Mesa Redonda
Desarrollos y Extractivismos en el Perú
Lima, 13 de junio de 2017
La RedGE cumple diez años y con ello una década apostando por alternativas democráticas y ecológicas de la mano con CLAES de Uruguay, y para celebrar este trabajo conjunto se realizó un ciclo de Mesas Redondas en las que se debatieron sobre Desarrollos, Extractivismos, Energía, Cambio Climático, Transiciones y Postextractivismos, junto a un destacado grupo de panelistas nacionales e internacionales. La primera mesa se realizó en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 13 de junio de 2017, y formó parte de las actividades realizadas en la Semana de Antropología. Se contó con la participación como panelistas de Javier Jahncke de la Red Muqui, Vladimir Pinto de Oxfam, Fabiola Yeckting de la UNMSM y Lucio Cuenca del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) de Chile. Esta actividad se realizó gracias a CLAES de Uruguay, la Fundación Mott y 11.11.11.
Para Fabiola Yeckting, antropóloga, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el nuevo extractivismo es el patrón constante del modelo de desarrollo de la economía en nuestros países andinos, es el patrón de extracción de recursos naturales para la exportación a mercados extranjeros. “El extractivismo crea un círculo de dependencia de las ganancias pero con un enorme daño al ecosistema y los recursos naturales. Este modelo oculta muchos procesos, no sólo de extracción de tierra, sino de violaciones a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, es decir, a mas extractivismo menos democracia”. El extractivismo viene acompañado de la criminalización de la protesta y la estigmatización de aquellos que protestan por la violación de estos derechos de la naturaleza, ligados al medio ambiente.
¿Por qué se habla del desarrollo?, se preguntó Yeckting, al indicar que este modelo se ha convertido en un paradigma, en un signo de modernidad, de progreso, de cambio y un referente discutible, en la que el análisis también es criticado y mal visto. “El desarrollo como idea muchas veces no cumple los objetivos planteados y tiene implicancias como los conflictos sociales, que genera una corriente de crecimiento crítica”.
Para entender estos cambios en América Latina, dijo que hay que tener en cuenta 4 aspectos: 1.- la base de las luchas indígenas y la reflexión de los pueblos originarios, frente a estos procesos que muchas veces son violentos y ponen en discusión que tipo de desarrollo queremos y la búsqueda del reconocimiento de derechos colectivos y territoriales como el Derecho a la Consulta Previa como el caso de Perú. 2.- la expansión del modelo extractivista, la idea de que nuestros territorios y poblaciones no han tenido recursos y no están acorde con la modernidad. 3.- la división geopolítica, la economía extractivista y el impacto que esto genera. 4.- el regreso a los populismos, y cómo se dan los extractivismos en estos gobiernos progresistas como el caso de Bolivia y Ecuador.
Estas líneas temáticas son importantes porque se tejen alternativas ante el avance del modelo extractivista que se ha expandido en los proyectos con menos planificación y mayores impactos. Sostuvo que se necesita un nuevo modelo para aminorar los impactos y reformas que impliquen asambleas constituyentes con pongan énfasis en los derechos de la naturaleza y la cuestión ambiental.
“Desde RedGE se ha pensado en cómo se puede hacer estas transiciones, se ha hablado mucho de la justicia ambiental que tiene que ver con derechos de la naturaleza, el buen vivir o vivir bien, por ello, en el Perú es importante que se discutan estos temas ante el incremento de los conflictos sociales en las comunidades indígenas y campesinas. Es necesario discutir qué modelo de desarrollo queremos, debemos articular estas líneas de pensamiento y análisis no sólo desde la sociedad civil sino también desde la academia”, finalizó.
