Por: Ana Romero Cano
La crisis que atraviesa el Perú en estos momentos no se limita a la vacancia del ex Presidente Castillo ni va a terminar con la salida de la actual presidenta Dina Boluarte y el Congreso, más allá que sea lo que exigimos los peruanos y peruanas. Hay cuestiones más profundas involucradas; la discriminación, el racismo, la desigualdad y el desprecio son componentes claves. Recordemos cómo fue elegido Pedro Castillo, con un 50.2% de los votos mientras que su contrincante, Keiko Fujimori, consiguió el 49.8%. Así ganó un maestro rural de origen humilde, siendo el primer candidato de un partido de izquierda en ganar una elección presidencial en el Perú y claro no ganó en Lima, no ganó en esa Lima que hay que “proteger de la asonada” como dice el Primer Ministro.
Pedro Castillo ganó por los votos de cinco regiones: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno, donde obtuvo más del 70% de los votos. Y en el caso de las regiones de Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, San Martín y Ucayali, obtuvo entre el 45% y el 55% de los votos. En Lima, Castillo obtuvo el 23.2% de los votos.
A pesar de estos resultados, la derecha peruana no aceptó a Pedro Castillo como presidente por sus propuestas políticas eran muy radicales, que su llegada al poder significaría una mayor polarización y mayor injerencia del Estado en la economía, además de afirmar que implementaría políticas que afectarían el crecimiento económico y los derechos de propiedad.
Con el Congreso de la República la cosa no fue muy distinta, sus parlamentarios han amenazado permanentemente con la vacancia presidencial, han bloqueado avances e imposibilitado cualquier posibilidad de trabajo conjunto; muy a pesar de la poca aprobación de los ciudadanos y ciudadanas, entre 10 y 11%.
¿Qué evidencia lo mencionado? Que Lima se encuentra históricamente divorciada de las regiones del país que son las más afectadas por la desigualdad, la injusticia social y la exclusión. Y aunque nada de esto justifica aspectos que se vienen investigando del Gobierno de Castillo, como la corrupción, tráfico de influencias, ascensos en las cúpulas militar y policial, entre otros; no podemos negar que verdaderamente se le bloqueo desde que asumió el poder y que con ello solo se ha ido profundizando en una crisis que ya viene de tiempo atrás y que hoy está en uno de sus peores momentos, donde la vida parece no importar nada.
Luego del autogolpe para muchos y la vacancia de Castillo desde el Congreso de la República y posterior detención, Dina Boluarte asumió la Presidencia del Perú y es hoy quien debe rendir cuentas por las muertes en las protestas. Nada justifica lo que está haciendo este gobierno, ni las marchas, ni las piedras, ni el ataque a las instituciones, nada. En diciembre fueron 28 peruanos muertos a manos de las fuerzas militares y policiales, y el gobierno no se hizo responsable, ni el ejecutivo ni el legislativo. A ello hay que sumarle una prensa indolente que mientras anunciaba los nombres de los fallecidos hacía énfasis en los antecedentes penales de quienes los tenían, una prensa que se la ha pasado señalando a los “azuzadores” y “terruqueando” a líderes sociales, a organizaciones de sociedad civil como a la Confederación Campesina del Perú (CCP) allanando su local y sembrado ciertos elementos, según voceros de la CCP.
Ni a la prensa ni a las autoridades parece importarle las muertes de los compatriotas. No fue sino hasta que Reuters difundió las imágenes de Edgar Prado en el instante que fue asesinado mientras auxiliaba a una persona herida en la puerta de su casa, que los medios masivos han iniciado con los cuestionamientos y que las autoridades han dicho que se investigará para establecer las responsabilidades personales.
Recientemente hemos sido testigos de las protestas en Brasil donde ha habido más de mil detenidos y ni un solo muerto. Y en Brasil también atacaron instituciones públicas. Porque efectivamente la protesta es un derecho fundamental y los ciudadanos y ciudadanas que participan en ella tienen derechos. Pero en Perú no importan los derechos, no importa la vida, hay evidentemente un desprecio a quienes, en este momento, protestan.
Ayer lunes 9 enero las fuerzas policiales y armadas han asesinado a 17 peruanos y peruanas más en los enfrentamientos en los exteriores del Aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca en Puno. Son por lo menos 45 muertos y muchos más heridos en lo que va de las protestas en Perú, ya es hora de que el Gobierno de Boluarte rinda cuentas por la represión desproporcionada de la que está siendo objeto la población. Esta violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia, y es hora de que el gobierno tome responsabilidad por sus acciones. Sin embargo, hasta el momento la Presidenta Dina Boluarte no ha mostrado una real preocupación por lo que viene sucediendo, es más en una afrenta con los manifestantes ha indicado que lo que hacen es solo para generar caos que no se entiende los petitorios de los manifestantes. Por otro lado, la misma noche de ayer, luego de que se reportara oficialmente sobre los compatriotas muertos en Puno, el Primer Ministro Alberto Otárola ha justificado dichas muertes de peruanos y peruanas argumentando que ellos como gobierno deben detener la “asonada contra lima” para que no se haga efectiva; como si Lima debería defenderse de un territorio foráneo que amenaza con un ataque de guerra. Indolencia total y cero apertura a escuchar realmente los reclamos.
Es hora de que el gobierno de Dina Boluarte ponga fin a la violencia, acepte la responsabilidad por la represión excesiva de las fuerzas armadas que ha causado tantas muertes y escuche realmente los reclamos de los peruanos y peruanas que claman su renuncia y elecciones generales (presidente y congresistas) ya mismo. •
