Hace más de dos décadas en el Perú, se viene promoviendo una política de apertura comercial que mira al comercio como la panacea y por lo tanto no se ha detenido a ver el impacto real de los tratados de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversión que ha firmado. Ha tenido oportunidades para revertir algunos temas sensibles, como cuando China aceptó algunas recomendaciones del Informe Final del Examen Periódico Universal (EPU) en 2019, como la Recomendación 28.130 que señala promover medidas para garantizar que el desarrollo y los proyectos sean consistentes con los derechos humanos, el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales y  la Recomendación 21.131 que señala que se debe considerar la creación de un marco legal que garantice que las actividades llevadas a cabo por las industrias no afecten de manera negativa a los derechos humanos fuera de sus fronteras.

Esto sucedió mientras Perú y China estaban en un proceso de negociación para optimizar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países habían suscrito en 2009 y que entrara en vigencia el año siguiente. Con la aceptación de China a las recomendaciones del EPU, se abría una oportunidad para incluir un capítulo ambiental; de gran importancia para los peruanos y peruanas, sobre todo si consideramos que el grueso de la inversión China se concentra el sector extractivo minero y de hidrocarburos, lo que implica que se ven involucradas zonas de alta diversidad biológica y con presencia de comunidades indígenas; pero a pesar de las recomendaciones de la sociedad civil, no se implementó.

Cada que se negocia un acuerdo comercial en el Perú, saltan inmediatamente a la vista los esfuerzos por incluir medidas en beneficio de las grandes inversiones, como los mecanismos de protección para medicamentos, sobre la transmisión de información a través de internet o protecciones mayores en el mecanismo Inversionista-Estado y nuestro país, termina accediendo a las propuestas impuestas por los países con los que se negocia. Todo ello envuelto en un secretismo que ha venido agudizándose año tras año y sin tomar en cuenta a la sociedad civil. No es suficiente que Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) convoque a reuniones informativas para exponer el proceso de las negociaciones, eso de ninguna manera valida un ejercicio participación, de transparencia e información de calidad.

Hace unos días, el 14 de julio de 2021, el Congreso de la República saliente ratificó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), también conocido como TPP-11, que involucra a 11 países (con la mayoría ya tenemos acuerdos comerciales firmados): Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el Perú. Y que hasta el momento había sido firmado por siete países. Este acuerdo, como otros ya firmados, va más allá de los asuntos meramente comerciales, y refuerza un ambiente comercial a favor de la gran inversión extranjera.

Esta ratificación express sin debate y análisis real, se ha llevado a cabo de espaldas a la sociedad civil. Este proceso debía ser acompañado de una evaluación de los impactos que ha traído la apertura de la política comercial a nuestro país y de un diálogo con la sociedad civil que ha expresado, por años, su desacuerdo. El Congreso debió buscar la mejor y más amplia información, sin que el tiempo sea una prioridad, y en aras de salvaguardar los derechos de nuestras poblaciones, por encima de los intereses comerciales, se debió concertar un espacio amplio para la discusión.

Le corresponde al gobierno entrante hacer una evaluación de los impactos de la política de la apertura comercial que hasta el momento ha tenido implicancias en nuestra política interna y soberanía; asimismo, le corresponde establecer mecanismos que involucren la participación ciudadana, donde se pueda establecer que tipo de comercio queremos, las líneas rojas de las negociaciones y buscar un comercio que promueva una integración regional y no valide la agenda de los intereses de las trasnacionales afianzando un modelo de desarrollo extractivista que no coloca como prioridad en su agenda a los derechos humanos.

Foto / Publicado en: Para Amarilla

Al 2020, el Perú acumuló 25 demandas de inversionistas de capitales extranjeros que operan en el país ante tribunales internacionales, de las cuales 13 aún están pendientes de resolver, y cuyos montos conocidos de indemnizaciones suman US$ 4,250 millones, según un estudio del Transnational Institute (TNI) de Holanda.

Solo el último año se presentaron seis nuevos casos ante el Ciadi y ante la Corte de Arbitraje Permanente o CPA (por sus siglas en inglés), con lo cual el Perú en el 2020 fue el país más demandado de todo el mundo ante esos tribunales, y el cuarto a nivel de América Latina y el Caribe, advirtió Bettina Müller, representante de TNI.

