Transiciones y alternativas al extractivismo

Taller Regional

El rol de la mujer en la búsqueda de alternativas al desarrollo en Cajamarca

Cajamarca, 28 y 29 de noviembre de 2017

La Red Peruana por una Globalización con Equidad RedGE, con el apoyo de la Red Muqui, Grufides, la Red Interquorum Cajamarca y la Fundación Friedrich Ebert, realizó, por primera vez, un taller regional dirigido sólo a mujeres, cuyo objetivo fue promover el debate entre las mujeres sobre posibles propuestas para emprender transiciones al postextractivismo, enfocándonos en los cambios en las políticas e instituciones regionales. La actividad se realizó los días 28 y 29 de noviembre de 2017 y contó con la participación de lideresas de comunidades campesinas de Cajamarca, jóvenes, representantes de organizaciones de la sociedad civil regionales, así como funcionarias del Gobierno Regional.

Martin Scurrah, de la RedGE, fue uno de los profesores del taller, quien, durante su exposición indicó que la idea central es que no hay una sola alternativa al extractivismo o una utopía sino que hay que buscar, construir y emprender caminos o transiciones a un futuro fundamentado en la defensa y la realización plena de los derechos humanos y de la naturaleza.

Añadió que se presenta una definición del extractivismo y sus características, así como de algunos de sus impactos, tales como se presentan hoy en día con la extracción depredadora. Se propone una transición en dos etapas de la extracción depredadora a la extracción sensata y de la sensata a la indispensable. Para transitar de la extracción depredadora a la sensata (primera etapa de transición) se propone una serie de medidas inmediatas y de emergencia y de la sensata a la indispensable (segunda etapa) otra serie de medidas a mediano y largo plazo.

También se presentan algunas características de las regiones y del sistema de regionalización en el Perú que se tiene que tener en cuenta al momento de emprender una transición de la extracción depredadora a la extracción sensata en Cajamarca. En seguida se presenta una serie de medidas para la región, incluyendo, entre otras, la zonificación ecológica económica y el ordenamiento territorial, el planeamiento de las actividades económicas, la cooperación entre las regiones, la transparencia, la participación ciudadana, la vigilancia y monitoreo ciudadana, la internalización por las empresas de sus costos sociales y ambientales, entre otras.

En este contexto se presentan algunas consideraciones que se tendría que tener en cuenta al momento de discutir el papel de la mejer en los procesos de transición. En seguida se presentan algunos casos de regiones que han tomado iniciativas para controlar o reglamentar la extracción, como Moquegua y las modificaciones al diseño del proyecto Quellaveco, Cajamarca y el cuestionamiento al proyecto minero Conga, San Martín y sus políticas territoriales para defender la naturaleza y combatir la deforestación y Piura con el desarrollo de un consenso regional que incluye mecanismos para que el gobierno regional rinda cuentas. Se concluye que, a pesar de que las competencias formales para regular la extracción de los recursos naturales residen principalmente en el gobierno nacional, los gobiernos regionales y sus ciudadanos pueden tomar medidas para promover una transición hacia la extracción sensata y, eventualmente, indispensable. Ver presentación de Martín Scurrah

Foro Público

Riesgos e impactos de la minería en Cajamarca

Cajamarca, 28 de noviembre de 2017

Con el fin de debatir sobre los impactos ambientales que ya se dejan sentir en la región  por las actividades extractivistas, los conflictos sociales generados por esta actividad y  la importancia de la mujer en la lucha por el respeto a los derechos sobre la naturaleza    y su territorio; la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, con el  apoyo de la Red Muqui, Grufides, la Red Interquorum Cajamarca y la Fundación  Friedrich Ebert, realizaron el Foro Público “Riesgos e impactos de la minería en  Cajamarca y alternativas de desarrollo sostenible”, el día 28 de noviembre en    Cajamarca.

​En el foro participaron como panelistas Martín Scurra de RedGE; Sergio Sánchez,  especialista en Gestión Territorial; Dickson Laban Chinchay,  Gerente de Recursos  Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca y  Ana María    Llamoctanta, Presidenta de las Rondas de Mujeres del Tambo, Bambamarca.

Las concesiones mineras en Cajamarca

Para Sergio Sánchez existen 1,083 pasivos ambientales inventariados en todo Cajamarca, y en  el transcurso de los años seremos la región en todo el Perú, con más pasivos mineros de la  historia. Hay zonas en Hualgayoc que están totalmente contaminadas por la minería formal e  informal y, según la OEFA, el desastre es total. “Qué hacemos, no podemos permitir que este  problema aumente, no podemos permitir que los conflictos sociales por la actividad minera se  incrementen los próximos años, las autoridades tienen que hacer su trabajo”, manifestó.

