Publicado en el portal Actualidad Minera del Perú, el 27 de octubre de 2011, que recoge declaraciones de RedGE. En el marco del inicio de la IX Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Comercial Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), diversos expertos han opinado que es momento para que se eviten futuros casos como el de la empresa Doe Run, la cual ha demandado al Estado peruano por US$ 800 millones.
Manuel Pérez Rocha, del Institute for Policy Studies (IPS) de Washington DC, consideró que en el capítulo de inversiones de los acuerdos comerciales, el objetivo principal es otorgar a las grandes corporaciones facultades para recibir un trato superior al que reciben los actores económicos nacionales. “Estos acuerdos atan las manos de los gobiernos, cancelándoles su papel en la promoción del desarrollo económico y social”, agregó.
Pérez Rocha recomendó al gobierno adoptar una nueva posición en las negociaciones ya que de no hacerlo, se corre el peligro de soportar nuevas demandas.
“Estos tratados están diseñados para que los inversionistas extranjeros evadan los procesos de justicia nacionales y puedan contar con tribunales como el CIADI del Banco Mundial o UNCITRAL bajo auspicios de la ONU, o muchos otros, para obtener “indemnizaciones” millonarias que exceden muchas veces y por mucho las inversiones supuestamente afectadas por acciones tomadas por los gobiernos”, concluyo el experto.
Este tema viene siendo debatido y examinado permanentemente por la Red Peruana por una Globalización con Equidad (
www.redge.org.pe), quien al respecto en un pronunciamiento señala que Doe Run Perú / Renco Group muestra cómo inversionistas que han incumplido sistemáticamente las leyes nacionales usan el mecanismos de los TLC para evadir su responsabilidad, por lo que las nuevas negociaciones comerciales deben evitar la inclusión de estos mecanismos, resguardando la soberanía nacional y la capacidad reguladora del Estado.
DOE RUN PIDE AMPLIAR PAMA POR 3 AÑOS
Es clara la estrategia de la minera Doe Run, busca ampliar el plazo de cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por 36 meses a cambio de desistir del juicio que le ha iniciado al Estado Peruano.
Doe Run buscaría así implementar acciones que le permitan retomar sus operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, situación grave y peligrosa si consideramos que en la práctica podría ser la tercera ley de prórroga que el Estado le otorgaría a la empresa y la sexta ampliación en 14 años de cuestionables operaciones.
Se sabe que Doe Run habría ofrecido al Gobierno suspender el arbitraje iniciado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En el colmo de la desfachatez, también habría solicitado que el Estado Peruano sustituya al grupo Renco (propietario de Doe Run) en los juicios iniciados en Estados Unidos en su contra por pobladores de La Oroya que piden ser indemnizados por la intoxicación con plomo a causa de las operaciones de Doe Run.
Lo increíble de todo esto, es que la propuesta también fue dada a conocer a los acreedores mineros que abastecían de concentrados a la fundición de La Oroya, a quienes la empresa les habría solicitado un crédito de seis meses que le permita seguir operando, solicitud que fue rechazada.
Por más que el vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú, José Mogrovejo, señale que están haciendo esfuerzos para intentar que la operación se reactive en el menor plazo, lo concreto es que la empresa parece no ser consciente de la realidad, siendo el único actor que no da signos de querer asumir sus responsabilidades y consecuencias de malos manejos y gestión del complejo metalurgico.
Algunos acreedores de Doe Run se han reunido con el Ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, a quien le habrían informado que tienen una propuesta integral para poner en funcionamiento el Complejo Metalúrgico de La Oroya, la misma que consiste en una administración temporal a través del proceso concursal que se ha iniciado en Indecopi y que contemplaría la situación de los trabajadores. Es decir, reiniciar operaciones sin Doe Run.
Recordemos que las operaciones de Doe Run Perú en La Oroya se encuentran paralizadas en su totalidad desde mayo del 2009, siendo los más afectados sus trabajadores y los comerciantes y contratistas que daban servicio a la empresa.
INDECOPI DESCARTA SALA AD HOC PARA VER CASO DOE RUN
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) descartó la posibilidad de crear una sala de la competencia ad hoc para ver el Caso Doe Run.
El Indecopi se defendió de las acusaciones periodísticas y la campaña mediática que sostenía que este organismo le estaría siguiendo el juego a Doe Run, empresa que ha recusado a varios integrantes de la Sala 1 del Tribunal de Defensa de la Propiedad Intelectual, instancia que ve el caso, con la finalidad de que el organismo cree una sala especial.
El objetivo de la empresa es claro, busca que se reconozca la deuda que Doe Run Perú mantiene con Doe Run Cayman para así tener participación en la junta de acreedores que vería el destino de la minera. Por su parte Indecopi recompuso la Sala 1 que resolverá el caso.