Javier Jahncke, Coordinador de la Red Muqui, precisó que la palabra desarrollo es la perspectiva del modelo económico que tenemos, pero ¿hasta dónde va este modelo? A principios de este año el Gobierno de PPK dijo que la economía había crecido hacia el 4% en 2016 por la minería y que en el 2017 se crecería más porque se destrabarían los proyectos priorizados y llegaría nueva inversión. Resaltó que lo que necesitamos es generar más actividad económica y dejar de depender de la actividad extractiva. “Por la crisis y la supuesta desaceleración de la economía se han destrabado barreras y marcos normativos de la inversión, la fiscalización ambiental se ha desregularizado y se han eliminado trabajar administrativas para facilitar más actividad extractiva, es decir, seguimos dependiendo de esta actividad, sin importar el enorme daño que ya está causando en el país”, advirtió.
Sin embargo, dijo que nuestra dependencia se desnuda a partir de situaciones como los desastres naturales, que se registraron en marzo pasado, en la que, por ejemplo, los problemas de alimentación, corte de servicios básicos como el agua, enfermedades como el dengue, generaron un grave problema a Lima y varias ciudades del país. “Es en esos casos donde vemos la necesidad de la agricultura y la protección de las zonas alejadas. Los impactos ambientales afectan la actividad económica de las poblaciones más alejadas y por ende a Lima, que necesita de esas actividades para vivir, ya que consume sus productos.
En ese sentido, ¿cuál es el rol del Estado para asumir la remediación de esas zonas para mejorar su calidad de vida?, el asunto es complejo pero se necesita proyectar otras alternativas de desarrollo que pueden versificar la economía y mejorar los estándares ambientales. Para ello, es importante el ingreso de las universidades que se interesen en la situación que vive el país y sus necesidades, empezar un trabajo de metodología para que se aplique en diferentes zonas del país y se busque potencialidades económicas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Generar puentes con autoridades regionales y locales para invertir en otras actividades que no sean la minería, diversificar la producción y medir los impactos que ello genere.
Para Vladimir Pinto, de OXFAM, los extractivismos cargan el costo ambiental a las poblaciones locales, e incluyen a la tierra, su acaparamiento y la decisión sobre otras actividades. Precisó que los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades siguen en el centro del debate, pero las medidas para perjudicar los derechos colectivos han continuado de forma más sutil, mas solapa mediante distintos mecanismos legales, sin ninguna promoción para proteger los bosques, con un desmantelamiento de la fiscalización ambiental y la entidad reguladora.
“Hay un proceso de reconcentración de la tierra en general, América Latina es la región con más desigualdad en la propiedad de la tierra, según un informe de Oxfam. Al parecer estamos en una reforma agraria al revés, en la que las tierras de los pequeños campesinos se están concentrando en manos de los grandes empresarios, es decir, están sometidos a la cadena de producción de las grandes empresas”, añadió.
Pinto sostuvo que estamos en un escenario que va hacia atrás, sin hablar de la impunidad para el sector extractivo, como por ejemplo, las multas que no se cobran a las empresas mineras y se dejan que prescriba o los niveles de corrupción que existen en todo nivel, desde coimas para obtener un proyecto hasta tráfico de tierras, entre otros.
“La caída tan grande de los commodities es una oportunidad para poner en discusión el modelo de desarrollo, pero lamentablemente esta situación es aprovechada para reforzar el modelo de desarrollo actual en la que flexibilizan más los controles ambientales, dan facilidades para acceder a los territorios, y hay un sentido común que piensa que esto es lo correcto.
Lucio Cuenca de OLCA de Chile, sostuvo que su país ha sido promovido como el modelo del modelo y eso a muchos chilenos les pesa porque tienen un marco constitucional extractivista, quizás de los países que sufrieron dictadura en Latino América, Chile fue el único que salió a la democracia con una constitución elaborada con la dictadura. “La minería en Chile tiene un arraigo en la Constitución que hasta hoy está vigente y es donde se establece la reprivatización de la minería, la privatización y la mercantilización del agua.
La minería es la única actividad económica mencionada y protegida en la Constitución, en la que tenemos un nudo muy importante porque es la base de lo que hoy caracteriza al extractivismo en Chile”. De los años 90 en adelante Chile se define cultural y económicamente como un país minero y eso ha sido una piedra de tope para el desarrollo de muchas iniciativas críticas al extractivismo y de levantar alternativas al extractivismo minero.