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A cinco años del TLC con la Unión Europea, Perú, Colombia y Ecuador

Lima, 01 de marzo de 2018

Al cumplirse este 01 de marzo de 2018 cinco años de entrada en vigencia del TLC entre la Unión Europea, Perú, Colombia y posteriormente Ecuador, el Gobierno peruano ha incumplido sus obligaciones referidas a las normas laborales y ambientales protegidas en este acuerdo. Existe una desmesurada flexibilización de la normativa ambiental, que debilita la protección al medio social y ha generado efectos permisivos en las empresas, vicios en el proceso de evaluación ambiental por parte del funcionario evaluador y vulneración de derechos de territorio de los Pueblos Indígenas. Por ello, la sociedad civil organizada se ha constituido en el Grupo Consultivo Interno  - GCI, para dar seguimiento a dicho tratado y exigir al gobierno que recoja el análisis que se viene haciendo respecto a estos casos y se tomen las acciones correctivas.

La Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE, con apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, como la Asociación Nacional de Centros - ANC, la Red Muqui, Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR, el Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES, Justicia y Paz, la Plataforma Europa - Perú y el Grupo Consultivo Interno de Unión Europea, realizaron una campaña, con el fin de advertir a la opinión pública que los impactos económicos y sociales del Acuerdo Comercial con la UE no son óptimos y no han servido realmente para aumentar los intercambios comerciales de los países miembros.

Ana Romero, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE dijo que el gobierno peruano no garantiza la aplicación efectiva de sus propias leyes y no se respetan los estándares laborales contenidos en las normas internacionales de derechos humanos y en los convenios sobre los derechos y las libertades fundamentales de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Si bien reconocemos que el TLC con la Unión Europea tiene como resultado una balanza comercial positiva, ello no basta si se siguen violando los derechos de las personas en nuestro país. A lo que hay que sumarle que no existe una voluntad política en el Perú para hacer efectiva la participación de la sociedad civil, con un gobierno que no garantiza un diálogo eficaz y no ha promovido las consultas sobre los temas involucrados en el Título IX de Comercio y Desarrollo Sostenible”, enfatizó.

Por su parte, Géraldine Duquenne de Justicia y Paz, miembro de la Plataforma Europa - Perú y del Grupo Consultivo Interno de Unión Europea, recordó que en octubre pasado 14 organizaciones europeas, con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil nacional, incluyendo centrales sindicales, presentaron una queja ante la Comisión Europea de Comercio por la falta de cumplimiento de los compromisos laborales y ambientales, previstos en este acuerdo comercial, con la que se busca que la Unión Europea reaccione a los incumplimientos del Perú y que reconfirme que el desarrollo sostenible y los derechos humanos tienen la misma importancia que el comercio.