Organizaciones de Sociedad Civil enviaron una solicitud de reunión a los 130 congresistas de la República, a fin de dialogar sobre los impactos positivos y negativos del comercio internacional.
Organizaciones de Sociedad Civil solicitaron una reunión con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, a fin de dialogar sobre los impactos positivos y negativos del comercio internacional.
Representantes de la sociedad civil de la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú, publicaron este declaración luego de la Sesión Pública del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible en el marco del Acuerdo Comercial entre el Perú, Colombia y Ecuador, y la UE.
Carta de solicitud de reunión y entrega de Documento sobre ISDS: El régimen de protección de inversiones y sus impactos en Perú. Se le alcanzó a los ministros de Estado, un análisis sobre la política de apertura comercial en el Perú. Y es que nuestro país lleva firmados más de 20 acuerdos comerciales de los cuales 13 permiten la resolución de controversias inversor-Estado (ISDS) ante tribunales de arbitraje internacional y otro tanto de tratados bilaterales, los mismos que han sido negociados y firmados en otros escenarios y contextos.
Perú tiene una política de apertura comercial de larga data. En nuestro país se han firmado más de veinte acuerdos de libre comercio y se siguen negociando otros, con más países. Además, anteriormente a la firma de estos acuerdos se firmaron los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que incluyen una amplia protección para los inversores, otorgándoles derecho exclusivo a las empresas extranjeras a demandar a nuestro país ante tribunales de arbitraje internacional gracias a una cláusula de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Así los inversores extranjeros pueden demandarnos cuando sienten que sus ganancias se han visto afectadas negativamente. Hoy somos el cuarto país más demandado de América Latina y El Caribe; y entre el 2019 y 2020 fuimos el país más demandado del mundo, con seis demandas y un número similar como amenazas.
El Perú tiene 27 TBI vigentes, de los cuales, 18 de ellos ya han finalizado la fase inicial de vigencia -que generalmente va de 10 a 15 años-, lo que significa que nuestro país tiene la oportunidad de denunciarlos, es decir darles fin tal como se estipula en los propios tratados. Lo que no debería significar ninguna inestabilidad para nuestro intercambio comercial. Cabe decir que con estos países –por lo menos en su mayoría- se cuenta con Tratados de Libre Comercio (TLC).
Los TLC han sido firmados como “el remedio” para nuestro país, con la permanente propaganda de la atracción de inversiones como la puerta al desarrollo. Estos acuerdos van más allá de lo comercial y han demostrado que en aras de esa atracción de inversiones se terminan flexibilizando las normativas nacionales debilitando la institucionalidad, de ahí que muchas veces estos acuerdos han sido firmados muy a pesar de la protesta de diferentes actores, incluso a pesar de las opiniones contrarias de algunos sectores del mismo gobierno, como ha sucedido.
Luego de tantos años de promover esta política de apertura comercial y de cara a un gobierno que ha manifestado en campaña y en el discurso presidencial del 28 de julio la necesidad de revisar la política de apertura comercial, vale la pena promover una evaluación de lo que ha implicado esta política, ¿quiénes han sido los ganadores y quienes los perdedores?, ¿cuál es la balanza comercial como resultado de la firma de estos acuerdos?, ¿se deben renegociar los acuerdos comerciales?, ¿necesitamos seguir contando con los TBI? ¿por qué insistir en un capítulo de inversiones en los TLC?
A diferencia de los Tratados Bilaterales de Inversión, los acuerdos comerciales no tienen esta caducidad establecida, sin embargo, no son intocables ya que pueden ser revisados, actualizados, ajustados o incluso denunciados; pero no sirve de nada si no se tiene una visión clara de lo que han implicado hasta ahora.
Urge una evaluación objetiva de los impactos, positivos y negativos de la política de apertura comercial en la población, que además considere a los múltiples actores de la sociedad civil, la academia y otros relevantes, no se puede seguir adelante sin ello. Urge pensar en la política comercial que queremos, enmarcada en un comercio justo y con una visión de derechos.
Hace más de dos décadas en el Perú, se viene promoviendo una política de apertura comercial que mira al comercio como la panacea y por lo tanto no se ha detenido a ver el impacto real de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión que ha firmado. Ha tenido oportunidades para revertir algunos temas sensibles, como cuando China aceptó algunas recomendaciones del Informe Final del Examen Periódico Universal (EPU) en 2019, como la Recomendación 28.130 que señala promover medidas para garantizar que el desarrollo y los proyectos sean consistentes con los derechos humanos, el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales y la Recomendación 21.131 que señala que se debe considerar la creación de un marco legal que garantice que las actividades llevadas a cabo por las industrias no afecten de manera negativa a los derechos humanos fuera de sus fronteras.
Esto sucedió mientras Perú y China estaban en un proceso de negociación para optimizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países habían suscrito en 2009 y que entrara en vigencia el año siguiente. Con la aceptación de China a las recomendaciones del EPU, se abría una oportunidad para incluir un capítulo ambiental; de gran importancia para los peruanos y peruanas, sobre todo si consideramos que el grueso de la inversión China se concentra el sector extractivo minero y de hidrocarburos, lo que implica que se ven involucradas zonas de alta diversidad biológica y con presencia de comunidades indígenas; pero a pesar de las recomendaciones de la sociedad civil, no se implementó.
