Presentación
Foro Público
Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco
Piura, 20 de octubre de 2017
La Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, con el apoyo de la Red Muqui, la Red Interquorum Piura, la Universidad Nacional de Piura, la Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (Redad) y la Fundación Friedrich Ebert realizaron el foro público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas de desarrollo sostenible para Piura”, cuyo objetivo fue presentar los riesgos que representa para la región este proyecto minero, los impactos ambientales y sociales que ya ha generado solo en la etapa de exploración y visualizar las alternativas de desarrollo que existen y que privilegian la protección de los ecosistemas del Páramo y Bosques de Neblina , así como las fuentes de agua.
La actividad, que se realizó en el Auditorio Central de la UNP el 20 de octubre de 2017, también analizó el contexto de la reconstrucción regional, luego de los desastres naturales, priorizando la prevención y la sostenibilidad de las comunidades campesinas. Para ello, contó con la participación de los expertos Martin Scurrah, consultor de la RedGE, Javier Jahncke de la Red Muqui, Isaúl Guerrero, Presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Huancabamba, Piura, Osmán Mija, Representante Legal de la Comunidad Campesina de Yanta, Ayabaca, Piura, Katy Carrillo, de la ONG Naturaleza y Cultura Internacional y Luis Bardales Pérez, Coordinador de Proyectos de la ONG Progreso de Piura.
Durante su exposición, Martín Scurrah señaló que no hay una sola alternativa al extractivismo sino caminos posibles de transiciones para una sociedad mejor, en ese sentido, dijo que lo mejor es construir y emprender estos caminos para un futuro mejor, en la que primen el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente y la naturaleza.
“El extractivismo busca satisfacer la necesidad de países del exterior y busca la explotación de recursos naturales, y muchas veces está asociado a la corrupción, la contaminación del suelo, del agua y hasta de la salud pública”, manifestó.
Scurrah explicó que para llevar un extractivismo depredador a uno sensato se debe cumplir con la normatividad, “lamentablemente no se cumplen las normas, el Estado debe hacer que se cumplan, insistir que se use tecnología de alto nivel con estándares mundiales, generar participación más activa con los ciudadanos, respetar los convenios internacionales, y fortalecer el sistema de valorización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y hacerlos vinculantes, ya que han sido debilitados en los últimos años”.
“Piura tiene que reforzar sus acciones y medidas como Gobierno Regional y tomar en cuenta la información existente para aplicar políticas territoriales que nos indiquen cuáles son las zonas vulnerables para la minería y la agricultura, y hacer un uso óptimo de los recursos naturales. Exigir estándares altos entre las regiones, promover y exigir transparencia a las empresas, la población debe conocer en qué se gasta el dinero y obligar a las empresas a cuidar los costos medioambientales”, finalizó.
Para Javier Jahncke de la Red Muqui, la reducción del precio de los minerales, la afectación de las inversiones y los casos de corrupción como el de Odebrecht no han limitado la perspectiva de las actividades extractivas, por el contrario se está ampliando la frontera para tener un mayor ingreso económico en el país.
“Esto genera que se plantee un destrabe normativo de políticas públicas que acreciente el crecimiento del extractivismo. Seguimos dependiendo de los precios de los minerales y las consecuencias se ven con detalle en los marcos normativos. Todos estamos preocupados por el Mundial, si Perú irá o no al Mundial, pero no nos estamos dando cuenta que en el Congreso se están discutiendo cosas que pueden generar un riesgo para las comunidades campesinas y población en general”, advirtió.
Jahncke indicó que existe la posibilidad de un crecimiento de la frontera de actividades como la minería, que se realiza en comunidades campesinas y nativas, afectando la propia existencia de estas comunidades. En el caso de Piura, considerado como la región con mayor presencia de inversiones, se está discutiendo en el Parlamento, un proyecto de ley que plantea declarar de interés nacional el tema de la titulación de tierras de las comunidades campesinas de esta región.
“Si uno escucha esto, lo ve muy bien porque le dará legalidad a la situación, pero la pregunta es qué tanto pueda afectar a las comunidades en el marco nacional normativo. No solo hay que preocuparse por este proyecto sino referirse a la Ley 30230, que tiene una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional porque establece, en sus artículos 36, 37 y 38, que se haga el saneamiento físico legal pero para proyectos de inversión que cuenten con concesiones otorgadas por el gobierno nacional, es decir, concesiones mineras, con ello el riesgo de una comunidad de perder su tierra es mucho mayor”, enfatizó.
¿Dónde está la seguridad jurídica en este caso?, se preguntó al lamentar que se está pasando por encima de los derechos de la comunidad, se regula y desregula una acción para favorecer al extractivismo, ¿dónde está el apoyo a la actividad agrícola y ganadera de Piura, dónde está el apoyo del gobierno?”, finalizó.
A su turno, Isaúl Guerrero, Presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas en Huancabamba, señaló que su comunidad es ancestral, con 178 años de existencia siendo una comunidad nativa, y sólo han tenido 8 conflictos en defensa de sus tierras y de sus Páramos. Cuentan con 34 caseríos entre Cajas y Carmen de la Frontera, con Bosques de Niebla que producen agua para toda la región. “Queremos seguir mejorando para tener buenas cosechas y mejorar nuestra economía, pero estamos preocupados por la actividad minera porque solo en la etapa de exploración, no se ha respetado nuestros derechos como comuneros”, acotó.
