2021

Hace más de dos décadas en el Perú, se viene promoviendo una política de apertura comercial que mira al comercio como la panacea y por lo tanto no se ha detenido a ver el impacto real de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión que ha firmado. Ha tenido oportunidades para revertir algunos temas sensibles, como cuando China aceptó algunas recomendaciones del Informe Final del Examen Periódico Universal (EPU) en 2019, como la Recomendación 28.130 que señala promover medidas para garantizar que el desarrollo y los proyectos sean consistentes con los derechos humanos, el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales y  la Recomendación 21.131 que señala que se debe considerar la creación de un marco legal que garantice que las actividades llevadas a cabo por las industrias no afecten de manera negativa a los derechos humanos fuera de sus fronteras.

Esto sucedió mientras Perú y China estaban en un proceso de negociación para optimizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países habían suscrito en 2009 y que entrara en vigencia el año siguiente. Con la aceptación de China a las recomendaciones del EPU, se abría una oportunidad para incluir un capítulo ambiental; de gran importancia para los peruanos y peruanas, sobre todo si consideramos que el grueso de la inversión China se concentra el sector extractivo minero y de hidrocarburos, lo que implica que se ven involucradas zonas de alta diversidad biológica y con presencia de comunidades indígenas; pero a pesar de las recomendaciones de la sociedad civil, no se implementó.

Cada que se negocia un acuerdo comercial en el Perú, saltan inmediatamente a la vista los esfuerzos por incluir medidas en beneficio de las grandes inversiones, como los mecanismos de protección para medicamentos, sobre la transmisión de información a través de internet o protecciones mayores en el mecanismo Inversionista-Estado y nuestro país, termina accediendo a las propuestas impuestas por los países con los que se negocia. Todo ello envuelto en un secretismo que ha venido agudizándose año tras año y sin tomar en cuenta a la sociedad civil. No es suficiente que Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) convoque a reuniones informativas para exponer el proceso de las negociaciones, eso de ninguna manera valida un ejercicio participación, de transparencia e información de calidad.

Hace unos días, el 14 de julio de 2021, el Congreso de la República saliente ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), también conocido como TPP-11, que involucra a 11 países (con la mayoría ya tenemos acuerdos comerciales firmados): Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perú. Y que hasta el momento había sido firmado por siete países. Este acuerdo, como otros ya firmados, va más allá de los asuntos meramente comerciales, y refuerza un ambiente comercial a favor de la gran inversión extranjera.

Esta ratificación express sin debate y análisis real, se ha llevado a cabo de espaldas a la sociedad civil. Este proceso debía ser acompañado de una evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país y de un diálogo con la sociedad civil que ha expresado, por años, su desacuerdo. El Congreso debió buscar la mejor y más amplia información, sin que el tiempo sea una prioridad, y en aras de salvaguardar los derechos de nuestras poblaciones, por encima de los intereses comerciales, se debió concertar un espacio amplio para la discusión.

Le corresponde al gobierno entrante hacer una evaluación de los impactos de la política de la apertura comercial que hasta el momento ha tenido implicancias en nuestra política interna y soberanía; asimismo, le corresponde establecer mecanismos que involucren la participación ciudadana, donde se pueda establecer que tipo de comercio queremos, las líneas rojas de las negociaciones y buscar un comercio que promueva una integración regional y no valide la agenda de los intereses de las trasnacionales afianzando un modelo de desarrollo extractivista que no coloca como prioridad en su agenda a los derechos humanos.

Foto / Publicado en: Para Amarilla

La Asociación Internacional para la Salud (AIS Perú) advirtió que no se cuenta con los datos finales de distribución de la vacuna contra la COVID-19, además de los que se puedan obtener del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES)¹.

Como resultado del cruce de datos en su “MAPA DE AVANCE DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 POR REGIONES”, AIS Perú evidenció que se desconocen datos de distribución de vacunas por parte de los ministerios de Defensa y del Interior, instituciones que también gestionan hospitales y centros de salud en el país, además del personal policial y de Fuerzas Armadas que también ha recibido dosis de vacunas. Ello evidencia una falta de rectoría nacional por parte del MINSA al que se le debería de reportar el destino de cada una de vacunas.

