Palacio de Gobierno

Tras las revelaciones del capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) por parte de Wikileaks, 24 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas redes de pacientes y usuarios de medicamentos, gremios agrarios, centrales sindicales, iniciativas culturales y científicas, entregaron una carta al Presidente de la República, Ollanta Humala, en la que le expresan su profunda preocupación ante esta situación y le exigen no comprometer los derechos de tod@s los peruanos en las negociaciones del TPP.

 

Las organizaciones firmantes,  como la Red Peruana de Pacientes y Usuarios del sector Salud – RPPU; Acción Internacional para la Salud – AIS, la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE; la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP; la Confederación Nacional Agraria; Electronic Frontier Foundation – EFF; CooperAcción; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, entre otros, afirman que los términos de este capítulo filtrado por Wikileaks, contienen graves amenazas a los derechos humanos de las peruanas y los peruanos, en ámbitos tan diversos como el acceso a la salud, el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías, o la libertad en Internet.

 

Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil llegaron en ambulancia hasta Palacio de Gobierno para entregar más de tres mil firmas e igual número de pastillas al Presidente Ollanta Humala, para exigir que su Gobierno no ceda ante las pretensiones de Estados Unidos y establezca límites en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que garanticen los derechos de todos los peruanos y peruanas al acceso a la salud, Internet, trabajo decente e inversiones.

 

Las miles de pastillas -que fueron entregadas en decenas de frascos por representantes de organizaciones de pacientes, sindicatos, usuarios de internet, afectados por la contaminación por la minería, entre otros- simbolizan el riesgo en que se encontraría la salud pública si nuestro país acepta la agresiva propuesta de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, que beneficiaría exclusivamente  a la  gran industria farmacéutica.