Cada que se negocia un acuerdo comercial en el Perú, saltan inmediatamente a la vista los esfuerzos por incluir medidas en beneficio de las grandes inversiones, como los mecanismos de protección para medicamentos, sobre la transmisión de información a través de internet o protecciones mayores en el mecanismo Inversionista-Estado y nuestro país, termina accediendo a las propuestas impuestas por los países con los que se negocia. Todo ello envuelto en un secretismo que ha venido agudizándose año tras año y sin tomar en cuenta a la sociedad civil. No es suficiente que Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) convoque a reuniones informativas para exponer el proceso de las negociaciones, eso de ninguna manera valida un ejercicio participación, de transparencia e información de calidad.
Hace unos días, el 14 de julio de 2021, el Congreso de la República saliente ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), también conocido como TPP-11, que involucra a 11 países (con la mayoría ya tenemos acuerdos comerciales firmados): Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perú. Y que hasta el momento había sido firmado por siete países. Este acuerdo, como otros ya firmados, va más allá de los asuntos meramente comerciales, y refuerza un ambiente comercial a favor de la gran inversión extranjera.
Esta ratificación express sin debate y análisis real, se ha llevado a cabo de espaldas a la sociedad civil. Este proceso debía ser acompañado de una evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país y de un diálogo con la sociedad civil que ha expresado, por años, su desacuerdo. El Congreso debió buscar la mejor y más amplia información, sin que el tiempo sea una prioridad, y en aras de salvaguardar los derechos de nuestras poblaciones, por encima de los intereses comerciales, se debió concertar un espacio amplio para la discusión.
Le corresponde al gobierno entrante hacer una evaluación de los impactos de la política de la apertura comercial que hasta el momento ha tenido implicancias en nuestra política interna y soberanía; asimismo, le corresponde establecer mecanismos que involucren la participación ciudadana, donde se pueda establecer que tipo de comercio queremos, las líneas rojas de las negociaciones y buscar un comercio que promueva una integración regional y no valide la agenda de los intereses de las trasnacionales afianzando un modelo de desarrollo extractivista que no coloca como prioridad en su agenda a los derechos humanos.
Foto / Publicado en: Para Amarilla
Por: Ana Romero, coordinadora ejecutiva de la RedGE
De acuerdo con los datos de la UNCTAD, entre los años 2019 y 2020, Perú recibió nueve demandas por parte de sus inversores. Solo en 2020, y en plena crisis sanitaria, el Estado peruano recibió seis demandas de arbitraje internacional, además de cinco amenazas de posibles querellas en estas mismas instancias.
Al 2020, el Perú acumuló 25 demandas de inversionistas de capitales extranjeros que operan en el país ante tribunales internacionales, de las cuales 13 aún están pendientes de resolver, y cuyos montos conocidos de indemnizaciones suman US$ 4,250 millones, según un estudio del Transnational Institute (TNI) de Holanda.
Solo el último año se presentaron seis nuevos casos ante el Ciadi y ante la Corte de Arbitraje Permanente o CPA (por sus siglas en inglés), con lo cual el Perú en el 2020 fue el país más demandado de todo el mundo ante esos tribunales, y el cuarto a nivel de América Latina y el Caribe, advirtió Bettina Müller, representante de TNI.
Los casos pendientes incluyen a la estadounidense Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings, que hace un reclamo vinculado a bonos de la reforma agraria, por US$1,800 millones; así como a la canadiense Lupaka Gold Corp, afectada por un bloqueo a su proyecto minero, y que planteó demanda al Estado por US$100 millones; entre otros (ver tabla).
Denunciantes
En general las demandas relacionadas a minería, gas y petróleo suman el 36% del total de querellas, el 80% de las cuales fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos.
Todos ellos plantearon sus demandas al amparo del mecanismo de Solución de Disputas Inversor-Estado, el cual está incluido en muchos de sus tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados comerciales (TLC) vigentes, que se empezaron a firmar a partir del 2010.
Oportunidad
No obstante, Müller observó que, en vista de que, de los 27 TBI que suscribió el Perú 18 ya pasaron su fase inicial de vigencia (de 10 a 15 años) que estipulan esos tratados, el Perú tiene la oportunidad de denunciar unilateralmente dos tercios de esos acuerdos bilaterales. Recomendó además iniciar una revisión integral en forma de auditoría de los acuerdos de protección de inversiones existentes para determinar si los beneficios propuestos son mayores que los perjuicios al Estado.
EN CORTO
Fallos. Como resultado de las demandas contra el Perú que favorecieron a empresas ante tribunales internacionales, se dispuso que el país abone US$19 millones. A ello se añaden los gastos del Estado en el pago de su defensa legal, que en el caso de Renco, por ejemplo, le costó US$ 8 millones, según TNI.