Otro dato desconocido es la “merma de vacunas”, es decir, aquellas dosis que se haya podido perder por no haber una cadena de frío adecuada o por accidentes como derrames o rompimiento de envases al momento de manipularlas. 

“Conocer este dato también nos ayudaría a saber si se cumplen con las condiciones de ‘ultracongelación’ en las regiones para tomar decisiones técnicas y más científicas para evitar pérdidas”, remarcó Javier LLamoza, representante de AIS Perú.

Llamoza Jacinto añadió que, en el caso de las vacunas de Pfizer, habría mayor posibilidad de pérdida, si se toma en cuenta que cada presentación contiene seis dosis. En el caso de Sinopharm, las vacunas se presentan en ‘monodosis’. 

Midiendo el stock de vacunas 

Esta última variable es resultado del cruce de los siguientes datos: número de vacunas distribuidas por el CENARES y la Data Completa de Vacunación COVID-19 del Ministerio de Salud.
De esta manera, el mapa determina que, hasta el 24 de mayo, los 25 departamentos del país cuentan con un stock de 727,989 que se encuentran en diferentes almacenes. Dicha cifra resulta de la diferencia entre los 4,006,060 millones de vacunas distribuidas y las 3,278,071 que ya fueron administradas.

El stock por departamento permite que la ciudadanía, las autoridades y los medios de comunicación puedan hacer vigilancia sobre el proceso y se puedan atender los problemas que retrasan la vacunación.

Uno de los casos a resaltar es el de Cusco, cuyo stock representa el 51,94% de las 157,620 vacunas que el CENARES ha distribuido para la región. Esta cifra nos lleva a cuestionar qué estaría sucediendo con la administración de vacunas.

Datos cruzados

El “MAPA DE AVANCE DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 POR REGIONES”, desarrollado por AIS Perú, toma como insumos la “Plataforma Nacional de datos abiertos” (al 02/05/2021), junto con los “Datos de la población por departamento extraída del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, año 2020)².

Esta herramienta digital muestra la población vacunada, de acuerdo con la administración de una o dos dosis, datos que también se detallan por departamento. Otras de las variables que ofrece son: número de vacunas distribuidas (total y por tipo de laboratorio), así como el stock disponible (en número y porcentaje) que iría quedando conforme se realizan las jornadas de vacunación programadas. 

Al 24 de mayo, se registra que el 10% de la población peruana (3,278,071) ya ha pasado por un centro de vacunación para recibir su primera o segunda dosis (según su cronograma de vacunación). Específicamente, 1,000,564 (3.07%) de peruanos ya recibieron las dos dosis que requieren para su inmunización, mientras que, 2,277,507 (6.98%) ya tiene una dosis administrada.

Comparando los datos, Cajamarca es el departamento que más está demorando en vacunar a su población. Los peruanos y peruanas que han completado sus dos dosis apenas representan el 1.49%, y quienes han recibido su primera dosis, el 4.02%.

DATOS

• “El mapa de calor sobre el avance de la vacunación en el Perú” se puede encontrar en el sitio www.aisperu.org.pe.
• La actualización de esta herramienta es semanal, en concordancia con las bases de datos del gobierno.
• La llegada de las vacunas es variable debido a que no existe un cronograma que el Estado haya informado de manera oficial. Esto se debe a los acuerdos de confidencialidad con los laboratorios internacionales.

1.    Organismo Desconcentrado del Ministerio de Salud encargado de gestionar el abastecimiento de los recursos estratégicos en salud, priorizados a través de los petitorios nacionales para la atención de las intervenciones sanitarias definidas por los programas y establecimientos del MINSA, ESSALUD, organismos dependientes de los Gobiernos Regionales y otras entidades de Salud, distintas del MINSA.

2.    El comparativo de población de este mapa no parte de indicadores intermedios como grupos de edades, debido a que el objetivo como sociedad es alcanzar la vacunación universal. Es decir, esta herramienta se proyecta a futuro, cuando las vacunas puedan ser aplicadas a adolescentes y niños menores 12 años, algo que ya viene siendo estudiado por los mismos laboratorios.

Al 2020, el Perú acumuló 25 demandas de inversionistas de capitales extranjeros que operan en el país ante tribunales internacionales, de las cuales 13 aún están pendientes de resolver, y cuyos montos conocidos de indemnizaciones suman US$ 4,250 millones, según un estudio del Transnational Institute (TNI) de Holanda.

