La Mula

“El modelo de negociación del TPP es abiertamente antidemocrático, y la pretensión de promover una reforma de las reglas del comercio global a nivel internacional, constituye una posición en contra del multilateralismo y una gravísima erosión a las reglas democráticas”, señala el documento.

 

“Hacemos un llamado público por la necesidad de transparentar las negociaciones del TPP. El TPP es para muchos de nuestros países no solamente un nuevo TLC con EEUU sino que constituye varios TLC adicionales de un solo golpe y que en esta negociación (…) están definiendo las reglas y los estándares de lo que va a ser el modelo de inversión Asia-Pacífico”, afirma Alejandra Alayza Moncloa, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) a modo de presentación.

 

Las preocupaciones son múltiples y los 29 capítulos que conforman el nuevo tratado pretenden marcar “el camino correcto” respecto a temas clave de la agenda social, política y económica para países como el Perú. Y ‘lo correcto’ parece dirigirse hacia un incremento de los acuerdos comerciales. El Perú tiene actualmente 32 tratados bilaterales de inversión y 9 TLC que contienen también capítulos de inversión. Sin embargo, “¿realmente este es el camino a seguir?”, plantea José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, e investigador de la ONG CooperAcción.

 

Uno de los temas más criticados en la negociación es el relacionado con las inversiones. “Es tiempo de revisar nuestra política de atracción de inversiones”, indica De Echave. Y agrega: “El número de demandas en contra del Estado peruano utilizando tratados bilaterales de inversión y capítulos de inversiones de los TLC se ha disparado en los últimos años. Ya el Perú está siendo demandado por un valor de US$6 mil millones”.

 

La polémica está servida. Las negociaciones de este acuerdo contemplan un importante capítulo de protección de inversiones y la incorporación de un mecanismo de arbitraje que permite a los inversionistas demandar a los estados ante tribunales internacionales sin pasar por la justicia nacional.

 

Y es que a partir de los acuerdos comerciales mencionados se están creando ‘superderechos’ para que los empresarios puedan recurrir a tribunales internacionales como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), el Uncitral (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).

 

Veamos más datos. Un reciente informe de la UNTACD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo)  advierte que en el 2012 se iniciaron 62 nuevo casos de demandas de arbitraje de inversionistas contra estados. Nunca hubo más demandas en un solo año. Las ganancias: los inversionistas privados ya han obtenido US$3,000 millones de los contribuyentes a través de este tipo de mecanismos, y las demandas pendientes de resolución suman más de US$15,000 millones.

 

En el Perú, uno de los casos más simbólicos, por ser el primero que utiliza el capítulo del TLC con EEUU, es el de Doe Run y Renco Group, por el cual el Estado peruano está inmerso en un proceso de arbitraje en el que se le exige una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ubicado en la ciudad del mismo nombre que es considerada una de las más contaminadas del mundo.

 

Además, “cuando hablamos de casi US$6 mil millones no estamos contabilizando los costos que significa para todos los peruanos, asumir y enfrentar estos procesos. Allí también hay otra cantidad millonaria muy importante que se está incrementando de manera significativa”, señala De Echave.

 

No se trata de un tema sencillo, nos encontramos ante un escenario de aumento de los conflictos socioambientales. La Defensoría del Pueblo informó que durante abril se registraron 229 conflictos sociales. Según el reporte, la problemática socioambiental sigue encabezando la lista de problemas con 154 casos (67.2%), cifra que marca un incremento en comparación con el mes anterior, cuando se reportaron 149. Es más, la actividad minera sigue siendo la más vinculada a los conflictos con el 72.7% de los casos (112).

 

Así, con esta negociación “la urgencia de construir y mejorar la institucionalidad ambiental en el país está siendo amenazada”, afirma Alayza. El caso de Doe Run no es el único. “No es la primera vez -ante decisiones gubernamentales tomadas por necesidad de interés público y con soberanía, como el caso de la minera canadiense Bear Creek, en Puno, o el de Conga, en Cajamarca- que las empresas centran su debate con amenazas ante posibles demandas”, explica la coordinadora ejecutiva de RedGE.

 

“¿Realmente es el único camino para captar las inversiones que el país necesita?”, se plantea el exviceministro, y añade de manera contundente: “Nosotros pensamos que no. Hay evidencia internacional que consta que no es así. No son los países que han firmado el mayor número de tratados de libre comercio, o bilaterales los mayores receptores de inversión directa que provenga del extranjero”.

 

Por ello, el capítulo del TPP sobre inversiones “está siendo utilizado como una suerte de candado de blindaje para que países como el Perú no puedan implementar las reformas en materia social, ambiental, gobernabilidad democrática, presencia del Estado, consulta previa, regulaciones ambientales, y una serie de aspectos que siguen formando parte de la agenda de países como el Perú”.

 

¿Qué lecciones aprendemos de las demandas que ya están sufriendo nuestros países? ¿Por qué promover un modelo idéntico de un capítulo de inversiones que está siendo cuestionado e impide cumplir con una agenda necesaria de reformas?