2022

Organizaciones de sociedad civil, sindicatos y organizaciones indígenas, entre otras firmantes, exhortamos al Gobierno de Pedro Castillo a promover activamente el proceso del Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos.

Este pronunciamiento va dirigido al gobierno solicitando la rectificación o renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores para garantizar la aplicación del Acuerdo de Escazú.

El cual es una necesidad por la gran carencia de política ambiental en nuestro país.

Perú aspira a integrarse un día en el selecto club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde la tasa promedio de sindicalización es de casi 30%. La misma tasa en América Latina es de alrededor del 13%, pero esa tasa en el Perú es inferior al 5%.

Sin sindicatos no hay negociación colectiva y sin ello, tal como lo han demostrado múltiples estudios, existe una fuerte correlación positiva entre las buenas condiciones laborales y la capacidad de negociación colectiva de las y los trabajadores. Recordemos que Perú ocupa el penúltimo lugar en Amñerica Latina al respecto.

Desde la Plataforma de Sociedad civil consideramos que es un deber ineludible que el Estado garantice el derecho a la participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos conforme a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales suscritos por el Perú y convoque de manera amplia a las organizaciones indígenas, respetando y generando espacios de participación efectiva, garantizando además, la participación de las organizaciones indígenas que vienen aportando en el PNA.