Solo el último año se presentaron seis nuevos casos ante el Ciadi y ante la Corte de Arbitraje Permanente o CPA (por sus siglas en inglés), con lo cual el Perú en el 2020 fue el país más demandado de todo el mundo ante esos tribunales, y el cuarto a nivel de América Latina y el Caribe, advirtió Bettina Müller, representante de TNI.

Los casos pendientes incluyen a la estadounidense Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings, que hace un reclamo vinculado a bonos de la reforma agraria, por US$1,800 millones; así como a la canadiense Lupaka Gold Corp, afectada por un bloqueo a su proyecto minero, y que planteó demanda al Estado por US$100 millones; entre otros (ver tabla).

Denunciantes
En general las demandas relacionadas a minería, gas y petróleo suman el 36% del total de querellas, el 80% de las cuales fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos.

Todos ellos plantearon sus demandas al amparo del mecanismo de Solución de Disputas Inversor-Estado, el cual está incluido en muchos de sus tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados comerciales (TLC) vigentes, que se empezaron a firmar a partir del 2010.

Oportunidad
No obstante, Müller observó que, en vista de que, de los 27 TBI que suscribió el Perú 18 ya pasaron su fase inicial de vigencia (de 10 a 15 años) que estipulan esos tratados, el Perú tiene la oportunidad de denunciar unilateralmente dos tercios de esos acuerdos bilaterales. Recomendó además iniciar una revisión integral en forma de auditoría de los acuerdos de protección de inversiones existentes para determinar si los beneficios propuestos son mayores que los perjuicios al Estado.

EN CORTO
Fallos. Como resultado de las demandas contra el Perú que favorecieron a empresas ante tribunales internacionales, se dispuso que el país abone US$19 millones. A ello se añaden los gastos del Estado en el pago de su defensa legal, que en el caso de Renco, por ejemplo, le costó US$ 8 millones, según TNI.

Fuente: Gestión (23 de junio de 2021)

Un estudio del Transnational Institute (TNI) señala que en el 2020 el Perú fue el país más demandado de todo el mundo ante tribunales internacionales.

El Perú acumula 25 demandas de inversionistas extranjeros ante tribunales internacionales, de los cuales 13 aún están pendientes de resolución, según un estudio del Transnational Institute (TNI).

En total, hasta el 2020, las demandas pendientes en contra del Perú sumaron montos de indemnizaciones por US$ 4,250 millones.

Solo en el último año, el estudio indica que se presentaron seis nuevos casos contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y ante la Corte de Arbitraje Permanente, lo que convierte al país en el más demandado del mundo durante el 2020.

¿Cuáles fueron las empresas que presentaron las demandas?
El 80% de las demandas presentadas fueron realizadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos, y un 36% de las querellas están relacionadas a minería, gas y petróleo:

• Worth Capital Holding: Evoca el acuerdo de Promoción de Comercio Perú - Estados Unidos.
• Lupaka Gold Corp: Evoca el TLC Perú - Canadá y pide US$ 100 millones.
• Amorrortu: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos y pide un monto de US$ 90 millones.
• Freeport-MC Moran Inc.: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos
• Odebrecht Latinvest: Evoca el tratado Perú - Unión Económica Bélgica Luxemburgo. Pide US$ 1,200 millones.
• SMM Cerro Verde Netherlands: Evoca el TBI Perú - Países Bajos ante el Ciadi.
• Panaméricana Televisión y otros: Evoca el TBI Perú - Suiza y reclama un monto de US$ 460 millones.
• Latam Hydro LLC and CH Mamacocha: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos por un monto de US$ 47 millones.
• IC Power Ltd and Kenon Holdings: Evoca el TLC Perú - Singapur. Reclama un monto de US$ 150 millones.
• The Renco Group: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos en el sector de minería.
• Enagas S.A y Enagas Internacional: Evoca el TBI Perú - España. Pide un monto de US$ 408 millones.
• Kuntur Wasi: Evoca el TBI Perú - Argentina en el sector de Construcción.
• Gramercy Funds Management: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos. Reclama un monto de US$ 1,800 millones

Como se observa, estas demandas fueron planteadas en amparo del mecanismo de Solución de Disputas Inversor Estado, incluido en muchos de sus tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados comerciales (TLC) vigentes.

