Perú tiene una política de apertura comercial de larga data. En nuestro país se han firmado más de veinte acuerdos de libre comercio y se siguen negociando otros, con más países. Además, anteriormente a la firma de estos acuerdos se firmaron los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que incluyen una amplia protección para los inversores, otorgándoles derecho exclusivo a las empresas extranjeras a demandar a nuestro país ante tribunales de arbitraje internacional gracias a una cláusula de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Así los inversores extranjeros pueden demandarnos cuando sienten que sus ganancias se han visto afectadas negativamente. Hoy somos el cuarto país más demandado de América Latina y El Caribe; y entre el 2019 y 2020 fuimos el país más demandado del mundo, con seis demandas y un número similar como amenazas.
El Perú tiene 27 TBI vigentes, de los cuales, 18 de ellos ya han finalizado la fase inicial de vigencia -que generalmente va de 10 a 15 años-, lo que significa que nuestro país tiene la oportunidad de denunciarlos, es decir darles fin tal como se estipula en los propios tratados. Lo que no debería significar ninguna inestabilidad para nuestro intercambio comercial. Cabe decir que con estos países –por lo menos en su mayoría- se cuenta con Tratados de Libre Comercio (TLC).
Los TLC han sido firmados como “el remedio” para nuestro país, con la permanente propaganda de la atracción de inversiones como la puerta al desarrollo. Estos acuerdos van más allá de lo comercial y han demostrado que en aras de esa atracción de inversiones se terminan flexibilizando las normativas nacionales debilitando la institucionalidad, de ahí que muchas veces estos acuerdos han sido firmados muy a pesar de la protesta de diferentes actores, incluso a pesar de las opiniones contrarias de algunos sectores del mismo gobierno, como ha sucedido.
Luego de tantos años de promover esta política de apertura comercial y de cara a un gobierno que ha manifestado en campaña y en el discurso presidencial del 28 de julio la necesidad de revisar la política de apertura comercial, vale la pena promover una evaluación de lo que ha implicado esta política, ¿quiénes han sido los ganadores y quienes los perdedores?, ¿cuál es la balanza comercial como resultado de la firma de estos acuerdos?, ¿se deben renegociar los acuerdos comerciales?, ¿necesitamos seguir contando con los TBI? ¿por qué insistir en un capítulo de inversiones en los TLC?
A diferencia de los Tratados Bilaterales de Inversión, los acuerdos comerciales no tienen esta caducidad establecida, sin embargo, no son intocables ya que pueden ser revisados, actualizados, ajustados o incluso denunciados; pero no sirve de nada si no se tiene una visión clara de lo que han implicado hasta ahora.
Urge una evaluación objetiva de los impactos, positivos y negativos de la política de apertura comercial en la población, que además considere a los múltiples actores de la sociedad civil, la academia y otros relevantes, no se puede seguir adelante sin ello. Urge pensar en la política comercial que queremos, enmarcada en un comercio justo y con una visión de derechos.
Foto: MINCETUR
