Piura

Foro Público

Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco

Piura, 20 de octubre de 2017

La Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, con el apoyo de la Red Muqui, la Red Interquorum Piura, la Universidad Nacional de Piura, la Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (Redad) y la Fundación Friedrich Ebert realizaron el foro público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas de desarrollo sostenible para Piura”, cuyo objetivo fue presentar los riesgos que representa para la región este proyecto minero, los impactos ambientales y sociales que ya ha generado solo en la etapa de exploración y visualizar las alternativas de desarrollo que existen y que privilegian la protección de los ecosistemas del Páramo y Bosques de Neblina , así como las fuentes de agua.

La actividad, que se realizó en el Auditorio Central de la UNP el 20 de octubre de 2017, también analizó el contexto de la reconstrucción regional, luego de los desastres naturales, priorizando la prevención y la sostenibilidad de las comunidades campesinas. Para ello, contó con la participación de los expertos Martin Scurrah, consultor de la RedGE, Javier Jahncke de la Red Muqui, Isaúl Guerrero, Presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Huancabamba, Piura, Osmán Mija, Representante Legal de la Comunidad Campesina de Yanta, Ayabaca, Piura, Katy Carrillo,  de la ONG Naturaleza y Cultura Internacional y Luis Bardales Pérez, Coordinador de Proyectos de la ONG Progreso de Piura.

Durante su exposición, Martín Scurrah señaló que no hay una sola alternativa al extractivismo sino caminos posibles de transiciones para una sociedad mejor, en ese sentido, dijo que lo mejor es construir y emprender estos caminos para un futuro mejor,  en la que primen el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente y la naturaleza. 

“El extractivismo busca satisfacer la necesidad de países del exterior y busca la explotación de recursos naturales, y muchas veces está asociado a la corrupción, la contaminación del suelo, del agua y hasta de la salud pública”, manifestó. 

Scurrah explicó que para llevar un extractivismo depredador a uno sensato se debe cumplir con la normatividad, “lamentablemente no se cumplen las normas, el Estado debe hacer que se cumplan, insistir que se use tecnología de alto nivel con estándares mundiales, generar participación más activa con los ciudadanos, respetar los convenios internacionales, y fortalecer el sistema de valorización de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y hacerlos vinculantes, ya que han sido debilitados en los últimos años”.

“Piura tiene que reforzar sus acciones y medidas como Gobierno Regional y tomar en cuenta la información existente para aplicar políticas territoriales que nos indiquen cuáles son las zonas vulnerables para la minería y la agricultura, y hacer un uso óptimo de los recursos naturales. Exigir estándares altos entre las regiones, promover y exigir transparencia a las empresas, la población debe conocer en qué se gasta el dinero y obligar a las empresas a cuidar los costos medioambientales”, finalizó.

Para Javier Jahncke de la Red Muqui, la reducción del precio de los minerales, la afectación de las inversiones y los casos de corrupción como el de Odebrecht no han limitado la perspectiva de las actividades extractivas, por el contrario se está ampliando la frontera para tener un mayor ingreso económico en el país. 

“Esto genera que se plantee un destrabe normativo  de políticas públicas que acreciente el crecimiento del extractivismo. Seguimos dependiendo de los precios de los minerales y las consecuencias se ven con detalle en los marcos normativos. Todos estamos preocupados por el Mundial, si Perú irá o no al Mundial, pero no nos estamos dando cuenta  que en el Congreso se están discutiendo cosas que pueden generar un riesgo para las comunidades campesinas y población en general”, advirtió.

Jahncke indicó que existe la posibilidad de un crecimiento de la frontera de actividades como la minería, que se realiza en comunidades campesinas y nativas,  afectando la propia existencia de estas comunidades.  En el caso de Piura, considerado como la región con mayor presencia de inversiones, se está discutiendo en el Parlamento, un proyecto de ley que plantea declarar de interés nacional el tema de la titulación de tierras de las comunidades campesinas de esta región. 

“Si uno escucha esto, lo ve muy bien porque le dará legalidad a la situación, pero  la pregunta es qué tanto pueda afectar a las comunidades en el marco nacional normativo. No solo hay que preocuparse por este proyecto  sino referirse a la Ley 30230, que tiene una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional porque establece, en sus artículos 36, 37 y 38, que se haga el saneamiento físico legal pero para proyectos de inversión que cuenten con concesiones otorgadas por el gobierno nacional, es decir, concesiones mineras, con ello el riesgo de una comunidad de perder su tierra es mucho mayor”, enfatizó.

¿Dónde está la seguridad jurídica en este caso?, se preguntó al lamentar que se está pasando por encima de los derechos de la comunidad, se regula y desregula una acción para favorecer al extractivismo, ¿dónde está el apoyo a la actividad agrícola y ganadera de Piura, dónde está el apoyo del gobierno?”, finalizó.

A su turno, Isaúl Guerrero, Presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas en Huancabamba, señaló que su comunidad es ancestral, con 178 años de existencia siendo una comunidad nativa, y sólo han tenido 8 conflictos en defensa de sus tierras y de sus Páramos. Cuentan con 34 caseríos entre Cajas y Carmen de la Frontera, con Bosques de Niebla que producen agua para toda la región. “Queremos seguir mejorando para tener buenas cosechas y mejorar nuestra economía, pero estamos preocupados por la actividad minera porque solo en la etapa de exploración, no se ha respetado nuestros derechos como comuneros”, acotó. 

Para Osmán Mija, Representante Legal de la Comunidad Campesina de Yanta, Ayabaca, existe un problema social, que es la minería como Río Blanco o Majas, que está causando un daño innumerable, un daño económico y moral a los mismos comuneros. “Un dirigente o un rondero están procesados, algunos condenamos a 20 años de cárcel sólo por defender su territorio. Es la realidad de la comunidad  campesina  de Yanta. Por reclamar sus derechos vienen siendo denunciados, perseguidos por el Poder Judicial, por la Policía, todos a través del poder económico”, denunció.

Mija aclaró que las comunidades de Ayabaca y Huancabamba no se oponen a la actividad minera, por el contrario, quieren minería pero minería responsable, “lamentablemente esta minería no se da en el Perú, tenemos ejemplos como Conga, en Cajamarca o Cerro de Pasco, donde no se respetan los EIA y la gente vive con plomo en la sangre. Cómo pretenden que nosotros le creamos si no han hecho nada para decirnos que su actividad minera será beneficiosa para las comunidades”, finalizó.