Según Bettina Muller, representante de TNI, esto representa una oportunidad para el Perú porque 18 de los 27 TBI que firmaron ya pasaron su fase inicial, por lo que el país podría denunciar unilateralmente dos tercios de esos acuerdos bilaterales.

Fuente: RPP (Economía. 24 de junio de 2021)

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Al término de 2020, el Perú alcanzó a ser el país más demandado de todo el mundo ante los tribunales internacionales, debido al uso del mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (conocido por sus siglas en inglés como ISDS), el cual está incluido en muchos de sus tratados bilaterales de inversión y acuerdos comerciales.

De acuerdo con los datos de la UNCTAD¹, entre los años 2019 y 2020, Perú recibió nueve demandas por parte de sus inversores. Solo en 2020, y en plena crisis sanitaria, el Estado peruano recibió seis demandas de arbitraje internacional, además de cinco amenazas de posibles querellas en estas mismas instancias.

Es así que, hasta finales de diciembre del año pasado, nuestro país ha acumulado un total de 25 demandas, de las cuales, un 88% fueron interpuestas entre el 2010 y 2020. En relación a América Latina y el Caribe, Perú es el cuarto país más demandado. Le siguen Colombia con 6 casos, al igual que México, Panamá y Venezuela, con 5 casos cada uno.

Desde la década del 90, los diferentes gobiernos peruanos firmaron numerosos tratados bilaterales de inversión (TBI) que dieron a las empresas extranjeras, el “derecho exclusivo” de demandar al Perú ante tribunales de arbitraje internacional. De 2010 en adelante, se ha registrado un boom de demandas, cuya tendencia por año ha venido en aumento.

Deudas millonarias que limitan al Estado peruano

De sus veinticinco demandas acumuladas, el Perú tiene trece que aún están pendientes de resolver. Dentro de estas, y hasta el momento, existen dos órdenes de pago a favor de las empresas Bear Creek Mining (US$ 18.2 Millones) y Tza Yap Shum² (US$ 780.000), que suman poco más de US$ 19 millones. Dicho monto serviría para adquirir más de un millón y medio de dosis de vacunas contra COVID-19 de la empresa Pfizer-Biontech.

Cabe resaltar que esta cifra millonaria no incluye los más de US$ 16.3 millones que el Perú debe asumir para pagar su propia defensa, los honorarios de los árbitros (se gane o se pierda el caso), e incluso el pago íntegro de los abogados que defienden a sus demandantes.

Los sectores más “demandantes”

Más de un tercio de todas las demandas contra Perú fueron registradas por inversores de Canadá y Estados Unidos, mientras que el 44% fue registrado por inversores europeos.

Si vemos las demandas por sectores, la industria extractiva en el Perú juega un rol económico importante y tiene amplia participación de empresas extranjeras. Ello explica que el 36% de todas las demandas contra Perú, han sido interpuestas desde el sector de minería e hidrocarburos. El sector Construcción es el que sigue con el mayor número de demandas: más del 25%.

Conclusiones sobre ISDS en Perú

Entre las recomendaciones del presente informe ISDS en números. El régimen de protección de inversiones y sus impactos en Perú, está el considerar la renegociación de los TLC para excluir el capítulo de protección de inversiones. Así como iniciar una revisión integral -a manera de auditoría, por ejemplo- de los acuerdos de protección de inversiones existentes, para ver si los beneficios planteados son realmente mayores que los perjuicios (análisis de costo/beneficio).

DATOS CLAVE:

• Además de los 27 TBI, Perú tiene 13 Tratados de Libre Comercio (TLC) en vigencia que cuentan con un capítulo de protección de inversiones y habilitan el mecanismo ISDS (por sus siglas en inglés).
• La cláusula de solución de disputas inversor-Estado o ISDS habilita a los inversores extranjeros a demandar al gobierno ante tribunales de arbitraje internacional cuando sienten que las medidas tomadas por el poder ejecutivo, legislativo o judicial, así como por gobiernos locales, afectaron negativamente sus ganancias. 
• En todo el mundo, los tribunales que se basan en el mecanismo inversor-Estado han garantizado ganancias multimillonarias a las empresas transnacionales a costa del interés público.
• Para descargar el informe, puede ingresar a: http://redge.org.pe/ISDS_en_numeros_el_regimen_de_proteccion_de_inversiones_y_sus_impactos_en_el_Peru

1.        Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

2.        Tza Yap Shum v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/07/6), CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES. https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/07/6

EE. UU., Francia y España ya se unieron a iniciativa que buscar abrir producción masiva de este medicamento 

Pese a ser miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Perú aún no muestra ninguna posición sobre la propuesta que busca suspender temporalmente las patentes de todas las tecnologías útiles para responder a la COVID-19.

