Presentación

La Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) de Uruguay, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, la Red Interquorum Cajamarca, Red Muqui, PDTG  y 11.11.11, realizaron en la ciudad de Cajamarca este foro público, con el fin de discutir propuestas en relación al modelo de crecimiento basado en el extractivismo, para enriquecer el debate incorporando el contexto regional. Participaron de la actividad Gerardo Honty de CLAES, Sergio Sánchez del Gobierno Regional y Yeni Cojal, de la sociedad civil cajamarquina.

 

Durante su exposición Gerardo Honty de CLAES señaló que la idea de que todos los países del mundo podemos transitar sobre el mismo camino y llegar a tener el mismo desarrollo que las naciones desarrolladas es absurda e imposible, ya que es necesario que exista el subdesarrollo para que exista el desarrollo. El agotamiento de los recursos naturales y el incremento del cambio climático es clave porque no se ha podido superar lo que busca el desarrollo que es reducir la pobreza, el desarrollo como está concebido está agotado en el mundo, particularmente en América Latina.

 

Todos los países se congratulan que su PBI ha mejorado y, en algunos casos, se ha sacado a muchos de la pobreza pero cuando uno mira el efecto de este avance difícilmente se puede asociar con las mejoras en las condiciones sociales o en la calidad de vida. “Los beneficios hacia las clases más bajas se ha reflejado en la compra de celulares, de autos, de ciertos bienes de consumo pero poco se ha traducido en mejorar la calidad de vida en cuanto al acceso al agua, a los alimentos, a la energía, al saneamiento, entre otros”.

 

Este avance o esta mejora en el PBI ha tenido otros efectos negativos, claramente ha habido un retroceso ambiental, que han conllevado a conflictos sociales, ya que a nadie la gusta que le hagan una mina al lado de su casa. En ese sentido es necesaria una legislación más benévola, una flexibilización de los impactos ambientales, acelerarse los procesos de fiscalización ambiental. “El 60% de los conflictos sociales que se registran en el Perú derivan de la minería”, dijo.

 

La flexibilización que va detrás de la minería a la larga o la corta termina influyendo en otros sectores, cuando se flexibiliza normas ambientales, en la que se pretende garantizar un proyecto minero o petrolero, se transmite a todos los sectores económicos. No solo hay impactos ambientales y sociales, también hay impactos económicos de otra índoles, todos los países de Sudamérica están basados en la exportación de materia prima sin tratar, lo que se llama la primarización de la economía, en algunos casos, estos productos primarios son más de uno: minerales, petróleo, soya, y en otros casos es uno solo, como el caso de Venezuela, con el petróleo.

 

En ese sentido, se puede tener un crecimiento económico sostenido eternamente con  recursos finitos y sin caer en el voraz extractivismo. Podemos desengancharnos del mercado global, olvidarnos de que China existe, y comenzar a pagar más caro por todo lo que consumimos. 

 

Las transiciones, entonces, son un intento de usos de caminos para poder salir de este consumismo voraz, estamos acostumbrados a ciertos servicios, ciertos bienes, queremos cambiar el celular todos los años. Tenemos que hacer participar a todas las poblaciones, no podemos vivir en un mundo en el cual cada uno pueda tener todo lo que quiere, consumir todo lo que quiere, tener todos los bienes a su disposición, y todo el dinero para poder comprarse todo lo que quiere, en un mercado que promueve y necesita del consumo. 

 

La promesa de desarrollo es que todos los habitantes del planeta vamos a poder llegar algún día a consumir todo lo que tenemos, esta es la utopía del desarrollo, esta utopía es imposible, la mitad de la población en este momento, no tiene ningún tipo de acceso a la energía, vive bajo la línea de la pobreza. Los límites de las transiciones son límites humanos, solo depende de nosotros, la utopía de las transiciones es mucho más realizable que la utopía del desarrollo.

 

 

A su turno, Sergio Sánchez, Gerente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca, señaló que hablar de las actividades extractivas desde el lado cajamarquino es hablar de la llegada de diversas empresas mineras, como el caso de Hualgayoc, donde se ha desbordado esta actividad, y lamentablemente las autoridades, a lo largo de los años, no ha tenido la fuerza para poder renegociar el ingreso de extractivas al país.

 

Si miramos Cajamarca esto ha generado que en los últimos 5 años tengamos una cantidad increíble de proyectos para ejecutar en el tema minero y que desbordan nuestra capacidad de poder evaluarlos porque el país, a pesar de que se dice que es un país extractivista, somos un país minero que ni siquiera ha podido implementar todo un mecanismo económico para que se puedan fiscalizar cada uno de los proyectos. “En Cajamarca, por lo menos, se está cambiando y se está fortaleciendo la fiscalización, pero en otras regiones sencillamente ni lo tocan porque no tienen apoyo del gobierno ni elementos técnicos necesarios”, dijo. 

