Organizaciones de sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones que hacen seguimiento a los temas ambientales y laborales expresan preocupaciones en torno al Acuerdo Comercial con Unión Europea e instan al Gobierno peruano a promover un espacio de diálogo real.
Organizaciones de sociedad civil, sindicatos y organizaciones indígenas, entre otras firmantes, exhortamos al Gobierno de Pedro Castillo a promover activamente el proceso del Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos.
Diversas organizaciones peruanas saludamos la justa lucha que las instituciones que hacen parte de la Plataforma Chile Mejor sin TLC vienen librando en contra de la aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), también conocido como TPP-11 en su país.
Perú aspira a integrarse un día en el selecto club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde la tasa promedio de sindicalización es de casi 30%. La misma tasa en América Latina es de alrededor del 13%, pero esa tasa en el Perú es inferior al 5%.
Desde la Plataforma de Sociedad civil consideramos que es un deber ineludible que el Estado garantice el derecho a la participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas sobre empresas y derechos humanos conforme a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales suscritos por el Perú y convoque de manera amplia a las organizaciones indígenas, respetando y generando espacios de participación efectiva, garantizando además, la participación de las organizaciones indígenas que vienen aportando en el PNA.
Organizaciones firmantes se pronunciaron a favor de las medidas anunciadas por el gobierno para impulsar una reforma tributaria justa que permita una mayor inversión en salud, educación o vivienda. El Perú es de los países que menos recauda en América Latina, y se requieren mayores recursos para afrontar la pandemia y la crisis generada por esta. El paquete de medidas propuestas por el Ejecutivo debe invitar a un debate democrático en el Congreso de la República, poder del Estado que debe anteponer el bienestar y los derechos de los peruanos y peruanas.
Representantes de la sociedad civil de la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú, publicaron este declaración luego de la Sesión Pública del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo Comercial entre el Perú, Colombia y Ecuador, y la UE.
Pronunciamiento de las diversas organizaciones sociales, comunidades originarias, frentes de defensa, asociaciones de afectados por la contaminación, plataformas de salud ambiental y otros colectivos de afectados y afectadas agrupados en la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (PNAMMOQT) y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana (MTSAH) reunidas en el Encuentro de voceros y voceras de la Plataforma los días 18 y 19 de octubre en Lima.
A pesar de tener acuerdos firmados con la mayoría de los países involucrados, este Congreso saliente ha insistido en la ratificación de este acuerdo, a pesar que ya no le correspondía. Este proceso debía ser acompañado de una evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país y de un diálogo con la sociedad civil que ha expresado, por años, su desacuerdo.
La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.