Desde octubre de 2020, hasta la fecha, más de 120 países vienen apoyando esta propuesta que India y Sudáfrica presentaron ante la OMC. El 5 de mayo último, Estados Unidos se sumó a esta iniciativa y luego le siguieron países como Francia y España.

Pese a que nuestro país viene registrando altas cifras de mortalidad por COVID-19, el gobierno se ha mantenido al margen de esta propuesta global que, bajo el enfoque de derechos, pone la salud de las personas por encima de los intereses económicos.

“Es un momento clave en el escenario internacional al que no debemos ser ajenos. No podemos darle la espalda una propuesta que contribuye a resolver el problema mundial de la pandemia. Por el bien de la humanidad, no solo deben liberarse las patentes de las vacunas, sino también de todas las tecnologías sanitarias”, expresó Javier Llamoza de Acción Internacional para la Salud.

La repuesta de las grandes farmacéuticas representadas por la Federación Internacional de fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA por sus siglas en inglés), califican esta iniciativa como “peligrosa” y “sin sentido”, pues pondría en peligro sus ganancias multimillonarias.

Las vacunas contra la COVID-19 son herramientas que, siendo suministradas adecuada y oportunamente, pueden controlar la pandemia. La producción concentrada en grandes compañías farmacéuticas nos da como resultado un stock limitado de vacunas que, además, ha sido acaparado por los países ricos en un 81%, según la misma Organización de la Salud (OMS).  Mientras tanto, a los países “en desarrollo” les queda lidiar con pocas dosis para avanzar hacia una vacunación efectiva.   

Tenemos hasta junio
Cabe resaltar que la viabilidad de esta iniciativa, aún debe ser discutida entre los miembros de la OMC. En ese sentido, los más de 120 países que la apoyan se comprometieron a modificar parte de la propuesta original con el objetivo de lograr un consenso en una votación prevista para principios de junio.

Las patentes fueron establecidas como un instrumento para incentivar la investigación y la creatividad. Sin embargo, la experiencia muestra que se han se han convertido en un obstáculo para que nuevas tecnologías lleguen a todos y todas, tal como es el caso de los medicamentos, vacunas y otras tecnologías de salud.  

Foto: GettyImages

Impulso. Expertos proponen recuperar las exportaciones con valor agregado en el menor tiempo posible, pero sin dejar de lado las demandas de la sociedad.
Perú participa dentro del comercio internacional desde la década de 1990. Para lograr su consolidación se decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más vendía. Fue así que, en 2003, Perú y EEUU firmaron el primer Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual recién se implementó durante el segundo alanismo, en 2009.

Nuestro país cuenta en la actualidad con 21 contratos mercantiles vigentes, tras sumarse Australia en febrero del 2020. Nuestros principales socios comerciales son China y EEUU.

En el último lustro, de acuerdo con información de ADEX Data Trade, China lideró el cuadro de exportaciones, con una suma superior a los US$ 58.000 millones y se consolidó como nuestro primer socio mercantil. En el segundo lugar, encontramos a los EEUU, cuya suma de transacciones ascendieron a más de US$ 33.000 millones en el mismo periodo.

Por otro lado, aún hay pactos que no entran en vigencia, pero ya recibieron el visto bueno del Parlamento; tal es el caso del Reino Unido. Y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) inició en marzo los trámites para su ratificación legislativa.

Asimismo, las negociaciones de un convenio con la India continúan. No obstante, aun sin ninguna alianza de por medio, los términos de intercambio a dicha nación empujan más de US$ 8.000 millones.

Hablan los candidatos
En cuanto al comercio exterior, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo muestran ciertas discrepancias.

