Nota informativa publicada por el portal web Con Nuestro Perú, el 21 de octubre de 2011, que recoge declaraciones de RedGE. La necesidad de establecer un nuevo modelo de explotación de los recursos minerales del país, articular una agenda integral y legítima que diferencie los intereses de las empresas contaminadoras y fortalecer al Estado en el otorgamiento de licencias a las que pongan en riesgo la salud y la vida de la población residente, fue destacada en una evento que se desarrolló en el Palacio Legislativo del Congreso de la República.
Se trató de la audiencia pública ‘Los tratados de libre comercio y arbitrajes internacionales. La demanda de arbitraje de Doe Run Perú’, que fuera inaugurada por el congresista Javier Diez Canseco (NGP).
El parlamentario comentó que no podía haber un intercambio equitativo entre la potencia económica del mundo, como lo es Estados Unidos o países industrializados de la Unión Europa o los emergentes de Asia, con países subdesarrollados como el Perú.
En la práctica, explicó, se ha podido confirmar que no nos favorece el que se nos otorgue acceso preferencial a los grandes mercados cuando no estamos en condiciones de competir, si antes no creamos las condiciones y reservas necesarias para que las reglas de los TLC no nos afecten.
Respecto a la situación creada por el caso de la minera Doe Run, Diez Canseco sugirió a los participantes en la audiencia proponer soluciones prácticas y creativas que tengan por finalidad solucionar el problema, asegundo que serán acogidas por el ministro de Energía y Minas y respaldadas por el Congreso de la República.
La audiencia pública se centró en el análisis de la situación creada por la minera Doe Run a raíz de su incumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que se comprometió a aplicar en un plazo de diez años cuando asumió la propiedad del complejo metalúrgico de La Oroya en 1997.
Las actividades de la empresa fueron paralizadas en julio de 2010 por orden del gobierno, y hasta la fecha el tribunal de Indecopi no se pronuncia sobre el pedido de formar una junta de acreedores, incluidos los trabajadores, que solicite la administración de la empresa, su reestructuración o su liquidación.
De otro lado, la empresa ha demandado al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por $US 800 millones, argumentando un supuesto incumplimiento del Perú para remediar los suelos de La Oroya y sus alrededores.
En la reunión, Rosa Amaro Toykin, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya, lamentó los niveles de contaminación que afectan a esa localidad de la sierra central, donde un 99.9% de los niños padece de muy altos niveles de plomo en su sangre conforme a los resultados de los estudios realizados por el Ministerio de Salud y la Universidad San Louis de Missouri en años recientes.
Según esos estudios, los niños presentan niveles de 45 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre, muy superiores a los niveles de permisibilidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esos niveles han sido alcanzados por las emanaciones de las fundiciones de la empresa Doe Run Perú de La Oroya.
De ahí la necesidad de establecer nuevas normas socioambientales para reducir los niveles de contaminación, y sobre todo, para defender la salud de las poblaciones vecinas y rescatar la dignidad humana, según lo precisó el dirigente Wáshington Mori, secretario de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín.
En la reunión participaron también Conrado Olivera, de la Mesa Técnica de La Oroya, y los especialistas Matthew Porterfield, de la Universidad Georgetown de EEUU; Manuel Pérez Rocha, del Instituto de Estudios Políticos de Washington, y Alejandra Loayza, directora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad.
El evento, organizado con los auspicios del Congreso de la República y la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, tuvo como marco la IX Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) por sus siglas en inglés), que se desarrolla en nuestra capital.
La iniciativa tuvo por finalidad contribuir a la generación de conciencia acerca de las implicancias de la firma de los TLC y sus impactos en la economía nacional y en el desarrollo del país, así como aportar sugerencias al diseño de estrategias legales y políticas para la solución de controversias en los procesos de arbitraje generados por estos tratados ante las instancias internacionales.
