Retrocesos ambientales arriesgan acuerdo con UE

Servindi, 2 de diciembre, 2025.- El retroceso permanente de Perú en política ambiental pone en serio riesgo el Acuerdo Comercial con la Unión Europea (AC-UE) advirtieron el lunes 1 de diciembre organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de un patrón sistemático y acumulativo de flexibilización ambiental que afecta las obligaciones asumidas por el Perú con la UE, de manera especial en el capítulo de Desarrollo Sostenible.

El AC-UE compromete al Perú a mantener altos niveles de protección ambiental, evitar retrocesos normativos para incentivar inversiones, promover el manejo sostenible de los bosques y mejorar sus climáticos (arts. 268, 273, 275 y 277).

Sin embargo, el Perú viene haciendo todo lo contrario.

Organizaciones que forman parte del Grupo Consultivo del Acuerdo comercial con Unión Europea alertaron que el Perú está en un proceso sistemático y acumulativo de regresión ambiental.

Este patrón sistemático está quebrando la estructura ambiental y generando perjuicio a la Amazonía, la gobernanza forestal, los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los compromisos asumidos en el AC-UE.

La Unión Europea ha establecido estándares estrictos en materia ambiental y climática en su política comercial. El debilitamiento sistemático del marco ambiental peruano pone al país en una situación de incumplimiento creciente y compromete la confianza entre las partes.

Integrantes de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), MOCICC, DAR y Proética coincidieron en que estos retrocesos “no son hechos aislados”.

La regresión ambiental forma parte “de un patrón que debilita la capacidad del Estado para proteger el ambiente, fiscalizar actividades extractivas y combatir el crimen organizado vinculado a economías ilegales”.

Enfatizaron que Perú necesita recuperar la ruta del cumplimiento, fortalecer sus instituciones y garantizar una participación ciudadana real, autónoma y sin restricciones. El comercio con la UE no se debe construir a costa de los derechos, los bosques y el clima, invocaron.

Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) alertó sobre la delegación de facultades al Poder Ejecutivo pues “existe el riesgo de nuevas medidas regresivas que profundicen este patrón de debilitamiento ambiental”.

Ana Romero, coordinadora ejecutiva de la RedGE, destacó que el patrón de retrocesos “envía un mensaje muy negativo a la UE” y puede afectar la credibilidad del país.

“Y si además se restringe el trabajo de sociedad civil a través de normas como la Ley APCI, se pone en riesgo el único mecanismo que tiene la UE para verificar si el Perú está cumpliendo”, señaló Romero.

Las organizaciones advirtieron que el país necesita retomar la ruta del cumplimiento y fortalecer la institucionalidad ambiental para evitar mayores impactos sobre la Amazonía y sobre las comunidades que dependen de ella.

Medidas regresivas

El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo aprobaron en años recientes medidas legales y reglamentarias que han debilitado pilares esenciales del marco ambiental peruano.

Con el pretexto de “reactivar la economía” o “acelerar la inversión” se han expedido normas como la Ley 31973, promulgada en (enero de 2024, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Dicha norma calificada por sectores ciudadanos como Ley Antiforestal traslada la aprobación de la zonificación forestal del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Agricultura, reduciendo el enfoque ecosistémico.

Además, suspende la obligación de contar con zonificación forestal para otorgar títulos habilitantes y permite legalizar la deforestación previa en predios con constancias de posesión.

La norma se expidió a pesar de la oposición de diversas entidades como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Poder Ejecutivo, embajadas europeas, relatores de la ONU y organizaciones indígenas.

Los cuestionamientos advirtieron que dicha ley facilita la apropiación de territorios, agrava la deforestación, incrementa el riesgo para defensores ambientales y contradice los compromisos climáticos del Perú.

Pero más allá de la Ley Antiforestal desde 2014 Perú aprobó otras normas que reducen las capacidades de fiscalización ambiental, limitan las sanciones administrativas y debilitan el Sistema Nacional de Impacto Ambiental (SEIA).

Es el caso de la Ley 30230 conocido como la Ley del “paquetazo ambiental”, que modifica el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y otros decretos que generan incentivos perversos para la minería ilegal e informal.

No solo se restringen herramientas judiciales para perseguir delitos ambientales sino que además se reduce la participación ciudadana en la certificación ambiental.

Efectos acumulativos

El debilitamiento estructural ambiental afecta directamente la capacidad del Estado peruano para cumplir sus compromisos climáticos, conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas y prevenir delitos ambientales.

La deforestación -que ya avanzaba a un ritmo promedio de 132.000 hectáreas por año- se ve potenciada por las nuevas normas.

La criminalidad ambiental opera con mayor facilidad: la tala ilegal, el tráfico de tierras y la minería ilegal encuentran vías para evadir controles, lo que ha sido advertido incluso por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Este escenario no solo vulnera tratados ambientales internacionales, sino que compromete el principio de no regresión, fundamental en el capítulo de Desarrollo Sostenible del AC.

Vigilancia debilitada

Aunque el AC-UE contempla mecanismos de participación ciudadana -como el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible y los Grupos Consultivos Internos (GCI)-, en el caso peruano estos no funcionan adecuadamente.

El Perú decidió reemplazar el GCI por espacios ya existentes que no fueron creados para el TLC, carecen de autonomía y representatividad, y no permiten un seguimiento adecuado de los compromisos ambientales.

La situación en Perú contrasta con lo que ocurre en Colombia y Ecuador, que sí han creado GCI ad hoc para el acuerdo con la UE.

Riesgos para la supervisión independiente

La reciente Ley APCI que modifica el marco legal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional aumenta el riesgo de restringir o debilitar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que monitorean la política ambiental y el cumplimiento del AC-UE.

El acuerdo comercial reconoce de manera explícita el rol de la sociedad civil como parte de los mecanismos de vigilancia y cualquier limitación al trabajo de organizaciones no gubernamentales pone en riesgo esta función.

Su expedición, reglamentación y manejo puede generar tensiones diplomáticas y afectar la credibilidad del Perú ante la UE, más aún considerando que el propio tratado habilita a la sociedad civil europea y andina a elevar preocupaciones sobre retrocesos.

Delegación de facultades: un momento crítico

La discusión actual sobre delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo abre un riesgo adicional: si el Ejecutivo utiliza estas facultades para aprobar más medidas de flexibilización ambiental, el patrón regresivo podría profundizarse.

Varias carteras –como Energía y Minas y Agricultura– han mostrado interés en reducir requisitos ambientales bajo el argumento de acelerar inversiones. Este contexto exige máxima vigilancia, transparencia y control ciudadano.