Fujimori Higuchi consideró las propuestas de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las cuales priorizan la promoción de productos e industrias mediante el apoyo a empresas competitivas bajo la supervisión de Promperú. Para ello, se evalúa integrar las actividades de promoción en el extranjero.

La iniciativa más ambiciosa se encuentra en la logística que, de acuerdo al texto, “busca corregir la distorsión originada ante la falta de planeación de un desarrollo del sector a través de un Plan Nacional de Desarrollo Logístico”.

Su contrincante, Pedro Castillo, plantea una revisión y publicación de los acuerdos internacionales como los TLC, Alianza del Pacífico (AP), Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), entre otros, “por haber convertido al Perú en una colonia comercial para ser elementos intermediarios de sabotaje al desarrollo comercial de otras potencias económicas contraria a los intereses de EEUU”.

Garantizar la estabilidad
De acuerdo con el extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Edgar Vásquez, el contexto de la pandemia favorecerá a las transacciones globales en los próximos años, sobre todo, a partir del 2022.

“Esto permitirá que el próximo Gobierno tenga la oportunidad de implementar políticas que promocionen las exportaciones con valor agregado y de atracción de inversión. El Perú tiene que salir con agresividad a captar esas oportunidades”, sostuvo Vásquez a La República.

Por ello, el especialista plantea, como primer punto, medidas a corto plazo en aras de recuperar las exportaciones con valor agregado. “No hay que distraernos con el oasis de las cifras de enero y febrero, ya que estas se deben al rebote estadístico muy fuerte”, acotó.

En segundo lugar, Vásquez Vela consideró que el próximo régimen deberá garantizar estabilidad donde se respeten las reglas del juego en referencia a los tratados de libre comercio. “Los TLC han sido sumamente importantes para que la oferta exportable peruana ingrese a los mercados y, más bien, tenemos que introducir más medidas que nos permitan aprovechar más esas oportunidades”.

Vásquez agregó que se debe fortalecer el Mincetur y de Promperú sobre todo a sus oficinas con las sedes en el exterior. “Ese es un momento en que el presupuesto de promoción no tiene que recortarse, en las crisis es que la promoción internacional tiene que incrementarse; y así promover al máximo los productos y servicios de alto valor del Perú”.

Evaluar para continuar
Ana Romero Cano, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), resaltó que antes de la firma de un próximo TLC se debe tener una evaluación que incluya las preocupaciones de la sociedad civil como la revisión en temas de propiedad intelectual relacionados al acceso a medicamentos.

La especialista sostuvo que, pese a que los TLC han sido promovidos como una panacea a la economía, los resultados de estos no se reflejan en la realidad. “Esta insistencia de continuar firmando acuerdos comerciales que van más allá de ello sin revisarlos, sin evaluarlos, no contribuye realmente a nuestro país”.

La experta enfatizó que las consecuencias negativas de estos pactos se han concretado en las relaciones de trabajo y en el desdén por el medio ambiente.

“No se ha evidenciado en una mejora real en las condiciones laborales, ya hemos visto lo que sucede con la contratación temporal, la libertad sindical, negociación colectiva, entre otros. Y en el plano ambiental, en aras de la promoción de las inversiones, se ha debilitado la institucionalidad ambiental enormemente. Se exportan los mismos bienes con muy poco procesamiento y contenido tecnológico”, sentenció.

La importancia de las ferias internacionales
Para el extitular del Mincetur Edgar Vásquez, se debe seguir impulsando la participación de Perú en grandes eventos internacionales virtuales o presenciales en los próximos años, así como el impulsar grandes eventos como la Expoalimentaria.

“Este se tiene que desarrollar en el segundo semestre, al cual las instituciones peruanas deben apuntalar a desarrollar un evento de gran magnitud y que permita una recuperación más amplia de las exportaciones y por ende generar optimismo en el sector exportador”.

Esta feria se desarrolla hace 12 años con el fin de que la oferta exportadora alimentaria del país sea conocida por un mayor número de asistentes alrededor del mundo.

El dato
Exportación. Perú exporta productos tradicionales como el cobre, oro, zinc, harina de pescado. Y de los no tradicionales destacan las frutas como uvas, mangos, arándanos, además de productos textiles y pesqueros.

Fuente: La República (Economía. 26 de abril de 2021)