RedGE

Presentación

Observatorio de Derechos de la Naturaleza

Lima, 18 de julio de 2018

IMG_1947.JPGEste observatorio se presentó en Lima, en una mesa redonda convocada por RedGE y CooperAcción, compartieron la mesa Eduardo Gudynas de CLAES, Rocío Silva Santisteban, militante en temas de ambiente, derechos y feminismo, Ana Leiva, Directora de CooperAcción, Luis Hallazi, un activo abogado que trabaja sobre derechos de pueblos indígenas y miembro del IBC y Ana Romero, Coordinadora Ejecutiva de la RedGE.

Rocío Silva además integra el comité asesor del observatorio, junto a Amparo Carvajal (presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia) y Gustavo Castro (mexicano que lidera la organización Otros Mundos muy activa en México y Centro América). El observatorio se apoya además en un conjunto de instituciones co-participantes que cubren un amplio espectro, incluyendo a CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia), OFIS (Fundación Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo) que promueve el dialogo intercultural y la sustentabilidad en Ecuador, y el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia), con la coordinación de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), de Uruguay.

IMG_4957.JPGTodos en la mesa coincidieron en la necesidad de promover ese enfoque, en entender la necesaria pluralidad de ideas que conlleva, y en la importancia de explorar otras vinculaciones con la Naturaleza. La necesidad y urgencia de ese esfuerzo no está en duda, y lo que está en marcha es una reflexión y ponderación de los distintos modos de lograrlo. Es un momento de exploración pero a la vez de urgencia ante la grave situación ambiental y social en toda América Latina.

En estos últimos años, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza se está desarrollando bajo dos perspectivas. Una de ellas se basa en extender la cobertura de los derechos jurídicos, y así como son concedidos, por ejemplo, a una empresa, dar unos pasos más otorgándolos a la Naturaleza. Ese es el camino tomado por la Corte Constitucional de Colombia, la que concedió esos derechos al río Atrato en 2016, y a toda la ecoregión amazónica en 2018. 

 

 

 

IMG_4959.JPGAsí lo aseguró Eduardo Gudynas de CLAES, durante la presentación oficial en Lima del Observatorio de Derechos de la Naturaleza, en un evento que se realizó el 18 de julio de 2018. Según Gudynas, los dos casos, mencionados en Colombia, deben ser observados con atención desde Perú, ya que la resolución de la corte colombiana responde a problemas ambientales que también están presentes en nuestro país.

En efecto, los derechos del río Atrato fueron una respuesta a su severo deterioro, esencialmente por contaminación derivada de la minería. Los derechos para la ecoregión amazónica son la reacción a la deforestación, que ocasiona tanto una pérdida de biodiversidad como una contribución de gases invernadero al cambio climático global, y que afectarían el futuro de los colombianos. 

 

 

Áñadió que la contaminación por los extractivismos y la deforestación amazónica también son graves en Perú, y por ello es necesario reflexionar si no es necesario comenzar a explorar un camino similar. Es cierto que se puede argumentar que la crisis política y judicial del país hace que se defiendan otras prioridades, pero también es importante adelantar que cualquier reforma en esos ámbitos debe incluir la dimensión ambiental. La reconstrucción de la política y la justicia necesita incluir nuevas políticas ambientales y fortalecer una justicia ecológica.

IMG_4969.JPGComo una contribución a ese cambio en los saberes y sentires sobre el ambiente, se está lanzando a lo largo de 2018 el “Observatorio de los Derechos de la Naturaleza”, una iniciativa que parte de la sociedad civil, y desde América Latina, con el objetivo de promover e investigar en el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, y a la vez, monitorear su situación en el continente, para alertar allí donde sean violados. 

El observatorio parte de asumir un marco básico de los derechos de la Naturaleza, y en esta primera etapa enfocado en América Latina, y desde allí identificar las principales violaciones, especialmente aquellas vinculadas con quiebres en los derechos de las personas. No olvidemos que, por ejemplo, la destrucción de la Naturaleza está acompañada de violencia con las comunidades locales. En un futuro cercano, la iniciativa se extenderá a otros continentes y su cobertura será global.

La información sobre la iniciativa y una biblioteca con documentos y textos ya está disponible en www.naturerightswatch.com   

Bélgica NO debe RATIFICAR el Acuerdo con la UE mientras no se garantice atención a denuncias contra leyes laborales y ambientales

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Artículo escrito por Vanessa Ramos de RedGE, publicado en el blog La MulaEl Presidente del Parlamento de Valonia (Béligica), André Antoine, reconoció que existen elementos que deben discutirse entre los socios comerciales del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Perú y Ecuador

Tras resaltar la participación de la sociedad civil en el Título IX sobre Desarrollo Sostenible, el Presidente del Parlamento de Valonia, André Antoine dijo que es importante investigar las denuncias de violación a las obligaciones establecidas en el acuerdo, las mismas que fueron presentadas a través de una queja, por parte de la Sociedad Civil europea que conforman la Plataforma Europa Perú (a su vez, miembros del Grupo Consultivo Interno Europeo - DAG), en octubre del 2017. 

