2023

A una semana de concluida la CADE, la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú (PSCEDDHH) organiza una semana de actividades para debatir y consensuar la agenda nacional en materia de buenas prácticas empresariales y derechos humanos desde la perspectiva de los defensores y titulares de derechos.

Lima, noviembre del 2023.- #SalidaDeLaCrisisConDerechos es el lema que reunirá a más de 30 organizaciones en la “II Semana Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos”, que se llevaráa cabo en la ciudad de Lima del 27 al 30 de noviembre. Este evento se realizará a pocos días de culminada la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), en donde la discusión principal se ubicó en la necesidad de reformas estructurales para salir de la recesión económica, sin exponer compromisos claros y explícitos en materia de sostenibilidad ambiental y derechos humanos, un aspecto imprescindible para darle viabilidad y sostenibilidad a las medidas que se adopten.

La segunda edición de la Semana Nacional vuelve a estar a cargo de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, que reúne a organizaciones no gubernamentales peruanas e internacionales que hacen seguimiento a la relación entre la actividad empresarial y el ejercicio de los derechos humanos, con el fin de incidir de manera conjunta y articulada en procesos nacionales y regionales, y de manera particular, en el seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.

Durante esta semana distintas organizaciones a nivel nacional, se reunirán para analizar, debatir y acordar estrategias de acción comunes y articuladas, orientadas a promover el desarrollo de actividades empresariales respetuosas de los estándares de derechos humanos y sustentabilidad ambiental, considerando la participación de las comunidades, organizaciones sociales e indígenas como actores claves en los procesos de formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas y privadas favorables a la debida diligencia empresarial.

La semana se iniciará con la realización del Coloquio sobre Empresas y Derechos Humanos, el día lunes 27, continuará con el Foro sobre Debida Diligencia y Diálogo Social que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones NOS y continuará por la tarde con el Foro ¿Cómo salimos de la crisis? que contará con una mesa multiactor para responder a esta pregunta y que se llevará a cabo en Hotel Costa del Sol, San Isidro y que marcará a apertura pública de la semana.

Las actividades continuarán los días miércoles 29 y jueves 30 con la realización del Taller Nacional para Dirigentes Sociales y Sindicales, que contará con la participación de más de 60 lideresas y líderes de organizaciones sociales, sindicales e indígenas de 10 regiones del Perú.

La semana culminará con la realización de una reunión de la Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos con representantes de organizaciones del Sistema de Naciones Unidas vinculadas con la temática de derechos humanos, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) e instituciones públicas y privadas.

EL DATO

El Perú aprobó su Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) en junio del 2021, tras un largo proceso de diálogo entre los actores sociales, los gremios empresariales y el Estado. Este Plan se enmarca en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. En los últimos años, se viene discutiendo leyes de debida diligencia en diversos países del mundo, así como un Tratado Vinculante sobre el tema que se viene elaborando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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La pandemia del COVID-19, además de haber mostrado las brechas existentes en los sistemas de salud, financieros y de desarrollo tecnológico entre países pobres y ricos para responder de manera eficiente, también mostró la debilidad de la gobernanza global, sus instituciones e instrumentos para contenerla.

Es así que, el Reglamento Sanitario Internacional (2005) que es un instrumento técnico diseñado para contener las emergencias de salud pública de importancia Internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) actualmente se encuentra en revisión y, los países miembros de la OMS han propuesto más de 300 enmiendas la mayoría de ellas relacionadas a la equidad y la transparencia. De otro lado, a solicitud de los países, en el 2021 la OMS creó el Órgano de Negociación Intergubernamental (INB por sus siglas en inglés) con el propósito de negociar un nuevo acuerdo, convenio u otro instrumento para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, comúnmente llamado “Tratado Pandémico”, este instrumento ya tiene un texto borrador que sería discutido en la séptima reunión del INB a llevarse a cabo entre el 06 y 10 de noviembre del presente año. Se espera que ambos documentos sean complementarios y proporcionen los mecanismos para prevenir y responder de mejor manera a las amenazas de salud pública de carácter internacional.

En setiembre último se llevó a cabo en New York la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los puntos de agenda fue la reunión de alto nivel sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias, este proceso fue duramente criticado por 11 países quienes dirigieron una carta al presidente de la asamblea expresando su profunda preocupación sobre la falta de voluntad de un grupo de países desarrollados por lograr compromisos significativos, buscando incluso recurrir a una especie de veto para impedir la discusión de temas que son de preocupación de los países en desarrollo. Este escenario seria la premonición de una negoción tensa entre los intereses de los países pobres y ricos.