Sánchez indicó que hablar de Cajamarca es hablar de un elevado número de concesiones  mineras, pero también es hablar del incremento de los conflictos sociales, de las personas que  están contaminadas con plomo en la sangre y del número de muertes que ello ocasiona.

En Hualgayoc hay pasivos ambientales que deben ser  fiscalizados por las autoridades. “Tiene  que haber un proceso de remediación que, si bien es complejo, debe estar articulado con toda la  población. Hay gente enferma, en el año 2002 se hizo una evaluación a 311 personas de la  zona, y todos tenían plomo en la sangre. Este proceso de remediación es importante para  solucionar un problema fuerte, y allí también se debe mirar desde el gobierno nacional”, enfatizó.

Se necesita un Ministerio de Energía más serio porque el problema en Cajamarca es la falta de agua, la mayoría de fuentes de agua se han secado por la actividad minera, y todos los cajamarquinos nos preguntamos ¿quién le dará agua a Cajamarca en 15 o 20 años?.

Los conflictos sociales 

A su turno Dickson Laban, indicó que el responsable de los conflictos sociales en Cajamarca es el Ministerio del Ambiente, ya que se hace a un lado y no tiene un verdadero compromiso con el pueblo, que vive afectado por la actividad minera. “Hay personas contaminadas con plomo, se entregan las muestran de sangre pero ni el MINAM ni el MINSA hacen caso, por el contrario están en cosas muy superficiales”, afirmó.

Añadió que los ingresos recaudados según la principal actividad económica, muestran que  desde el año 2000 hasta el 2016, el sector agropecuario presenta una curva ligeramente en  crecimiento, le sigue el sector construcción, con un cierto despegue y el sector comercio con  mayor aceleración. Pero cuando se habla del sector minero, se ve que su historial es muy volátil,  ya que creció del 2004 al 2007 pero cae en el 2009. “Si la economía de Cajamarca dependiera  de la minería todos hubiéramos caído. Aquí demostramos que la estabilidad económica la viene  dando la manufactura, que va generando mayores ingresos en estos años”, resaltó. 

Si hablamos del Impuesto a las Ventas, vemos que el sector minero etuvo un ingreso de 12 mil  millones de soles, pero devolvió al Estado peruano 13 mil 500 millones de soles, es decir perdió,  ¿quién hace un negocio para perder?, si vemos esta cifra, eso quiere decir, que más bien el  Estado le debe dinero.

Desde la región Cajamarca proponemos, diversificación económica y productiva,  basado en ciertos parámetros de análisis que nos permitan avanzar en un crecimiento  sostenible. En materia de productos de reforestación, tenemos una propuesta de  conservación del complejo de lagunas y el proyecto del laboratorio regional del agua, en  la que acompañarán los campesinos de la zona. “lamentablemente el ANA nos deja sin  piso, y no nos presta interés, sin embargo, el pueblo será quien haga validar este tipo  de trabajos que brinda el gobierno regional”, dijo. 

La agricultura genera sostenibilidad, por ello, se está en búsqueda de producción  regional. Cajamarca es una región que vive de la agricultura, para ello es necesario  fortalecer la asociatividad con un enfoque territorial y enfoque de mercado, es decir,  asociaciones que hagan conocer productos, como el café, que es producción orgánica,  cuyo quintal de exportación cuesta 10 mil dólares y es considerado el mejor del mundo.  “Queremos elevar la producción en un 20 por ciento, queremos instalar el parque   industrial y darle valor agregado a los productos de Cajamarca como el café, la leche, la papa”, sostuvo.

La posición de la mujer cajamarquina

Finalmente Ana María Llamoctanta narró que los campesinos vivimos de la agricultura y la ganadería, como cajamarquinas estamos pendientes de los problemas de la minería. “La mina nos trae destrucción, contaminación y enfermedades, los cajamarquinos estamos decepcionados de la minería porque nos han enfermado con plomo, y el gobierno ha querido reprimirnos a punta de balas, nosotras no nos dejamos y defenderemos nuestras tierras unidas para que la minería siga avanzando”.

Esta actividad afecta nuestro patrimonio, nuestra economía y nuestra tierra. En las luchas la  mujer siempre ha estado delante de los varones para defender nuestro derecho que es el agua.

Exposiciones:

Ver la presentación de Martin Scurrah.