Dicha queja presentada contra Perú, fue elaborada por 14 organizaciones europeas, y respaldadas por 27 organizaciones peruanas. En ella se demanda considerar un enfoque de promoción comercial que respete los fundamentos del desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Desde la Sociedad Civil, se le solicitó a Antoine, esperar a ver el resultado de la queja, antes de discutir la ratificación del acuerdo. En respuesta inmediata, Antoine no descartó el resultado de la queja, la cual está siendo procesada por la violación de estas normas (en el caso de Perú).

En respuesta a la carta enviada desde el GCI Perú el 5 de junio de 2018, André Antoine, señaló que para los parlamentarios del CDH, es importante que esta queja sea debidamente investigada y que a toda la luz sea difunda, de ser necesario mediante el nombramiento por las partes de un "grupo de expertos", como está estipulado en el Título IX del Acuerdo. Asimismo, el Presidente del Parlamento de Valonia, informó que su colega parlamentario, Maxime Prévot, del Comité de Relaciones Internacionales, ha pedido que la Comisión Europea garantice que, una eventual ratificación del tratado -por parte de Bélgica- no irrumpa con procedimiento actual, de revisión de la queja presentada. En ese sentido, remarcó que la votación sobre el decreto de aprobación del tratado, tendrá lugar, una vez obtenida esta garantía esencial.

Sin embargo las organizaciones de sociedad civil peruanas y europeas que formamos parte de los grupos consultivos internos consideramos que ratificar este acuerdo en este momento sería afirmar la primacía de las disposiciones económicas sobre el respeto de los derechos laborales y el medio ambiente.

Ver en: https://redgeperu.lamula.pe/2018/06/11/belgica-no-debe-ratificar-el-acuerdo-con-la-ue-mientras-no-se-garantice-atencion-a-denuncias-contra-leyes-laborales-y-ambientales/redgeperu/

Fecha

Sociedad Civil expresa preocupación frente al incumplimiento de los compromisos en materia laboral y ambiental incluidos en el Capítulo sobre Desarrollo Sostenible del Acuerdo TLC UE, Perú y Colombia

Autor(es):
RedGE y diversas organizaciones de la sociedad civil nacional
Documento(s)
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Lima

A propósito de la reunión que se realizaron los días 7 y 8 de diciembre en Bruselas, convocada por funcionarios de la Unión Europea, Colombia y Perú del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible bajo el acuerdo comercial UE-Colombia-Perú, donde se informó a los y las representantes de la sociedad civil sobre los resultados de su reunión y sobre temas relacionados con la implementación del Título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del acuerdo, abarcando en particular cuestiones laborales y ambientales relacionadas con el comercio; diversos movimientos soc

Pacientes de diversas enfermedades y usuarios hacen plantón frente al Ministerio de Salud

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Tras el destape de los actos de corrupción, los “negociazos” en el  Sistema Integral de Salud (SIS), la concertación de precios de medicamentos por parte de diversas cadenas de farmacia y un sector que se cae a pedazos,  los pacientes de diversas enfermedades como VIH, cáncer, TBC, diabetes y usuarios protestaron en el frontis del Ministerio de Salud para exigirle al Gobierno una reforma integral del sistema de salud, que acabe con los desabastecimientos de medicamentos, las largas colas, la falta de médicos, los equipos malogrados y castigue a los malos funcionarios que se enriquecen a costa de los enfermos.
 
 
Archivo
Fecha

Carta al Congreso de la República por el sobre gasto en la compra del antirretroviral Atazanavir y la falta de voluntad política para otorgar la Licencia Obligatoria

Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
Autor(es)
RedGE, AIS, RPPU, GIVAR, PROSA, Justicia en Salud y ForoSalud

Carta enviada al Congreso de la República el 16 de setiembre de 2015 en la que Colegios profesionales, organizaciones de pacientes y de la sociedad civil denuncian la compra del antirretroviral Atazanavir a un sobre precio, por parte de la farmacéutica Bristol, así como la falta de voluntad política por parte del Gobierno de Ollanta Humala, para otorgar la Licencia Obligatoria de este medicamento.

Alerta Urgente N° 22. Atazanavir: Claro abuso de posición de dominio

Serie
Alertas Urgentes
Ubicación
Publicaciones y Biblioteca Virtual
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Autor(es)
Redge, AIS

Documento elaborado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE y Acción Internacional para la Salud - AIS, en el que se explica el claro abuso que comete la empresa farmacéutica Bristol-Myers Squibb (BMS), la misma que es titular de la patente hasta enero del  2019 del medicamento Atazanavir, utilizado para el tratamiento del VIH, y el sobregasto por 26 millones de soles que realiza el Estado peruano por su compra.