Las organizaciones de la sociedad civil de diversas partes del mundo  vienen analizando los textos de negociación del Tratado Pandémico, y una de las conclusiones a la que se llega es que el documento tal como está redactado no resolvería los problemas de fondo durante una pandemia, la equidad no es entendida de la misma manera entre países pobres y ricos, además  el documento genera obligaciones sobre algunos puntos como el de reportar a la OMS secuencias genéticas de patógenos que representen una potencial amenaza (clave para el desarrollo de futuras vacunas), sin considerar las brechas de recursos tecnológicos, infraestructura y personal capacitado de los países pobres, de otro lado, el documento es declarativo para los temas neurálgicos como la transferencia de tecnología, la liberación de conocimiento protegido por  los derechos de propiedad intelectual como las patentes o el fortalecimiento de los sistemas de salud. El documento también minimiza las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que no es otra cosa que reconocer las brechas existentes de nuestros países al momento de adquirir compromisos, en términos generales, el documento profundizaría las brechas existentes.

Una debilidad en el proceso de negociación es la participación individual o fragmentada de nuestros negociadores para colocar y discutir temas de importancia para nuestros países. Los intereses comunes de los países del sur deben ser llevados a la mesa de negociación de forma coordinada y articulada para tener la fuerza suficiente, como lo hacen los países del África, un aspecto en el cual debemos reflexionar.

Se prevé que la negociación del Tratado Pandémico concluya en mayo de 2024, aunque lo más probable es que este plazo se amplie, aún falta mucho para lograr un instrumento eficiente que reduzca las inequidades y proporcione la solvencia a los países para la prevención y respuesta a futuras pandemias.

La pandemia del COVID-19 mostró una vez más que la apropiación de los conocimientos a través de patentes y otras protecciones de la propiedad intelectual, es un serio obstáculo para distribuir equitativamente las herramientas para enfrentar problemas sanitarios: pruebas diagnósticas, medicamentos, vacunas, equipos de protección personal y de soporte clínico entre otros.

Las patentes crearon monopolios que decidieron cómo y adónde llegaban las vacunas. Los países ricos fueron los primeros en beneficiarse; tenían contratos adelantados de compra y podían pagar fácilmente los altos precios impuestos por las farmacéuticas acaparando cantidades de dosis más allá de lo que necesitaban. A enero 2023, África sólo tenía el 35 % de su población con al menos una dosis.  Las grandes empresas farmacéuticas impusieron precios altos y contratos abusivos a todos los países compradores que actuaron individualmente y sin iniciativas para articular compras conjuntas al lado del fracaso de los organismos multilaterales por lograr una distribución equitativa, incluido el mecanismo COVAX/OMS. Las empresas maximizaron el lucro: el 2022 Pfizer facturó más de US$ 100 mil millones; su vacuna contra el COVID-19, aportó con más de 37 mil millones. El beneficio neto de la empresa en ese año fue más de US$ 31 mil millones, cinco veces el presupuesto del MINSA Perú del 2022. 

Las patentes afectan el desarrollo de la ciencia al otorgar exclusividad sobre el uso de conocimientos que impide a otros avanzar sobre ellos. El esfuerzo científico colaborativo, la ciencia abierta, no está en los planes de la gran industria farmacéutica. Con las patentes, las posibilidades de escalar la producción de tecnologías sanitarias son restringidas, circunstancia de extrema gravedad cuando se trata de herramientas efectivas. En plena pandemia, los países del norte, sede de las empresas titulares de las patentes se opusieron tenazmente a la suspensión de las patentes solicitada por más de 100 países en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que luego de casi dos años de discusiones, tomó una decisión decepcionante, rechazando la solicitud y “facilitando” la aplicación de licencias obligatorias y otros mecanismos que ya existían en los tratados globales que rigen la propiedad intelectual. Todo parece indicar que en próximas pandemias u otras emergencias esa será la pauta. Para la gran industria la propiedad intelectual no se toca.

Las grandes empresas controlan los procesos de investigación y desarrollo (I&D) de tecnologías sanitarias, creando y fortaleciendo exclusividades de uso de los conocimientos que se adquieren por múltiples esfuerzos individuales y colectivos, incluido el financiamiento público, con consecuencias desastrosas para la salud pública global. Las nuevas tecnologías sanitarias disponibles a precios monopólicos solo llegan a quienes pueden pagarlos.  El conocimiento secuestrado impide el ejercicio pleno del derecho de todas las personas a gozar de los beneficios que resultan del progreso científico y que los estados deben garantizar.    

La desarticulación de los países del sur para enfrentar la pandemia del COVID-19 debe ser superada en la preparación para próximas emergencias globales y regionales. El Perú debe fortalecer la articulación con otros países de la región de América Latina y el Caribe tendiendo puentes con otras regiones del sur global para ampliar la capacidad de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y para absorber transferencias tecnológicas que incrementen las capacidades de producción farmacéutica. La OMS/OPS deben facilitar el desarrollo de iniciativas en dichos campos para la creación de centros regionales de I&D y de producción de tecnologías farmacéuticas. Esto permitirá tener una agenda propia que responda a los requerimientos de la salud pública regional que no es el interés de las grandes farmacéuticas que controlan el mercado farmacéutico mundial. Asimismo, los organismos de integración regional y sub regionales deben establecer órganos y procedimientos que activen respuestas conjuntas de los países. Actualmente hay problemas con el dengue, entre otros, en varios países de la región que permitiría ensayar ese tipo de respuestas.