Ver presentación de Sergio Sánchez

Ver presentación de Dickson Laban

Foro Público

Riesgos e impactos de la minería en Cajamarca

Cajamarca, 28 de noviembre de 2017

Galería de Fotos

Mesa Redonda

Extractivismos y Corrupción

26 de octubre de 2017

En el marco de los 20 años de vida institucional de nuestro socio CooperAcción realizamos, el 26 de octubre de 2017, la Mesa Redonda “Extractivismos y Corrupción. Anatomía de una íntima relación”, cuyo objetivo fue dialogar en torno a las conexiones de la problemática de corrupción desde una mirada ecológica política, incluyendo sus efectos en las relaciones con la Naturaleza y en la construcción de políticas. 

Esta actividad se realizó el 26 de octubre de 2017, en el marco de la última investigación de Eduardo Gudynas del Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES, y contó con la participación, como panelistas, de Ana Leyva, Directora de CooperAcción y Milagros Salazar, periodista de CONVOCA.

Durante su exposición, Gudynas explicó que este estudio empezó hace varios años y se apoya en los mecanismos conceptuales y de estructura del funcionamiento de las redes de corrupción en las actividades extractivas, en aquellas que involucran la extracción de recursos naturales. “Es un análisis de cómo funciona la relación y evaluación de la corrupción, basado en 139 casos comprobados en 10 países sudamericanos, estos casos se desarrollan tanto en el ámbito público como privado y en organizaciones grandes y pequeñas”, añadió.

Gudynas indicó que para todos los tipos de extractivismo hay casos de corrupción desde los forestales hasta los mineros y petroleros, no hay ninguno que se libre de la corrupción. Hay en todos los sectores. Hay en todos los países e incluso en los países con los indicadores de transparencia institucional como Chile y Uruguay. “En todos los regímenes hay casos de corrupción, en manos de empresas privadas, mixtas o estatales. Nadie se salva”.

Hay muchos tipos de corrupción, hay obstrucción de la justicia, actos de violencia en las comunidades locales, abuso de funciones, tráfico de influencias para evitar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). La prensa pone énfasis en los sobornos pero hay una serie de expresiones de la corrupción.

La corrupción funciona en acciones ilegales y alegales, vinculadas a esquemas de tributaciones. Gudynas sostuvo que  uno de los hallazgos de su estudio fue que la corrupción trabaja tanto en lo alegal como lo ilegal, pero intenta ampliarse en el campo de lo legal, cuanto más grande es lo legal, es más fuerte la presión política y económica para que se amplíe la corrupción. 

“Los casos de corrupción vinculados a los extractivismos han penetrado en las altas esferas del ámbito político pero también penetra en las comunidades, con pagos de sobornos, muchas veces a los abogados y líderes, y allí comienza una lucha entre comunidades y líderes y eso abre la corrupción. La corrupción en los extractivismos funciona en todas las fases, ejecución y exploración  como el caso Odebrecht”, finalizó.

A su turno la periodista Milagros Salazar, indicó que los contextos relacionados al extractivismo y la corrupción tienen un alto grado de influencia en el poder corporativo de estas industrias y en las decisiones del Estado con diversos mecanismos como lobbys y puertas giratorias donde hay privilegios para ciertos sectores y empresarios, en desmedro de un sector minoritario de la población.

“Hay vacíos legales para cometer ciertas acciones y validarlas, se crean y aprueban normas de acuerdo a los mecanismos de influencia, y desde el periodismo es muy complejo para investigar estas corrupciones “legales”, los abogados naturalizan ciertas prácticas que se fortalecen a partir de líderes de opinión que entrevistan en los medios de comunicación y que representan a ciertos intereses”, enfatizó.

Salazar añadió que el alto grado de influencia de las empresas como mineras o petroleras en el Perú se vio reflejada en el artículo 19 de la Ley 30230 que hizo reducir multas a las empresas con infracciones ambientales probadas para promover la inversión y garantizar el crecimiento del país. “El Estado perdonó estas multas y en los 8 primeros meses se perdonó multas por 55 millones de soles tanto en el sector petrolero como minero, se perdonaron multas por infracciones graves como derrames de desechos tóxicos. Esto es muy fuerte y de locos”, criticó.

Ver presentación de Milagros Salazar

Para Ana Leyva, hay corrupción política muy sofisticada, hay compras de dirigentes, y eso tiene un impacto impresionante. El tema de la corrupción se plantea en un marco social y hasta cultural, es un tema que va mucho más allá del delito, es un problema social, la corrupción se ha institucionalizado en el Estado, por lo tanto hace que afrontarlo se haga más difícil. “La corrupción ha evolucionado, ha cambiado, la actividad extractiva produce mucho dinero y la corrupción está presente en todas las esferas, y lamentablemente hay una debilidad institucional del Estado que hace que no exista ningún control”, enfatizó.

