Urge nuevo marco de regulación para la inversión extranjera en el Perú

Autor(es):
Acción Internacional para la Salud - AIS
Asociación Filomena Tomaira Pacsi
Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental – AIDA
Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Asociación Servicios Educativos Rurales – SER
Centro Cristiano de Promoción y Servicios – CEPS
Confederación Campesina del Perú – CCP
Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP
Confederación Nacional Agraria – CNA
Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES
CooperAcción
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Grupo Propuesta Ciudadana - GPC
Mesa Técnica La Oroya, Movimiento por la Salud de La Oroya – MOSAO
Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC
Programa Democracia y Transformación Global – PDTG
Red Muqui
Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD
Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE
Red Uniendo Manos
Central Unitaria de Trabajadores del Perú - CUT PERÚ
Cuerpo

La millonaria demanda, por $800 millones de dólares, presentada por Renco Group (Doe Run) al amparo del TLC con los Estados Unidos contra el Perú, es la primera de lo que podría ser una serie de demandas que limiten la capacidad del Estado peruano de implementar la necesaria agenda de gobernabilidad e industrias extractivas. Ante esta grave situación, las organizaciones abajo firmantes queremos expresar lo siguiente: 

 
Se evidencia el agotamiento de un modelo de protección de inversiones: Desde los años noventa se impulsan diversos mecanismos de súper protección a las inversiones extranjeras, buscando colocar al Perú como un destino privilegiado para los inversionistas. Diversos estudios internacionales demuestran que los TLC no necesariamente constituyen un factor determinante para la atracción de las inversiones, y más bien sí constituye una significativa limitación para la aplicación de regulaciones nacionales, favoreciendo los derechos de los inversionistas en desmedro de los derechos de los ciudadanos.
 
Existe un dramático aumento de demandas por regulación del sector extractivo: La agresiva disputa internacional por recursos naturales, ha ido a la par del acelerado incremento de inversiones en el sector de las industrias extractivas en América Latina y junto con ello se vienen incrementando las demandas contra los Estados por aplicar regulaciones al sector extractivo. Hoy las amenazas de arbitraje constituyen formas de presión de las empresas contra los Estados para evitar la aplicación de regulaciones necesarias.  
 
Las amenazas de arbitraje limitan regulaciones necesarias: En nuestro país, el marco de protección a inversiones se dio antes de desarrollar marcos regulatorios sociales, fiscales y ambientales necesarios. El incremento de los conflictos socio ambientales hace evidente la necesidad de impulsar reformas urgentes como son la Ley de Consulta, el Ordenamiento Territorial, mejoras ambientales, etc. Estos procesos podrían bloquearse al amparo de los TLC, ante posibles demandas de inversionistas que consideren que estas regulaciones afectan sus derechos.  
 
Existen alternativas y debemos sumarnos. No existe un modelo único de protección de inversiones. Países como Brasil, Australia o la India, vienen resistiendo la incorporación de los mecanismos de arbitraje inversionista – Estado en sus acuerdos de comercio e inversión, sin afectar los flujos de inversión que llegan a estos destinos. 
 
Ante la necesidad de desarrollar un nuevo marco de gobernabilidad para los recursos naturales y las industrias extractivas en nuestro país, urge que el gobierno peruano evalúe y ajuste el modelo de protección de inversiones que se ha venido promoviendo. Frente a ello las organizaciones abajo firmantes consideramos que: 
 
Urge evaluar un marco de protección de inversiones tomando lecciones de los impactos de un modelo que se está agotando por los propios cambios globales y crisis financieras. Este modelo debe re-equilibrar los derechos a los inversionistas con la capacidad regulatoria del Estado. 
 
Recogiendo recomendaciones de organismos como la UNCTAD, nuestro país debe impulsar reformas  en el marco de protección de inversiones vigente: a) renegociando los Tratados Bilaterales de Inversión-TBI y los TLC vigentes, y b) expresando una nueva posición en las negociaciones en curso, principalmente en el Acuerdo Trans Pacífico –TPP. En ambos casos urge acotar el derecho a los inversionistas del “trato justo y equitativo” y excluir el mecanismo de arbitraje “inversionista – Estado” de los acuerdos. 
 
Lima, 04 de diciembre de 2012
 
Firmas: Acción Internacional para la Salud – AIS, Asociación Filomena Tomaira Pacsi, Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental – AIDA, Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo – ANC, Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, Asociación Servicios Educativos Rurales – SER, Central Unitaria de Trabajadores del Perú- CUT PERÚ, Centro Cristiano de Promoción y Servicios – CEPS, Confederación Campesina del Perú – CCP, Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, Confederación Nacional Agraria – CNA, Conferencia Nacional Sobre Desarrollo Social – CONADES, CooperAcción, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, Grupo Propuesta Ciudadana - GPC, Mesa Técnica La Oroya, Movimiento por la Salud de La Oroya – MOSAO, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC, Programa Democracia y Transformación Global – PDTG, Red Muqui, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos – LATINDADD, Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Red Uniendo Manos. 
 
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