agricultura como base para
garantizar la soberanía alimentaria.
• El desarrollo, con el indispensable componente de crecimiento económico, tiene necesariamente una dimensión ética, de respeto irrestricto a los derechos de las personas, a los principios democráticos y por lo tanto a la promoción de la participación ciudadana y a la consulta previa, libre e informada. Se requiere desarrollar una institucionalidad que proteja y promueva los derechos de los pueblos indígenas, principales afectados por este modelo extractivista.
A las agrupaciones políticas que buscan gobernar nuestro país, les planteamos que el Perú necesita construir un acuerdo de gobernabilidad social, económica, cultural, ambiental, climática y energética que regule y fiscalice adecuadamente la gran inversión y que proteja nuestros recursos. El nuevo gobierno debe atender esta urgente demanda.