Humala

Carta al Ejecutivo, Legislativo, Perúpetro y Gobierno Regional de Loreto por emergencias ambientales y sanitarias por actividad petrolera

Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
RedGE

Carta enviada por la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE el 23 de junio de 2014 al Ejecutivo, al Legislativo, a Perúpetro y al Gobierno Regional de Loreto, en la que expresa su preocupación por la situación de crisis social que se vive en el departamento de Loreto a raíz de la falta de atención, por parte de las autoridades públicas, a las emergencias ambientales y sanitarias relacionadas a la actividad petrolera en la zona.

“Paquetazo Castilla” favorece solo a grandes empresas y vulnera derechos de los peruanos y las peruanas

Ciudad
Lima
Con carteles en mano y bajo el lema de #NOALPAQUETAZOCASTILLA, representantes de diversas organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos humanos, de mujeres, de regiones y ONGs, expresaron su unánime rechazo al paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo para “la reactivación de la economía peruana”, y denunciaron que estas normas plantean cambios drásticos en temas tributarios, ambientales, de saneamiento físico legal de predios, derechos laborales, salud, y en las propias competencias  de los gobiernos municipales y regionales.
 
En conferencia de prensa, realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, aseguraron que estas normas, impulsadas desde el Ministerio de Economía, solo protegen a las grandes empresas y debilita los canales institucionales que tienen las poblaciones locales para la defensa de sus derechos.
 
Archivo
Fecha

Presentación

Campaña No al Paquetazo Castilla

 

 

Tras la presentación por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la República, de una serie de normas para “la reactivación de la economía peruana”, diversas organizaciones de la sociedad civil decidieron pronunciarse al respecto y denunciaron, en una conferencia de prensa realizada el 24 de junio de 2014, que este paquete de medidas solo protege a las grandes empresas y recorta drásticamente políticas en temas tributarios, ambientales, de saneamiento físico legal de predios, derechos laborales, salud, y en las propias competencias  de los gobiernos municipales y regionales, además de vulnerar derechos de las poblaciones locales.

 
 
 
 
 
La justificación económica del paquete de medidas es que el Perú puede verse muy afectado en su crecimiento por el contexto mundial sobre "menores precios de materias primas, mayores costos financieros y un menor crecimiento de las economías emergentes. Para afrontar este contexto, el Ministerio de Economía propone, a corto plazo, una política económica por el lado de  la demanda, consistente en un impulso fiscal expansivo; y a mediano plazo, por el lado de la oferta, apuntalar el crecimiento a través de la agilización de la inversión. La sociedad civil considera que esta justificación es muy escueta y nos deja a los ciudadanos, la sensación de una desprotección muy grande frente a grupos con poder económico. 
 
 
Ante ello, diversas organizaciones, miembros del Grupo Perú COP20, así como de pueblos indígenas, de derechos humanos, gremios, sindicatos, entre otros, expresan su profundo rechazo ante las propuestas adoptadas por el Gobierno y, en un pronunciamiento publicado en el diario La República,  aseguraron que esta medida recortará las facultades del Ministerio del Ambiente y por consiguiente debilitarán los estándares ambientales.
 
Las agrupaciones firmantes decidieron iniciar una campaña bajo el lema “No al paquetazo Castilla. Por una economía al servicio de l@s peruan@s”, que consistió en realizar una conferencia de prensa y un plantón en la Plaza San Martín, cuyo objetivo fue dar a conocer el tema a la opinión pública y sensibilizar a la población sobre estas peligrosas medidas. 
 
En el marco de esta campaña las organizaciones nacionales de pueblos indígenas u originarios del Perú: la Confederación Nacional Agraria - CNA, la Confederación Campesina del Perú -CCP, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras – UNCA, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú-CUNARC-P, articuladas en el PACTO DE UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ, publicaron el domingo 7 de setiembre en el diario La República un pronunciamiento en el que rechazaron el paquete de medidas aprobado mediante la Ley Nº 30230 con el pretexto de promover la inversión privada y estimular el crecimiento económico, ya que no solo debilita la institucionalidad ambiental, sino que también afecta la seguridad jurídica territorial de los pueblos y comunidades indígenas u originarios.
 
 
 
 
 

Sociedad civil advierte que debilitamiento de los estándares e institucionalidad ambiental pondrá en riesgo el medio ambiente y genera conflictos sociales

Autor(es):
RedGE, DAR, CooperAcción, CEPES, AIDESEP, PDTG, FEMUCARANIP, ANPE, entre otros
Documento(s)
Fecha de publicación
Ciudad
Lima

Pronunciamiento publicado en el diario La República, el domingo 22 de junio de 2014, en el que diversas organizaciones de la Sociedad Civil firmantes, expresan su profundo rechazo ante las propuestas adoptadas por el Gobierno sobre "las medidas económicas para reactivar la economía peruana" presentada al Congreso. Los firmantes aseguran que esta medida recortará las facultades del Ministerio del Ambiente y por consiguiente debilitarán los estándares ambientales.