Pronunciamientos

Desde la Plataforma de Sociedad civil consideramos que es un deber ineludible que el Estado garantice el derecho a la participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos conforme a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales suscritos por el Perú y convoque de manera amplia a las organizaciones indígenas, respetando y generando espacios de participación efectiva, garantizando además, la participación de las organizaciones indígenas que vienen aportando en el PNA.

Organizaciones firmantes se pronunciaron a favor de las medidas anunciadas por el gobierno para impulsar una reforma tributaria justa que permita una mayor inversión en salud, educación o vivienda. El Perú es de los países que menos recauda en América Latina, y se requieren mayores recursos para afrontar la pandemia y la crisis generada por esta. El paquete de medidas propuestas por el Ejecutivo debe invitar a un debate democrático en el Congreso de la República, poder del Estado que debe anteponer el bienestar y los derechos de los peruanos y peruanas.

Representantes de la sociedad civil de la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú, publicaron este declaración luego de la Sesión Pública del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo Comercial entre el Perú, Colombia y Ecuador, y la UE.

Pronunciamiento de las diversas organizaciones sociales, comunidades originarias, frentes de defensa, asociaciones de afectados por la contaminación, plataformas de salud ambiental y otros colectivos de afectados y afectadas agrupados en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMMOQT) y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana (MTSAH) reunidas en el Encuentro de voceros y voceras de la Plataforma los días 18 y 19 de octubre en Lima.

A pesar de tener acuerdos firmados con la mayoría de los países involucrados, este Congreso saliente ha insistido en la ratificación de este acuerdo, a pesar que ya no le correspondía. Este proceso debía ser acompañado de una evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país y de un diálogo con la sociedad civil que ha expresado, por años, su desacuerdo. 

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.

La grave crisis que vive el Perú y la urgencia de cambios. Las elecciones generales en el Perú se dan en el contexto más difícil de nuestra historia republicana. La pandemia ha impactado duramente al mundo, y especialmente a nuestro país, que, de acuerdo los datos oficiales, tiene la más alta tasa de mortalidad por Covid-19 en el mundo.

En los últimos días el país ha sido testigo del escándalo de las Vacunas VIP, que ha puesto en evidencia que un grupo de, por lo menos 487 personas, que incluye altos funcionarios de Estado, políticos y empresarios, entre otros personajes, han sido inmunizadas en secreto y en forma indebida con vacunas de la Corporación China Sinopharm. El escándalo revela la gravedad de la crisis institucional que vive el Perú y las dificultades para enfrentar los retos de la pandemia (que en el Perú alcanza la más alta tasa de mortalidad del planeta).

La pandemia de la COVID19 viene afectando con mayor dureza a nuestro país:el sistema de salud ha colapsado y tenemos la mayor tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes del mundo. La informalidad de nuestra economía ha llevado a una situación de sobrevivencia a millones de personas. La desconfianza en las instituciones y representantes se ha generalizado, agravando las condiciones para enfrentar esta crisis. En este contexto, el Presidente de la República, Sr. Francisco Sagasti, ha dispuesto un conjunto de medidas para enfrentar el impacto de la pandemia.

La reciente derogatoria de la Ley N° 27360 -también conocida como la Ley de Promoción Agraria- tras las masivas protestas de los trabajadores de la agroexportación, marcó un momento de crisis, pero también de oportunidad para el país.