Nota informativa publicada en el Diario La República, el 23 de octubre de 2011, que recoge declaraciones de Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de RedGE. El gobierno de Ollanta Humala podría excluir el mecanismo de arbitraje de inversión en el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) en el marco de las negociaciones que se realizan en Lima entre los nueve países miembros, explicó Alejandra Alayza, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad-RedGE.
Precisó que esta iniciativa significaría una nueva posición en la política comercial del país, puesto que actualmente las empresas extranjeras pueden demandar al Estado ante los fueros internacionales, pese a que hayan incumplido con el marco legal del país, como el caso de la minera Doe Run. Ello implicaría también renegociar el capítulo de inversiones en los TLC ya firmados.
“La posición de Australia, uno de los países que negocian el TPP, es excluir el mecanismo de demanda al Estado. Es una posición que el gobierno peruano perfectamente podría asumir. Es decir, se le otorga una serie de derechos de protección a los inversionistas, pero no se le da el derecho de evitar la jurisdicción nacional, los tribunales nacionales, y que demanden al Estado vía arbitraje”, advirtió Alayza.
Hilar fino en concesiones
El abogado Mario Castillo Freyre, experto en arbitrajes, sostuvo que el Estado puede negociar el capítulo de inversiones, pero se debe poner en la balanza cuánto ganaríamos y cuánto perderíamos, pues podría ahuyentar las inversiones.
Explicó que los países receptores de inversión, como el Perú, están “atados” a los tratados bilaterales y “no hay marcha atrás”. En ese sentido, recomendó “hilar fino” en las nuevas concesiones.
“No es que el Estado no pueda hacer nada, sino que tiene que hilar fino, no cometer una arbitrariedad sancionable, o se verá con una avalancha de demandas y millonarias indemnizaciones”, señaló.
A manera de ejemplo, recordó la concesión del Terminal Norte del Callao, otorgada durante el gobierno de Alan Garcia, la cual acabó en un arbitraje presentado por la empresa DP World. “Es el típico caso de una decisión que antes de ser tomada ya se preveía una demanda. A menos que esté muy seguro de mi posición jurídica, que puede ser el caso: no conozco al detalle. Pero si me lo advirtieron y lo hago es que no me interesa nada, porque el arbitraje no pasará en mi gobierno”, añadió.
Ver artículo: http://www.larepublica.pe/impresa/larepublica-lima-24-10-2011-pag19