Foro Público

Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco

Piura, 20 de octubre de 2017

La Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, con el apoyo de la Red Muqui, la Red Interquorum Piura, la Universidad Nacional de Piura, la Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (Redad) y la Fundación Friedrich Ebert realizaron el foro público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas de desarrollo sostenible para Piura”, cuyo objetivo fue presentar los riesgos que representa para la región este proyecto minero, los impactos ambientales y sociales que ya ha generado solo en la etapa de exploración y visualizar las alternativas de desarrollo que existen y que privilegian la protección de los ecosistemas del Páramo y Bosques de Neblina , así como las fuentes de agua.

La actividad, que se realizó en el Auditorio Central de la UNP el 20 de octubre de 2017, también analizó el contexto de la reconstrucción regional, luego de los desastres naturales, priorizando la prevención y la sostenibilidad de las comunidades campesinas. Para ello, contó con la participación de los expertos Martin Scurrah, consultor de la RedGE, Javier Jahncke de la Red Muqui, Isaúl Guerrero, Presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Huancabamba, Piura, Osmán Mija, Representante Legal de la Comunidad Campesina de Yanta, Ayabaca, Piura, Katy Carrillo,  de la ONG Naturaleza y Cultura Internacional y Luis Bardales Pérez, Coordinador de Proyectos de la ONG Progreso de Piura.

Durante su exposición, Martín Scurrah señaló que no hay una sola alternativa al extractivismo sino caminos posibles de transiciones para una sociedad mejor, en ese sentido, dijo que lo mejor es construir y emprender estos caminos para un futuro mejor,  en la que primen el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente y la naturaleza. 

“El extractivismo busca satisfacer la necesidad de países del exterior y busca la explotación de recursos naturales, y muchas veces está asociado a la corrupción, la contaminación del suelo, del agua y hasta de la salud pública”, manifestó. 

Scurrah explicó que para llevar un extractivismo depredador a uno sensato se debe cumplir con la normatividad, “lamentablemente no se cumplen las normas, el Estado debe hacer que se cumplan, insistir que se use tecnología de alto nivel con estándares mundiales, generar participación más activa con los ciudadanos, respetar los convenios internacionales, y fortalecer el sistema de valorización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y hacerlos vinculantes, ya que han sido debilitados en los últimos años”.

“Piura tiene que reforzar sus acciones y medidas como Gobierno Regional y tomar en cuenta la información existente para aplicar políticas territoriales que nos indiquen cuáles son las zonas vulnerables para la minería y la agricultura, y hacer un uso óptimo de los recursos naturales. Exigir estándares altos entre las regiones, promover y exigir transparencia a las empresas, la población debe conocer en qué se gasta el dinero y obligar a las empresas a cuidar los costos medioambientales”, finalizó.

Para Javier Jahncke de la Red Muqui, la reducción del precio de los minerales, la afectación de las inversiones y los casos de corrupción como el de Odebrecht no han limitado la perspectiva de las actividades extractivas, por el contrario se está ampliando la frontera para tener un mayor ingreso económico en el país. 

“Esto genera que se plantee un destrabe normativo  de políticas públicas que acreciente el crecimiento del extractivismo. Seguimos dependiendo de los precios de los minerales y las consecuencias se ven con detalle en los marcos normativos. Todos estamos preocupados por el Mundial, si Perú irá o no al Mundial, pero no nos estamos dando cuenta  que en el Congreso se están discutiendo cosas que pueden generar un riesgo para las comunidades campesinas y población en general”, advirtió.

Jahncke indicó que existe la posibilidad de un crecimiento de la frontera de actividades como la minería, que se realiza en comunidades campesinas y nativas,  afectando la propia existencia de estas comunidades.  En el caso de Piura, considerado como la región con mayor presencia de inversiones, se está discutiendo en el Parlamento, un proyecto de ley que plantea declarar de interés nacional el tema de la titulación de tierras de las comunidades campesinas de esta región. 

“Si uno escucha esto, lo ve muy bien porque le dará legalidad a la situación, pero  la pregunta es qué tanto pueda afectar a las comunidades en el marco nacional normativo. No solo hay que preocuparse por este proyecto  sino referirse a la Ley 30230, que tiene una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional porque establece, en sus artículos 36, 37 y 38, que se haga el saneamiento físico legal pero para proyectos de inversión que cuenten con concesiones otorgadas por el gobierno nacional, es decir, concesiones mineras, con ello el riesgo de una comunidad de perder su tierra es mucho mayor”, enfatizó.