Los casos pendientes incluyen a la estadounidense Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings, que hace un reclamo vinculado a bonos de la reforma agraria, por US$1,800 millones; así como a la canadiense Lupaka Gold Corp, afectada por un bloqueo a su proyecto minero, y que planteó demanda al Estado por US$100 millones; entre otros (ver tabla).

Denunciantes
En general las demandas relacionadas a minería, gas y petróleo suman el 36% del total de querellas, el 80% de las cuales fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos.

Todos ellos plantearon sus demandas al amparo del mecanismo de Solución de Disputas Inversor-Estado, el cual está incluido en muchos de sus tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados comerciales (TLC) vigentes, que se empezaron a firmar a partir del 2010.

Oportunidad
No obstante, Müller observó que, en vista de que, de los 27 TBI que suscribió el Perú 18 ya pasaron su fase inicial de vigencia (de 10 a 15 años) que estipulan esos tratados, el Perú tiene la oportunidad de denunciar unilateralmente dos tercios de esos acuerdos bilaterales. Recomendó además iniciar una revisión integral en forma de auditoría de los acuerdos de protección de inversiones existentes para determinar si los beneficios propuestos son mayores que los perjuicios al Estado.

EN CORTO
Fallos. Como resultado de las demandas contra el Perú que favorecieron a empresas ante tribunales internacionales, se dispuso que el país abone US$19 millones. A ello se añaden los gastos del Estado en el pago de su defensa legal, que en el caso de Renco, por ejemplo, le costó US$ 8 millones, según TNI.

Fuente: Gestión (23 de junio de 2021)

Un estudio del Transnational Institute (TNI) señala que en el 2020 el Perú fue el país más demandado de todo el mundo ante tribunales internacionales.

El Perú acumula 25 demandas de inversionistas extranjeros ante tribunales internacionales, de los cuales 13 aún están pendientes de resolución, según un estudio del Transnational Institute (TNI).

En total, hasta el 2020, las demandas pendientes en contra del Perú sumaron montos de indemnizaciones por US$ 4,250 millones.

Solo en el último año, el estudio indica que se presentaron seis nuevos casos contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y ante la Corte de Arbitraje Permanente, lo que convierte al país en el más demandado del mundo durante el 2020.

¿Cuáles fueron las empresas que presentaron las demandas?
El 80% de las demandas presentadas fueron realizadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos, y un 36% de las querellas están relacionadas a minería, gas y petróleo:

• Worth Capital Holding: Evoca el acuerdo de Promoción de Comercio Perú - Estados Unidos.
• Lupaka Gold Corp: Evoca el TLC Perú - Canadá y pide US$ 100 millones.
• Amorrortu: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos y pide un monto de US$ 90 millones.
• Freeport-MC Moran Inc.: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos
• Odebrecht Latinvest: Evoca el tratado Perú - Unión Económica Bélgica Luxemburgo. Pide US$ 1,200 millones.
• SMM Cerro Verde Netherlands: Evoca el TBI Perú - Países Bajos ante el Ciadi.
• Panaméricana Televisión y otros: Evoca el TBI Perú - Suiza y reclama un monto de US$ 460 millones.
• Latam Hydro LLC and CH Mamacocha: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos por un monto de US$ 47 millones.
• IC Power Ltd and Kenon Holdings: Evoca el TLC Perú - Singapur. Reclama un monto de US$ 150 millones.
• The Renco Group: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos en el sector de minería.
• Enagas S.A y Enagas Internacional: Evoca el TBI Perú - España. Pide un monto de US$ 408 millones.
• Kuntur Wasi: Evoca el TBI Perú - Argentina en el sector de Construcción.
• Gramercy Funds Management: Evoca el TLC Perú - Estados Unidos. Reclama un monto de US$ 1,800 millones

Como se observa, estas demandas fueron planteadas en amparo del mecanismo de Solución de Disputas Inversor Estado, incluido en muchos de sus tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados comerciales (TLC) vigentes.

Según Bettina Muller, representante de TNI, esto representa una oportunidad para el Perú porque 18 de los 27 TBI que firmaron ya pasaron su fase inicial, por lo que el país podría denunciar unilateralmente dos tercios de esos acuerdos bilaterales.

Fuente: RPP (Economía. 24 de junio de 2021)

DESCARGAR NOTICIA