Pronunciamientos

A pesar de tener acuerdos firmados con la mayoría de los países involucrados, este Congreso saliente ha insistido en la ratificación de este acuerdo, a pesar que ya no le correspondía. Este proceso debía ser acompañado de una evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país y de un diálogo con la sociedad civil que ha expresado, por años, su desacuerdo. 

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.

La grave crisis que vive el Perú y la urgencia de cambios. Las elecciones generales en el Perú se dan en el contexto más difícil de nuestra historia republicana. La pandemia ha impactado duramente al mundo, y especialmente a nuestro país, que, de acuerdo los datos oficiales, tiene la más alta tasa de mortalidad por Covid-19 en el mundo.

En los últimos días el país ha sido testigo del escándalo de las Vacunas VIP, que ha puesto en evidencia que un grupo de, por lo menos 487 personas, que incluye altos funcionarios de Estado, políticos y empresarios, entre otros personajes, han sido inmunizadas en secreto y en forma indebida con vacunas de la Corporación China Sinopharm. El escándalo revela la gravedad de la crisis institucional que vive el Perú y las dificultades para enfrentar los retos de la pandemia (que en el Perú alcanza la más alta tasa de mortalidad del planeta).

La pandemia de la COVID19 viene afectando con mayor dureza a nuestro país:el sistema de salud ha colapsado y tenemos la mayor tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes del mundo. La informalidad de nuestra economía ha llevado a una situación de sobrevivencia a millones de personas. La desconfianza en las instituciones y representantes se ha generalizado, agravando las condiciones para enfrentar esta crisis. En este contexto, el Presidente de la República, Sr. Francisco Sagasti, ha dispuesto un conjunto de medidas para enfrentar el impacto de la pandemia.

La reciente derogatoria de la Ley N° 27360 -también conocida como la Ley de Promoción Agraria- tras las masivas protestas de los trabajadores de la agroexportación, marcó un momento de crisis, pero también de oportunidad para el país.

La protesta juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y su materialización involucra el ejercicio legítimo y constitucionalmente protegido de los derechos a la libertad de asociación, de reunión pacífica y expresión pública de opiniones, disensos, y/o la demanda del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El derecho a la protesta no debe ser estigmatizado sino defendido.

En los últimos días fuimos testigos de la violenta represión y la grave violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Se han producido
la muerte de dos jóvenes valerosos, detenciones arbitrarias, más de 200 heridos por diversos tipos de proyectiles, la obstrucción del trabajo de las y los
abogados y miembros de la prensa, así como el secuestro y la tortura de población civil que debe esclarecerse. Ayer martes 17, el señor Francisco Sagasti

Las instituciones y organizaciones sociales abajo firmantes expresamos lo siguiente:

• Rechazamos el golpe de Estado y esta vacancia presidencial que distorsiona el artículo 113 de la Constitución, referido a la “incapacidad moral permanente”, y deja al país en una situación de incertidumbre, en el preciso momento que enfrentamos la mayor crisis sanitaria, económica y social.

El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad única para que el Estado peruano recupere y fortalezca los lazos de confianza entre nuestras autoridades y las peruanas y peruanos, así como para afianzar el compromiso del sector empresarial en la gestión ambiental del territorio nacional.