Para Osmán Mija, Representante Legal de la Comunidad Campesina de Yanta, Ayabaca, existe un problema social, que es la minería como Río Blanco o Majas, que está causando un daño innumerable, un daño económico y moral a los mismos comuneros. “Un dirigente o un rondero están procesados, algunos condenamos a 20 años de cárcel sólo por defender su territorio. Es la realidad de la comunidad campesina de Yanta. Por reclamar sus derechos vienen siendo denunciados, perseguidos por el Poder Judicial, por la Policía, todos a través del poder económico”, denunció.
Mija aclaró que las comunidades de Ayabaca y Huancabamba no se oponen a la actividad minera, por el contrario, quieren minería pero minería responsable, “lamentablemente esta minería no se da en el Perú, tenemos ejemplos como Conga, en Cajamarca o Cerro de Pasco, donde no se respetan los EIA y la gente vive con plomo en la sangre. Cómo pretenden que nosotros le creamos si no han hecho nada para decirnos que su actividad minera será beneficiosa para las comunidades”, finalizó.
Con la presencia de jóvenes y representantes de organizaciones de la sociedad civil de 6 regiones del norte del país como Amazonas, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Ancash y Loreto, así como de tres provincias de Cajamarca, como Hualgayoc y Celendín, se realizó en la ciudad de Cajamarca el Curso Macro Regional Norte Alternativas al Extractivismo. Construyendo el Buen Vivir de las regiones. El curso se desarrolló con el apoyo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) de Uruguay, la Fundación Friedrich Ebert, la Red Interquorum de Cajamarca, la Red Muqui, PDTG y 11.11.11, y tuvo como objetivo analizar y buscar alternativas a las actividades extractivas, que ya vienen generando no solo problemas ambientales sino conflictos sociales. 
El curso, que forma parte de una serie de actividades que realiza la RedGE en las regiones, se realizó los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2016, y se dividió en dos partes, la primera parte, con trabajos de grupo y dinámicas al aire libre, estuvo liderado por Mattes Tempellman de la Red Muqui y Mar Daza de PDTG, quienes ayudaron a los participantes a reconocer lo valioso de su territorio, sus recursos naturales y su gente, con el fin de identificar herramientas e insumos para encontrar alternativas al desarrollo. También identificaron dinámicas de impulso espiritual con un enfoque al territorio y al Buen Vivir. Gracias a este trabajo grupal se identificó el problema en cada región y los conflictos sociales latentes que derivan de estas problemáticas. Gracias a ello, se identificaron los siguientes problemas:
Tumbes: La contaminación del Río Tumbes, el segundo más caudaloso del Perú, por la existencia de la minería ilegal de extracción de oro y plata. Todos estos relaves son vertidos al rio, lo que genera la contaminación de sus aguas y afecta a la población rural y a los cultivos. Esta región cuenta con el 35% de áreas naturales protegidas, pero lamentablemente están siendo golpeadas por agentes contaminantes y actividades que perjudican estos espacios como la tala ilegal, financiada por empresas de Ecuador y Lima. Otro problema es la extensión de las langostineras en toda la costa de Tumbes, que ha traído conflictos por la pérdida de diversidad biológica.
Piura: La pesca ilegal y la pesca de arrastre es la problemática en toda la costa de Piura, en la que extraen todo lo que encuentran en el mar. Una alternativa a ello, son las reservas o parques nacionales para que estas especies marinas puedan madurar. En Talara, la problemática es la refinería, en Sechura, la minería y los hidrocarburos, en Ayabaca, la minería ilegal y en la sierra de Piura, la deforestación de algarrobos. Casi todo Sechura esta concesionado para el gas y el petróleo con la venia del gobierno, que firma convenios con las empresas sin consultar a la población. 
Lambayeque: La explotación minera está matando a las especies marinas de las costas de esa región. Hay 19 áreas de protección, pero solo 6 están reservadas con resolución ministerial, las otras tienen graves problemas de contaminación porque no hay control de ninguna autoridad. El monocultivo de arroz en Ferreñafe y Lambayeque ha provocado la salinización de las tierras y ha afectado el agua para consumo humano, otro problema es la producción de azúcar en Chongoyape, Pucalá y Cayaltí porque no hay un buen manejo de los residuos sólidos, que contamina el ambiente. Se están dando concesiones para la explotación de pozos a grandes expresas agroexportadoras de grupos de poder, lo que hace más difícil acceder al agua. En Cañaris está la mina de cobre y hasta el momento existe un conflicto social latente en esa zona del país.
La Libertad: Los cerros están concesionados a las mineras, En Sánchez Carrión y Otuzco se encuentra la empresa minera Barrick Mistichilca, que ha generado conflictos entre los mismos pobladores de ambas zonas, ya que esta empresa da incentivos y divide a quienes le dicen no a la minera y a quienes le dicen si a la minera. Hay escases de agua en Santiago de Chuco y en Otuzco por el proyecto Chavimochic y el monocultivo de espárragos para la exportación.
Ancash: En Chimbote existe contaminación ambiental y del mar por la presencia de más de 30 empresas instaladas en ese puerto. Existen muchos conflictos sociales por este problema, y sobre todo con los pescadores artesanales. En lo minero, está la empresa Antamina, que ha generado problemas ambientales y sociales por los pasivos ambientales, que llegan al rio Santa y luego a la costa, afectando los cultivos. 
Explicó el Desarrollo Alternativo y Alternativas al Desarrollo, sus objetivos y la conceptualización de las Transiciones, así como las estrategias y alternativas al desarrollo en un contexto de Transiciones. Advirtió que si se continúa con esta situación los países andinos verán afectada su provisión de agua, las zonas costeras bajas sufrirán los efectos del aumento del nivel del mar, los países amazónicos perderán buena parte de sus selvas, los cambios en los regímenes de lluvia producirán sequías e inundaciones y eventos climáticos extremos afectarán a todos los países.