Más información en:

www.aisperu.org.pe
www.redge.org.pe

Artículo publicado en La República el jueves 26.10.2023 | Año 42 | Número 15.267

Por: Rodolfo Bejarano

La pandemia del Covid-19 nos agarró con un sistema de salud precario y mal preparado para afrontar una emergencia de tal magnitud, y, aunque nuestra economía como país gozaba de buena salud en años previos a la pandemia, las cifras macro y el buen comportamiento fiscal no fueron suficientes para que se diera una respuesta adecuada desde el inicio de la emergencia sanitaria. Incluso podríamos decir que precisamente esa obsesión de seguir las reglas fiscales -manteniendo déficits fiscales y deuda pública dentro de los márgenes aceptables- a rajatabla ha sido la causa de nuestra desgracia durante la pandemia, persistiendo aún grandes brechas económicas y sociales hasta la actualidad.

En el ámbito de la Salud se puede ver claramente esta dicotomía. Mientras nuestro país era un ejemplo de crecimiento económico y mostraba cuentas fiscales en orden en años previos a la pandemia –con un crecimiento del PBI promedio de 4.5% entre 2010 y 2019, con un déficit fiscal de 1.6% y un ratio deuda pública respecto al PBI de menos del 30% para el año 2019-, estábamos a la zaga en términos de condiciones óptimas para brindar la atención necesaria en salud en comparación con la situación de países vecinos.

En el Perú, antes de la pandemia, la densidad de médicos por mil habitantes era de 1.35, cuando en la región latinoamericana el promedio era de 2 médicos por mil habitantes; teníamos 1.6 camas hospitalarias por mil habitantes, cuando el promedio de la región era de 2.1; habían 2.9 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes, cuando para la región el promedio era 9.1; y los ventiladores mecánicos eran 0.8 por cada 100 mil habitantes, cuando a nivel regional eran 16. Si bien estos indicadores han mejorado ligeramente luego de la pandemia, seguimos estando por debajo del promedio regional y aún más abajo del promedio de países avanzados como la OCDE, grupo al cual queremos aspirar a entrar.   

Gran parte del problema que nos mantiene con estas enormes brechas en cuanto a la provisión de un servicio tan básico como la salud, es la baja recaudación tributaria que tenemos, la cual llega apenas al 16% del PBI, mientras en América Latina y el Caribe el promedio bordea el 22% del PBI. Además, nuestro sistema tributario es bastante regresivo puesto que la mayor parte de recursos recaudados provienen de impuestos indirectos (principalmente IGV) y en menor medida de aquellos que son directos (renta, propiedad, ganancias de capital, etc.).

La baja recaudación no permite destinar los recursos necesarios para atender de forma adecuada y universal a la población y obliga a que las personas tengan que realizar gasto de bolsillo para cuando hay un problema de salud. Basta decir que el presupuesto en Salud se ha mantenido en los últimos años en alrededor del 11% del total del gasto público, alcanzando el 13.7% en el 2021, año en que se ejecutaron mayores recursos para atender el Covid. Aun así, estamos bastante lejos de alcanzar el mínimo aceptable del 6% del PBI. Actualmente solo llegamos al 2.4% del PBI. Para el próximo año se espera contar con un presupuesto de casi S/ 30 mil millones para la función Salud, lo que representa el 12% del total del gasto previsto y el 2.7% del PBI de 2024.

Urge entonces revertir esta situación desde una mirada de justicia, equidad y derechos. Un elemento clave para empezar a hacer reformas para mejorar la recaudación de los impuestos, con un enfoque de justicia fiscal en el que se cobren más impuestos a aquellos que tienen y ganan más, gravando, por ejemplo, a las grandes fortunas, las herencias, y las rentas de capital, e implementando un impuesto a las sobreganancias empresariales, incluyendo mejoras en las regalías extractivas, así como impuestos verdes y al carbono. Junto con ello, se deben recuperar los recursos que se pierden por el fraude y abuso tributario, así como por los excesivos beneficios tributarios que se han convertido en privilegios para ciertos sectores. Tan solo atacando la evasión y elusión tributaria en el país se podría recaudar el equivalente a 1.7 veces el gasto público en salud o se podrían adquirir 1,132 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Gran parte de los datos han sido extraídos de: La vacunación para la COVID-19 y su impacto en la distribución fiscal en el Perú. RedGE (2023). https://www.redge.org.pe/sites/default/files/Distribucio%CC%81n%20fiscal-libro-.pdf  

Artículo publicado en La República el jueves 19.10.2023 | Año 47 | Número 15.260