Reunión de aliados y expertos

 

La reunión de aliados y expertos se realizó en el salón Miramar del Hotel Melía y contó con la participación de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil como la Coordinadora Nacional del Agro (CNA), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Proyecto Mantaro Revive, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Género y Economía, el Centro Cristiano de Promoción y Servicios (CEPS), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y Filomena Tomaira. Durante la discusión se propusieron alternativas alrededor del caso DOE RUN y se logró colocar en sus agendas la necesidad de contar con un nuevo marco de regulación para las inversiones. 

 

Las exposiciones, a cargo de José de Echave, de CooperAcción, Melinda St. Louis, de Public Citizen y Matthew Potterfield, de Georgetown University, fueron comentadas por Anibal Sierralta del Centro Internacional de Administración y Comercio (CIAC) y el filósofo Eduardo Cáceres, de Aprodeh. La moderación de la reunión estuvo a cargo de Alejandra Alayza, coordinadora ejecutiva de la RedGE. 

 

 

En esta reunión coincidieron en que el caso DOE RUN nos tiene que llevar a analizar en la necesidad de contar con nuevos marcos de regulación de inversiones para evitar futuros casos de demandas en la que el Estado Peruano podría verse condicionado frente a acciones de empresas como DOE RUN, que claramente han incumplido todas sus obligaciones. Consideraron que urge un trato justo y equitativo entre los inversionistas extranjeros y nacionales y excluir el mecanismo de arbitraje “inversionista – Estado” de los acuerdos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil también es clave para hacerle frente a esta situación. En ese sentido se invitó a las organizaciones participantes e invitadas a que suscriban un pronunciamiento público que fue publicado en el diario La República, en la página 15, el día martes 4 de diciembre de 2012. En este documento los firmantes piden al gobierno peruano evaluar y ajustar el modelo de protección de inversiones que se ha venido promoviendo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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