 

“Desde el año 1993 hemos tenido un conjunto de empresas, concesiones,  y se han dado un conjunto de normas que han facilitado a las actividades extractivas, pero al campesino del Perú le va y le viene que suba el PBI porque a él no le beneficia en nada”, añadió. 

 

En el tema extractivo desborda nuestra capacidad de poder hacer fiscalización ambiental, no hay capacidad y la actividad extractiva ha afectado la alimentación de la gente y la calidad del agua.  “Tenemos un problema fuerte con el tema del agua, llueva o no llueva la empresa minera tiene autorización para sacar 89 millones de metros cúbicos durante todos los años y nadie los fiscaliza porque la Autoridad Nacional del Agua dice que no tiene capacidad para fiscalizarlos por toda la cantidad de agua que extraen. Tenemos 53 kilómetros cuadrados de explotación minera y no hay ninguna sola comunidad que tenga agua natural o un manantial”. 

 

El caso de Cajamarca es particular porque toda la política extractivista hace que tengamos lugares con mayor cantidad de actividades extractivas, por ejemplo, en San Ignacio hay dos proyectos que podría afectar en poco tiempo su fuente de agua y con una posibilidad de que la gente de Supallacu, zona de la comunidad Awajun, se peleen porque las empresas en este momento están pagándole a los Apus para que los apoyen y puedan entrar a instalar su campamento.

 

El tema del petróleo en Jaén con el proyecto Pampa Dorada, que va hasta Rodríguez de Mendoza en Amazonas, este es un tema que no se habla porque el Perú ha lotizado y concesionado toda la selva. La política energética del país está ligado a la producción porque se ha comprometido hacer obras que primero te cuestan 600 millones y luego mil millones de soles, con varias coimas, como se ve en Brasil y el caso Odebrecht.

 

“Hay casos de empresas que abren otras empresas con otros nombres y concesionan pequeñas minerías, pero en la práctica se juntan y hacen una mega minería, como en el caso de San Miguel, que llegaran al próximo año al 100 por ciento de su territorio en concesión porque hay varios proyectos que se están instalando con la venia del gobierno que hace sus talleres informativos con una sola persona y para llenar la ficha con firmas anuncian almuerzos o campañas médicas”.

 

Lo que buscamos como región es reducir las brechas sociales, no se podrá acabar con la minería porque ya hay convenios firmados y este gobierno es la continuidad del anterior, la población, las autoridades regionales debemos fiscalizarlos al máximo, tenemos que hacer incidencia para que se haga algo por la población afectada, para que hagan marcos normativos para que, por lo menos, nos den la seguridad de preservar el agua. En Cajamarca hay 19 proyectos nuevos que se van a dar, algunos están en estudios y otros ya están en proceso, por ello el tema de fiscalización debe ser un elemento clave.

 

Desde el gobierno regional se quiere reducir las brechas, Cajamarca  es distinto a otras regiones como Cusco o Arequipa, ya que el 67% de la gente vive en la zona rural, y eso nos hace distintos e incomprensibles al resto del país, el 54.5% vive de la agricultura y la ganadería y por ello las actividades que se hagan en la región deben estar ligados a la mayoría para tener, por ejemplo, asegurada la alimentación del futuro. 

 

En el caso de Conga, nos hemos dado cuenta, cuando se ha hecho los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que la gran mayoría de EIA han sido manipulados por las empresas para tener un beneficio en favor de ellos, si haces un estudio manipulado perjudicas a la población. Nosotros pudimos demostrar, en una reunión con el Consejo de Minería del país, que se ha manipulado EIA y las empresas han manipulado los estudios de una manera delincuencial.

 

“Hemos pedido al gobierno que se pronuncie por este caso, ellos no pueden estar a favor de Yanacocha, para mi es delincuencial manipular un estudio que se afecta a la población”, finalizó.

 

 

Finalmente Yeni Cojal Rojas, integrante de la organización de mujeres defensoras de la Pachamama Celendín y de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), narró que ella es una mujer judicializada por defender su tierra, con una solicitud de 30 años de cárcel por parte de dos gobernadores y autoridades de la Municipalidad de Celendín.

 

En Celendín había varios manantiales y en la actualidad se han perdido 105 puquios, por ello la población ya no cuenta con agua natural. Hay una división social, hay perdidas de familia, hay muertos, enfermedades, deformación de niños, partos prematuros, hay inmigración, por el atropello de los derechos y la violencia, la juventud no tiene trabajo, todo lo está copando la minería.

 

La lucha es difícil y se articula con otras regiones y diversas comunidades, trabajamos de manera conjunta, nos capacitamos legalmente, en talleres para liderezas y líderes, estamos en coordinación con todos los ronderos y articulamos las luchas con marchas y vigilias.