La reciente derogatoria de la Ley N° 27360 -también conocida como la Ley de Promoción Agraria- tras las masivas protestas de los trabajadores de la agroexportación, marcó un momento de crisis, pero también de oportunidad para el país.
La protesta juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y su materialización involucra el ejercicio legítimo y constitucionalmente protegido de los derechos a la libertad de asociación, de reunión pacífica y expresión pública de opiniones, disensos, y/o la demanda del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El derecho a la protesta no debe ser estigmatizado sino defendido.
En los últimos días fuimos testigos de la violenta represión y la grave violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Se han producido
la muerte de dos jóvenes valerosos, detenciones arbitrarias, más de 200 heridos por diversos tipos de proyectiles, la obstrucción del trabajo de las y los
abogados y miembros de la prensa, así como el secuestro y la tortura de población civil que debe esclarecerse. Ayer martes 17, el señor Francisco Sagasti
Las instituciones y organizaciones sociales abajo firmantes expresamos lo siguiente:
El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad única para que el Estado peruano recupere y fortalezca los lazos de confianza entre nuestras autoridades y las peruanas y peruanos, así como para afianzar el compromiso del sector empresarial en la gestión ambiental del territorio nacional.
La Plataforma América Latina Mejor Sin TLC rechaza que la empresa de origen brasileño Odebrecht S.A. mediante su subsidiaria Odebrecht Latinvest S.à.r.l. con sede en Luxemburgo haya demandado a la República del Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo Banco Mundial, por mil doscientos millones de dólares (US$ 1´200,000,000.00), en relación a la cancelación del proyecto Gasoducto del Sur en 2017.
PRONUNCIAMIENTO ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL
Las plataformas nacionales y organizaciones de sociedad civil abajo suscritas, frente a lo ocurrido en el Congreso de la República con la difusión de tres audios y la denuncia realizada contra el Presidente Martín Vizcarra por el congresista Edgard Alarcón, ex-Contralor General de la República, se dirigen a la opinión pública y a los distintos poderes del Estado:
La denegación de confianza al Gabinete Cateriano, más allá del cuestionable desempeño de grupos políticos identificables, debe ser respetada y asumida como un llamado de atención al gobierno para que priorice la vida, la salud y el bienestar de todas y todos.
La primera y única prioridad de los negociadores comerciales en este momento debe ser eliminar todos los obstáculos, entre ellos las normas relativas a la propiedad intelectual incluidas en los acuerdos vigentes, que obstaculizan el acceso oportuno y asequible a suministros médicos tales como medicamentos, dispositivos, diagnósticos y vacunas que salvan vidas, así como la potestad de los gobiernos de adoptar todas las medidas necesarias para encarar esta crisis.
La Asamblea Argentina Mejor sin TLC, conjunto de organizaciones y personas que fue una de las impulsoras de la “Confluencia Fuera OMC” y de la “Confluencia Fuera G20-FMI” durante los años 2017 y 2018, y actual Capítulo Argentino de la Plataforma América Latina Mejor sin TLC, repudia enérgicamente las acciones de espionaje ilegales cometidas contra nuestros/as/es compañeros/as/es Luciana Ghiotto, Federico Whalberg, Mariano Treacy, Mariela Bacigalupo, José María Di Bello, Javier Echaide, Leandro Morgenfeld, Maria Lorena Di Giano, Francisco J.