La Oroya

Renco Group y Doe Run Perú (DRP) buscan obtener una millonaria indemnización; nada menos que US$ 800 millones de dólares por el proceso de arbitraje que le iniciaron al Estado peruano en el marco del TLC Perú - Estados Unidos. Este caso se convirtió en el primero de un inversionista en contra de un Estado, amparado por este tratado. Doe Run Perú se ha caracterizado por ser una empresa que ha incumplido sistemáticamente sus compromisos ambientales, generando altos niveles de contaminación que han afectado el ambiente y la salud de la población de La Oroya.

Documento realizado por RedGE, AIS y CooperAcción en el que se evidencia que cada vez más inversionistas globales utilizan los mecanismos de arbitraje y protección de inversiones para bloquear la capacidad reguladora de los Estados en temas de salud pública. El Perú, en el TPP que negocia con hasta el momento 10 países de Asia y el Pacífico, podría incorporar nuevamente estos mecanismos. Pero casos como el de La Oroya y otros ejemplos internacionales nos muestran que es necesario reconsiderar este modelo de atracción de las inversiones.