Ollanta Humala

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el giro que ha evidenciado el Presidente Ollanta Humala durante su visita a Bruselas, con un discurso “pro TLC” ante los representantes de la Unión Europea, totalmente diferente a lo que proponía durante su campaña electoral.

Ante los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República sobre la definición de un número de hectáreas como límite y el compromiso del Ministerio de Agricultura (MINAG) de desarrollar una propuesta para atender los problemas relacionados con la concentración de tierras, los proyectos de irrigación y los neo latifundios, expertos y gremios agrarios exigen al Gobierno garantizar el acceso a la tierra y agua a los pequeños y medianos productores agrarios e incorpore en esta discusión otras medidas que vayan más allá de limitar la tierra.

Luego de un arduo trabajo y la exigencia de la sociedad civil, el Gobierno peruano confirmó, en el Parlamento Europeo, que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y Perú y Colombia será debatido y votado en el Congreso de la República, al amparo de la Constitución Política. Desde Bruselas Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de la Red Peruana de Globalización con Equidad (RedGE), expresó que el Gobierno tiene la obligación de pasar el TLC - UE por el Congreso de la República, ya que este acuerdo incluye una cláusula democrática referida a la vigencia de los Derechos Humanos y otra referida a la no proliferación de armas de destrucción masiva. “Según el artículo 56 todo acuerdo comercial que toque temas de DD.HH. y de seguridad nacional, tienen, necesariamente, que pasar por una votación en el Congreso”, añadió.  

Expertos y organizaciones civiles plantean al nuevo gobierno que asuman una posición sólida frente los riesgos del TPP en el acceso a medicamentos por los nuevos compromisos en propiedad intelectual que propone EE.UU. (nuevas  patentes, extensión de patentes y ampliación de protección de datos de prueba). 

Nota informativa publicada en el portal web Alerta Perú, el 21 de octubre de 2011, que recoge declaraciones de RedGE. En audiencia pública, organizaciones se preguntan: ¿qué hará el nuevo gobierno con el TLC del Pacíico que se está negociando?. Ojo. Esta semana se inició en Lima la novena ronda de negociaciones del Acuerdo Trans Pacífico (TTP, por sus siglas en inglés), tratado que involucra a nueve países: EEUU, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Malasia, Brunei, Singapur y Perú. Con ese motivo organizaciones sociales se preguntan: ¿cuál es la postura del nuevo Gobierno?

“Es lamentable que no se está planteando renegociar determinados puntos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que firmó el Gobierno anterior”, señaló Alejandra Alayza, de la Red por una Globalización con Equidad (Red GE). “Pero entendemos que el nuevo Presidente prometió respetar loq ue el país ha firmado, lo que nos preguntamos es ¿y con los nuevos tratados, qué se va a hacer?”, expresó. “Nos preocupa porque el Ministerio (de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR) nos ha informado que la posición negociadora es la misma”, señaló.

Las declaraciones tuvieron lugar durante la audiencia “Los TLC y los Arbitrajes Internacionales”, organizada por la Red Muqui, la Red GE y el despacho del congresista Diez Canseco. Este evento se lleva a cabo en el marco de las actividades paralelas que la sociedad civil viene organizando ante la ronda de negociaciones del Tratado. En la audiencia se discutieron los problemas que este tipo de acuerdos traen en lo relacionado a la protección de inversiones y la posibilidad de que los inversionistas extranjeros lleven a los Estados ante tribunales de arbitraje que sólo miran el aspecto económico y no los temas sociales ni ambientales.

“Es lo que está pasando con Doe Run aquí en Perú”, explicó a Alerta Perú Manuel Pérez Rocha, mexicano e investigador del Instituto de Estudios Políticos de Washington. “A Doe Run se le han cerrado sus plantas de procesamiento de productos mineros y ahora está demandando al Estado peruano, al pueblo peruano, por 800 millones de dólares”, recordó.

Este tipo de acuerdos “ocasionan problemas muy graves”, indicó el especialista. “Cuando un inversionista se ve afectado en las inversiones que pretendía realizar, puede demandar a un gobierno ante un tribunal extranjero. Son reglas verdaderamente drásticas, draconianas, en favor del gran capital. Y el caso de La Oroya no es un caso aislado. Hay centenares de casos... En América Latina hay 37 casos exclusivamente en industrias extractivas y sólo en el CIADI del Banco Mundial... Hay una explosión de estos casos”, señaló Pérez Rocha.

El caso de Doe Run es emblemático, puesto que una empresa que ha convertido a La Oroya en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo y que logró que su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental tuviera numerosas postergaciones, ahora pide una cuantiosa indemnización al Perú.

Pero no es el único caso. Matthew Porterfield, de la Universidad de Georgetown, recordó otros casos emblemáticos, como el de la empresa tabacalera Philip Morris, que demandó a Uruguay y Australia por haber modificado sus leyes referidas al consumo de tabaco.

El problema de los arbitrajes internacionales no es el único. Pérez Rocha señaló que este tipo de Tratados también significan “que los países no puedan prohibir ningún movimiento de capital, se otorga libertad para entrar o salir sin ninguna restricción o traba. Esto ocasiona problemas como las inestabilidades financieras como las que estamos viviendo hoy en día. Hay países como Brasil, Argentina, Tailandia, que han impuesto controles de capital para protegerse de estos vaivenes, pero en cambio tratados como este garantizan a los inversores el poder meter y sacar el capital a su antojo, lo que no beneficia de ninguna manera a ningún país”, destacó.

“Por otro lado se prohíben los requisitos de desempeño”, señaló, “los países no pueden imponer ningún requisito a los inversores para que estas inversiones puedan servir al desarrollo... Por ejemplo, exigir que en la producción de un auto haya un cierto porcentaje de insumos locales para poder crear cadenas productivas”.

Frente a estos problemas, el especialista mexicano sugirió al Perú “mirar más hacia el otro lado, en lugar de mirar hacia el Pacífico y a EEUU mirar hacia el otro lado de América, países como Brasil, Argentina, Venezuela, que están desvinculándose cada vez más de la dependencia que hemos tenido durante tantas décadas con EEUU, que están tratando de fortalecer sus mercados internos y crear procesos de integración regional endógenos”.

Respecto al TTP, Pérez Rocha planteó la necesidad de formar un bloque con Australia, país que no acepta las condiciones propuestas por EEUU en lo referido a los arbitrajes. “Perú podría articularse o tomar más posicionamiento en conjunto con Australia, que ya se ha negado a firmar un capítulo de inversiones que contenga una cláusula que permita a los inversionistas llevar a los Estados a tribunales internacionales”, señaló.

“Se debe mirar de otra manera. Tal como viene, el TTP es un tratado de libre comercio del mismo modelo del NAFTA, del CAFTA y del TLC de Perý con EEUU”, finalizó. (PM)