¿Dónde está la seguridad jurídica en este caso?, se preguntó al lamentar que se está pasando por encima de los derechos de la comunidad, se regula y desregula una acción para favorecer al extractivismo, ¿dónde está el apoyo a la actividad agrícola y ganadera de Piura, dónde está el apoyo del gobierno?”, finalizó.

A su turno, Isaúl Guerrero, Presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas en Huancabamba, señaló que su comunidad es ancestral, con 178 años de existencia siendo una comunidad nativa, y sólo han tenido 8 conflictos en defensa de sus tierras y de sus Páramos. Cuentan con 34 caseríos entre Cajas y Carmen de la Frontera, con Bosques de Niebla que producen agua para toda la región. “Queremos seguir mejorando para tener buenas cosechas y mejorar nuestra economía, pero estamos preocupados por la actividad minera porque solo en la etapa de exploración, no se ha respetado nuestros derechos como comuneros”, acotó. 

Para Osmán Mija, Representante Legal de la Comunidad Campesina de Yanta, Ayabaca, existe un problema social, que es la minería como Río Blanco o Majas, que está causando un daño innumerable, un daño económico y moral a los mismos comuneros. “Un dirigente o un rondero están procesados, algunos condenamos a 20 años de cárcel sólo por defender su territorio. Es la realidad de la comunidad  campesina  de Yanta. Por reclamar sus derechos vienen siendo denunciados, perseguidos por el Poder Judicial, por la Policía, todos a través del poder económico”, denunció.

Mija aclaró que las comunidades de Ayabaca y Huancabamba no se oponen a la actividad minera, por el contrario, quieren minería pero minería responsable, “lamentablemente esta minería no se da en el Perú, tenemos ejemplos como Conga, en Cajamarca o Cerro de Pasco, donde no se respetan los EIA y la gente vive con plomo en la sangre. Cómo pretenden que nosotros le creamos si no han hecho nada para decirnos que su actividad minera será beneficiosa para las comunidades”, finalizó.

Taller Cerrado

Ontología y Desarrollo, Política y Otra-Política

27 de abril de 2017

En distintas disputas sobre las concepciones de la calidad de vida, la salud o el ambiente, surgen interpretaciones muy diversas sobre qué es la buena vida o cómo entender a la naturaleza. Entre esas tensiones, en los últimos años ha quedado en evidencia que muchos grupos locales, y en particular pueblos indígenas, defienden posturas que a su vez son parte de concepciones mucho más amplias. Están en juego lo que comúnmente se conocen como “cosmovisiones”, y desde esas formas de sentir y pensar es que se despliegan acciones políticas.

Para entender mejor este proceso, la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE y el Centro Peruano de Ecología Social - CLAES de Uruguay convocaron a un taller cerrado con la participación de reconocidos académicos, intelectuales de organizaciones ciudadanas y líderes de la sociedad civil de diversas partes de la región, con el fin de discutir con calma y profundidad esos distintos modos de entender la política y los actores en ella.

En el taller participaron Mario Blaser (antropólogo argentino, Memorial Univ Newfoundland, Canadá) ; Boris Rodríguez Ferro (IDECA, Puno, Perú); Cristina Rojas (colombiana, Carleton University, Canadá); Mario Palacios (COICA, Perú); Marisol de la Cadena (peruana, Univ California Davis, EEUU); Rickard Lalander (University Stockholm, Suecia) ; Rocío Silva Santisteban (PUC Perú);  

Raphael Hoetmer (PDTG, Perú); Jaime Borda (DHSF, Cusco, Perú); Malayna Raftopoulos (Aalborg Univ, Dinamarca); Salvador Schavelzon (argentino, Univ Federal S Paulo, Brasil); Mar Daza (PDTG, Perú); Markus Kroger (Univ Helsinki, Finlandia); María Guzmán Gallegos (colombiana, Universidad Oslo, Noruega); Yolanda Flores (Puneña, Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, Perú); Ana Romero (RedGE, Perú) y Eduardo Gudynas (CLAES, Uruguay).

La actividad se estructuró a partir de la idea de “ontologías”, concebidas como esas “cosmovisiones” o modos de entender el mundo. Esto permitía incorporar, con respeto, posiciones como las muy conocidas en Perú donde hay quienes sostienen que, por ejemplo, una montaña está en contra de un proyecto minero. Este es un ejemplo que muestra que desde otra ontología se genera “otra política”, donde la montaña también es un actor político.

Los objetivos del taller fueron promover el encuentro entre esos diferentes tipos de saberes, y a la vez contribuir a que líderes de organizaciones indígenas o campesinas puedan defender sus propias ontologías en sus propios términos. El evento contó con el apoyo de 11.11.11, la Fundación Mott, Oxfam y BD.