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Como parte del relanzamiento de la campaña Agroexportación sin Explotación, representantes de organizaciones sociales y sindicatos, expresaron su preocupación por las consecuencias del boom agroexportador. Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE dijo que valoran el crecimiento del sector y el aporte que hace en términos de empleo (1). "Sin embargo, si quieren promover una agroexportación sostenible y que genere verdadero desarrollo e inclusión, urge que el Estado corrija los problemas de violación de derechos laborales y el uso poco sostenible de recursos naturales escasos -como es el agua- que se están dando en el sector".

Para Javier Mujica, Secretario Ejecutivo de Equidad y asesor de Aurora Vivar, el Perú es el país de América Latina que más tratados internacionales sobre derechos laborales ha firmado, pero no los ha cumplido, porque predominan las malas prácticas laborales. "En el contexto del boom agroexportador, los trabajadores de la agroindustria -200 mil- están en el quintil más bajo en cuanto a sueldos en el continente y tienen menos derechos que los trabajadores del régimen laboral común".

Asimismo Mujica aseguró que muy pocos trabajadores de la agroindustria están sindicalizados, por la inestabilidad que le imponen sus empleadores sobre todo con sus contratos colectivos. "El régimen laboral agrario ha sido notificado por el Tribunal Constitucional. Cuando caía la dictadura de Fujimori -30 de octubre del 2000- se implantó el actual régimen de trabajadores de la agroindustria".

Según Javier Mujica en la agroindustria no hay condiciones para ejercer las libertades sindicales, porque cuando los trabajadores se empiezan a organizar son despedidos. "Sus convenios colectivos son muy débiles, firmados por tres años y nunca acuerdan un aumento de sueldos. Es una práctica de comercio y producción desleal, porque se compite con sectores que sí respetan los derechos laborales".

En el caso de la empresa CAMPOSOL -dice Mujica- el sindicato está constituido por 70 trabajadores de 10 mil que son en total. "El Ministerio de Trabajo ha realizado inspecciones y ha encontrado malas prácticas que amenazan la vida, la salud de los trabajadores y para quebrar o impedir la acción sindical". Mujica agrega que el Ministerio le ha impuesto multas pero no ha tenido efecto. "Parece que a la empresa le sale más barato pagar las multas que cumplir con los derechos de los trabajadores".

El asesor de Aurora Vivar señala que la gerencia regional de La Libertad ha impuesto multas de 4 millones de soles a las empresas agroexportadoras pero sólo han cobrado 200 mil y la mayor parte ya prescribieron. Además Mujica señala que la empresa VIRU, para evadir sus obligaciones divide a los sindicalistas, anuncia el cierre de la empresa, vuelve a contratar a los trabajadores y los últimos en la lista son los sindicalizados.

Ignacio Cancino, investigador en Cambio Climático para CEPES y la Universidad de Stanford, asegura que las empresas agroexportadoras al realizar agricultura en el desierto -se refiere a Ica- genera modificaciones medioambientales que hay que tener cuidado. Sobre todo en la intensificación y ampliación de la frontera agrícola. Cancino dice que en la región Ica ha habido una intensificación del uso del suelo, cada vez hay menos agua, porque sale más agua del subsuelo de la que entra.

"El agua del susbsuelo cada vez está más al fondo, medio metro por año. Genera problemas a los pueblos de Ica, cada vez es más costoso extraer agua del subsuelo. Esto favorece a las grandes empresas y perjudica a los pequeños agricultores". Para Ignacio esto genera conflictos con las zonas andinas y las zonas altas de Ica y Huancavelica, genera desertificación en el valle de Ica. Además señala que segun diversos estudios dentro de 10 a 30 años se acabará el agua en Ica. Y en el caso de La Libertad con la empresa VIRU, el 50% o más de las tierras cultivables están salinizadas o empantanadas, por la cantidad de tierra que se irriga.

Erick Kyle Nicholson, integrante de la Unión de Trabajadores Agrícolas de California (EE.UU.), resalta la situación desfavorable de los trabajadores peruanos de la agroindustria. Por ejemplo asegura que el precio del espárrago en EE.UU. es el mismo, -las mismas empresas- los trabajadores que cosechan espárrago ganan diario 65 dólares mientras que en Perú ganan 19 soles (alrededor de 7 dólares). "La miseria que ganan los trabajadores peruanos no se condice con el continuo aumento de precio de las empresas esparragueras en el mercado mundial".

Kyle Nicholson advierte que Perú está en una posición vulnerable, porque el pueblo consumidor norteamericano está despertando, se fija de donde vienen los alimentos. "No quieren comprar comidas de empresas que no respetan los derechos de los trabajadores ni el medio ambiente". Agrega que cuando a los suspermercados le plantean casos como el de la empresa CAMPOSOL, estos toman sus precauciones, para que la próxima vez exijan una producción sostenible.

Por su parte Julio Gamero, catedrático de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) señala que la diferencia salarial entre jornaleros y directivos de las empress agroexportadoras es abismal. "El salario anual de un jornalero, que es quien hace posible el cultivo del espárrago, es de S/. 9,200 anuales, mientras que la renumeración anual del personal del directorio asciende a S/. 311 mil, es decir, ganan 30 veces más".

Gamero agrega que esto es más grave si tenemos en cuenta que las empresas agro exportadoras han duplicado la exportación de espárragos en los últimos 10 años, llegando a superar a sus competidores a nivel mundial, e incluso al gigante asiático. "Hay un avance incontenible de la actividad agroexportadora pero este no va de la mano con el mejoramiento de las condiciones laborales, sólo basta recordar casos como los de CAMPOSOL que por estos días están en medio de una huelga".
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(1) 40% de la PEA (Población Económicamente Activa) de Ica está empleada en la industria agroexportadora, la mayoría en situación de pobreza.
Gota a Gota. Resumen Ejecutivo del estudio publicado en inglés por Progressio, Centro Peruano de Estudios Sociales y Water Witness International.