Renco
Advierten riesgos en el TLC con Unión Europea
Ciudad
Lima
Nota publicada en el diario La Primera, el 18 de diciembre de 2012, que recoge declaraciones de Alejandra Alayza, Coordinadora Ejecutiva de RedGE. Según RedGe, los capítulos de inversiones de los TLC’s favorecen a las transnacionales que operan en el país, empero para el ministro Silva las demandas de empresas extranjeras al Estado se basan en vacíos legales del sistema judicial.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, rechazó que los tratados de libre comercio favorezcan a las transnacionales que operan en el país, ya que, en su opinión, el problema radica en los vacíos legales del sistema judicial peruano.
Esto en base a que distintos especialistas sostienen que la empresa Doe Run demandó al estado peruano ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral por sus siglas en inglés), basándose en el capítulo de inversiones del acuerdo comercial firmado entre el Perú y Estados Unidos.
“La demanda de Doe Run se basa no en el capítulo de tratados bilaterales del TLC firmado con Estados Unidos, sino en los vacíos legales del sistema judicial de nuestro país”, dijo el ministro.
No obstante, la Coordinadora Ejecutiva de RedGe, Alejandra Alayza, argumentó que la demanda de Remco Group (Doe Run), se basa en el capítulo de inversiones del TLC firmado con Estados Unidos, el cual garantiza un trato no discriminatorio y el derecho de demandar al estado peruano en caso se perciba una expropiación indirecta.
“Lo que hace Remco Group, luego de la decisión del Estado de no ampliarle el Pama y llevar su caso ante el Indecopi, es aprovechar el capítulo de inversiones del TLC con Estados Unidos, que le garantiza una serie de principios como el trato no discriminatorio, así como el derecho de demandarnos en caso de una expropiación indirecta y está claramente establecido en la demanda”, agregó.
En ese sentido, advirtió que en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, nuestro país mantiene cierta vulnerabilidad ante las empresas de capitales extranjeros instaladas en el país, quienes ante cualquier cambio o exigencia por parte del estado peruano, podrían demandarnos.
Alayza explicó que ya existen acuerdos bilaterales de inversión con países de la Unión Europea de manera independiente y que lo más probable es que cuando concluya la vigencia de estos (la mayoría en dos años), se procederá a reunirlos y adjuntarlos como parte del capítulo de inversiones del TLC, incluyendo el derecho sobre apropiación indirecta.
Con ello –agregó- tendríamos el mismo escenario que con el TLC firmado con Estados Unidos, que limita nuestras defensas ante un posible abuso de poder de la empresa extranjera.
“Lo que suele pasar es que estas son decisiones que unilateralmente asume el Ministerio de Economía, en coordinación con la comisión de TLC de la Unión Europea. Pero, ¿tiene sentido seguir caminando en ese mismo rumbo? El Perú ha cambiado su rol en la economía global, ¿tenemos que someternos a sus mismas reglas?”, cuestionó Alayza.
FIRMAN CONVENIO
Perú y la Unión Europea firmaron la Declaración Conjunta de Cooperación a través de la cual la UE se compromete en apoyar financiera y técnicamente, con un importe máximo de US$ 17.11 millones la adecuada implementación de la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de Productos Ecológicos. Dicho acuerdo tiene una duración de cuatro años.
Fecha
Alerta Urgente Nº 14. Nuevo marco de regulación para inversiones
Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
RedGE
La demanda de arbitraje presentada por la empresa norteamericana Grupo RENCO / Doe Run Perú (DRP) contra el Estado peruano, por $ 800 millones por el caso del complejo metalúrgico de La Oroya al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, constituye la primera de lo que pueden ser muchas demandas contra el Estado peruano. Las demandas constituyen amenazas concretas que pueden limitar la aplicación de las reformas necesarias para atender la agenda nacional de gobernabilidad de los recursos naturales y las industrias extractivas.